PENAS PARA LOS AUTORES IMPLICADOS EN LA OPERACION COMETA

El fiscal pide 60 años para una red acusada de introducir droga por el Puerto de Vigo. Dos guardias civiles se enfrentan, además, a otros dos años más de cárcel por las armas ilegales que fueron intervenidas en sus domicilios

U. F. - VIGO Penas que suman 60 años de cárcel y multas por un importe total de 210 millones de euros. Esta es la petición inicial de la Fiscalía Antidroga para los cinco presuntos integrantes de una red de narcotráfico acusada de introducir cocaína en contenedores por el Puerto de Vigo y que fue desarticulada por el Greco Galicia y la Guardia Civil en junio de 2007.
La Sección Primera de la Audiencia Nacional juzga a cinco de los detenidos en la denominada Operación Cometa, que se saldó con el decomiso de 300 kilos de cocaína ocultos en pescado congelado procedente de Panamá y numerosas armas de fuego.
Las penas más altas, 13 años y medio de prisión, se piden para el presunto jefe de la organización y contacto con los sudamericanos dueños de la droga, el vigués Santiago Martínez Lago, y el ex guardia civil José Manuel Quiroga Pérez, ya que se les aplica la agravante de reincidencia.
Para el resto de los procesados: el arousano Benito Rial Chaves, el guardia civil destinado entonces en el Puerto de Vigo Francisco Pampín Medela, y el vigués Fernando Díez Castro, presunto lugarteniente de Martínez Lago y socio de la firma utilizada para la importación, la Fiscalía Antidroga pide 11 años de prisión. Además, la multa individual solicitada asciende a 42 millones de euros, aunque ninguno de ellos la pagará.
A todos ellos se les imputa un delito contra la salud pública de tráfico de drogas gravemente perjudicial par ala salud, en cantidad de notoria importancia. A mayores, el fiscal solicita otros dos años de prisión para cada uno de los dos guardias civiles procesados por un delito de tenencia ilícita de armas.
En el registro de la vivienda de Quiroga Pérez se intervinieron dos revólveres y abundante munición, un visor nocturno, una máscara antigás y prismáticos, que según el Ministerio Público "estaban dirigidos a detectar vigilancias policiales o de otros grupos de delincuentes". En el domicilio de Pampín se ocuparon tres pistolas con munición "para las que tenía los permisos necesarios". También se intervinieron en su casa precintos sin utilizar a la empresa Maerks para garantizar el sellado de los contenedores. Todos estos extremos fueron ratificados ayer en el juicio por los agentes que desarrollaron la operación policial.
La Fiscalía pide, además, que se acuerde la disolución de la mercantil "Galicia See Foods", creada por los responsables del grupo e interesa que se acuerde el destinos de los bienes decomisados, excepto las armas y la munición, al Fondo de Bienes. Entre estos bienes figuran los 162.000 euros intervenidos en metálico en los registros, y varios coches de gama alta, entre los que figura un todo terreno. Tres de los vehículos serían propiedad del arousano Benito Rial, si bien estaban a nombre de algunos de sus familiares según la Fiscalía.
Noticia de Faro de Vigo.