La alcaldesa de Cangas, del BNG nuevamente en el punto de mira judicial por desobedecer la ley.
Sus actitudes, que la oposición califica de endémicas y graves, podrían derivar en otro proceso ante los juzgados.
Posible prevaricación del Concello por ocultar los informes técnicos de la obra en la calle Longán
La polémica por las obras en la calle Longán, en Cangas, se recrudece tras las acusaciones del Partido Popular al gobierno local, al que señala por ejecutar y permitir trabajos urbanísticos presuntamente fuera de la legalidad y sin respaldo documental conocido.
La oposición denuncia que, pese a las reiteradas solicitudes, el Concello sigue sin entregar los informes técnicos que justificarían la actuación, lo que podría constituir un supuesto de prevaricación administrativa por omisión y ocultación de información pública.
El PP asegura que la intervención —consistente en la modificación de una finca y la construcción de un muro— se habría llevado a cabo al margen de la normativa urbanística y de las normas subsidiarias, generando perjuicios a vecinos y afectando a la planificación del tráfico en la zona. El grupo municipal sostiene que, de no presentarse de inmediato el informe técnico que avale la legalidad de la obra, promoverá una moción en pleno y acudirá al Valedor do Pobo para exigir la reposición de la legalidad urbanística.
El núcleo de la denuncia radica en que el Concello, pese a que la alcaldesa Araceli Gestido insiste en que el arquitecto municipal ha validado la obra, no ha aportado copia alguna del dictamen técnico. Según la oposición, esta falta de transparencia y de respuesta oficial vulnera el derecho de los concejales a fiscalizar la gestión municipal y podría enmarcarse en el tipo penal de prevaricación, al impedir de forma deliberada el control democrático y la defensa del interés general.
Desde el gobierno local se insiste en que el arquitecto municipal emitió un informe positivo basado en el artículo 89 de la Ley del Suelo, relativo a usos y obras provisionales. No obstante, y pese a esta afirmación, no se ha facilitado el documento a la oposición ni a los vecinos interesados, lo que alimenta las sospechas sobre su existencia o sobre la solidez de su contenido.
Mientras tanto, el enfrentamiento político se intensifica. El PP acusa al gobierno de actuar “a golpe de improvisación” y de “anteponer intereses partidistas a las necesidades de los ciudadanos”. La negativa a aportar los informes técnicos, lejos de zanjar la controversia, abre la puerta a posibles actuaciones judiciales y a una investigación sobre la legalidad y transparencia de la gestión urbanística del Concello.