El pasado 1 de junio, los funcionarios desayunaron con la primera nómina rebajada por decreto una media del 5%. Casualmente, esta medida coincidió en el tiempo con la aprobación de diferentes partidas presupuestarias destinadas a costear total o parcialmente las vacaciones veraniegas de algunos empleados públicos.

De esta manera, las carteras de Interior, Presidencia y Justicia dedicaron, al menos, 2,5 millones de euros para subvencionar el retiro estival de sus asalariados.

En medio de la proliferación de planes de austeridad, del recortazo social y salarial aprobado por el Ejecutivo y con una huelga de los empleados públicos todavía en la memoria, los trabajadores de la Administración General del Estado disfrutan de algunos privilegios. Desde incluso antes de la Democracia, muchos ministerios poseen dentro de sus presupuestos un apartado denominado como Acción Social, al que destinan entre el 0,5% y el 1% de su dotación total.

Una partida que, según fuentes sindicales, “está negociada entre los dirigentes y los propios sindicatos para que los trabajadores tengan derecho a algunas prestaciones por el hecho de pertenecer al sector público”.

BOE, DGT o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los beneficiados

Entre los apartados se pueden encontrar ayudas tan dispares como subvenciones para costear un sepelio, becas para que los hijos de los funcionarios realicen cursos de inglés, hasta la posibilidad de sufragar parte del alquiler de una vivienda habitual o, incluso, subvencionar la reserva de un hotel en primera línea de playa. Precisamente, este último apartado le cuesta a las arcas estatales, al menos, 2.532.000 euros cada año. Algunos ministerios han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los últimos meses la adjudicación de contratos a agencias de viajes para subvencionar o costear dichas estancias en pisos, hoteles y apartahoteles durante el verano.

Interior, el que más gasta
Entre todas las dotaciones destaca la realizada por Interior. El Ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba ha destinado para este verano dos partidas dirigidas a los miembros de la Guardia Civil y a los trabajadores de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los primeros se llevan el mayor montante destinado por el Ejecutivo para “el uso y disfrute de habitaciones” en distintas poblaciones costeras, tal como reza el propio BOE. Con un total de 2.028.000 euros, Interior subvenciona parte del alojamiento de los miembros de la Guardia Civil en algunas localidades del litoral. Un precepto del que también pueden disfrutar los miembros de la DGT que se acojan al plan confeccionado por el Ministerio para que sus funcionarios disfruten del sol y la playa.

Aunque dentro de la propia Acción Social de la Guardia Civil, dirigida por la jefatura de Asuntos Económicos, los trabajadores también ven reflejadas otras ayudas encaminadas al ocio, como viajes organizados a distintos países, de los cuales el Ministerio sufraga entre el 30% y el 50% del precio total y que no se incluyen en las cifras declaradas en el BOE.

El caso de los funcionarios de la DGT resulta más llamativo, dada la austeridad presupuestaria reclamada por sus dirigentes en las últimas semanas y que incluso emplazaron a sus trabajadores a ahorrar combustible para rebajar el nivel de gasto. A pesar de ello, el organismo destina 120.000 euros al descanso estival de sus asalariados.

Otro de los colectivos que también ha mostrado sus desavenencias con el Ejecutivo es el de los funcionarios de Justicia. A pesar de sus reivindicaciones, los empleados del Ministerio que pilota Caamaño disponen para este verano de 248.000 euros para subvencionar sus estancias estivales. Aunque en esta ocasión el BOE no recoge la obligatoriedad de tener que pasar dicho período dentro de las fronteras españolas.

Presidencia, el Ministerio que dirige María Teresa Fernández de la Vega, también cuenta en su haber con disposiciones presupuestarias destinadas a sufragar parte del retiro de sus empleados. De esta manera, el Boletín Oficial recoge una licitación valorada en 136.000 euros para el servicio de alquiler de apartamentos y hoteles para los trabajadores de la Dirección de la Agencia Estatal del propio BOE.

Precisamente, Presidencia es el departamento encargado de llevar las negociaciones de las retribuciones de los funcionarios, así como sus estatutos. Pero fuentes ministeriales destacan que “las partidas de Acción Social se negocian en el ámbito de cada Ministerio y muchas subvenciones no se publican en el BOE”, algo que dificulta clarificar lo que realmente destina el Estado a costear las vacaciones de sus empleados.

Desde la Federación de Empleados Públicos (FEP) anuncian que “no prevén rebajas para este apartado, ya que está todo negociado desde hace meses”. Aunque otros sindicatos, como CSI-CSIF, y algunos ministerios, creen que en las próximas conversaciones, estas partidas se verán “sensiblemente afectadas” por la coyuntura actual. Incluso el Ministerio de Vivienda, que hace un año publicaba una licitación que sobrepasaba los 100.000 euros para subvencionar el retiro de sus empleados, ha decidido suprimirla este ejercicio “por motivos presupuestarios”.