Gobernar debería ser un acto de servicio, no una carrera de enriquecimiento personal ni una trinchera ideológica.
Es hora de dejar de poner a los peores por fidelidad partidista y empezar a distinguir entre personas buenas y malas para el bien común. Menos ideología vacía y más responsabilidad real.
La clase política española vive instalada en un sistema de privilegios que se ha ido alejando, paso a paso, de la realidad cotidiana de la ciudadanía. Un sistema que se autoprotege, que se reproduce a sí mismo y que, lo más grave, ha dejado de rendir cuentas de forma efectiva a quienes le otorgan el poder: los ciudadanos.
España sigue careciendo de una legislación electoral que contemple mecanismos reales de revocación de cargos públicos cuando incumplen de manera flagrante sus promesas electorales. Hoy, un representante puede prometer, mentir, incumplir y desaparecer durante cuatro años sin asumir responsabilidad política, ética ni penal. Esa impunidad estructural es una de las principales causas del descrédito absoluto de la política institucional.
Resulta incomprensible que en pleno siglo XXI no exista la posibilidad de revocar el mandato a quienes traicionan el interés general. Más aún, que no se contemple responsabilidad penal cuando el incumplimiento deliberado de compromisos públicos deriva en daños sociales, económicos o incluso en pérdidas de vidas humanas. Porque gobernar mal no siempre es un error: muchas veces es negligencia, desidia o corrupción.
El sistema de listas cerradas y bloqueadas es otro de los pilares del problema. El ciudadano no elige a sus representantes; elige siglas, mientras los partidos colocan a los obedientes, a los mediocres y, en demasiadas ocasiones, a los peores. Las listas abiertas permitirían algo tan democrático como premiar a quienes trabajan y apartar a quienes viven de la política sin servir a nadie más que a su partido o a sí mismos.
A ello se suma un modelo territorial y electoral fragmentado que favorece el clientelismo y la desigualdad del voto. Una circunscripción única o un colegio electoral único a nivel nacional devolvería valor real a cada voto y pondría fin a la sobrerrepresentación interesada que hoy sostiene gobiernos débiles y rehénes de minorías. Menos cargos electos, menos estructuras duplicadas y una administración más austera no debilitarían la democracia: la fortalecerían.
El Senado, tal y como está concebido, es el ejemplo más claro de una institución costosa, ineficaz y desconectada de la ciudadanía. O se reduce a la mínima expresión o se elimina. Mantenerlo por inercia solo alimenta la percepción de que la política sirve para colocar cargos y repartir sueldos, no para resolver problemas.
Mientras tanto, los españoles siguen enterrando a sus muertos. Accidentes ferroviarios que se repiten, carreteras mal mantenidas, infraestructuras anunciadas y nunca ejecutadas, advertencias técnicas ignoradas. El último accidente de tren no es un hecho aislado: es la consecuencia de decisiones políticas tomadas desde despachos alejados de la realidad, donde el cálculo electoral pesa más que la seguridad de las personas.
Las muertes en carretera tampoco son estadísticas inevitables. Son, en muchos casos, el resultado de la dejación de funciones, de presupuestos mal ejecutados y de prioridades equivocadas. Cuando la política falla, no falla en abstracto: falla sobre cuerpos concretos.
Hoy la confianza de los españoles en sus dirigentes es prácticamente nula. La percepción social es clara y transversal: la clase política forma parte del problema, no de la solución. Se la percibe como un engranaje más de la corrupción generalizada que recorre España y buena parte de Europa, una corrupción que no siempre es penal, pero sí moral, estructural y sistémica.
Gobernar debería ser un acto de servicio, no una carrera de enriquecimiento personal ni una trinchera ideológica. Es hora de dejar de poner a los peores por fidelidad partidista y empezar a distinguir entre personas buenas y malas para el bien común. Menos ideología vacía y más responsabilidad real.
La democracia no está en peligro por exigir más controles, más revocaciones y menos privilegios. Está en peligro precisamente por no hacerlo.
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