José Morata, un año 'en la nevera' de la Guardia Civil

José Morata, Manuel Rosa, José Piñeiro y el Difunto Manuel Linde, un año 'en la nevera' de la Guardia Civil, en los que se incluye al premio derechos humanos: el Cabo Rosa, que sufrió el encarcelamiento del régimen Felipista del P$OE por nueve años, a pesar de haber ganado una sentencia en el año 1993 en la que se reconocía el derecho de Asociación Profesional reconociendo la UDGC, organización pionera en la lucha por los derechos constitucionales.

La proposición No de Ley fue preparada por José Piñeiro y aprobada en la comisión de Interior por unanimidad, siendo informada favorablemente por el estamento y durmiendo en el cajón de los desastres del ministro infame Rubalcaba y del criado Velázquez DGGCP. Un Guardia Civil que haya asesinado, es rehabilitado y repuesto en su destino, un Guardia Civil que solicita sus derechos constitucionales por serle vulnerados conculcando la Ley, no puede ser rehabilitado a pesar de la aprobación de la rehabilitación del congreso. ESPAÑA NO SE MERECE UN MINISTRO QUE MIENTA Y DESOBEDEZCA LAS LEYES COMO ROBESPIERRE RUBALCABA.

Un año en la nevera. Agotado otro año de lucha, y ya van 20, el ex sargento José Morata Gargallo, promotor del Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC) -legalizado el 2 de agosto de 1994- y fundador de la Coordinadora pro perjudicados por la gestión de Luis Roldán y contra la corrupción (Coproper), mantiene el pulso a los altos cargos de la Benemérita, a los políticos y a los Ministerios de Interior y Defensa para reclamar la restitución de su empleo y, con él, de su honor. A punto de cumplir 57 años (Castellón, 7-10-1953) y pese a que en 2011 llegará la 'jubilación' anticipada (en la Guardia Civil pasan a la reserva a los 58 años), Morata clama su rehabilitación en el Cuerpo, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2009. En junio de 1995, apenas cumplía un día en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad castellonense de Burriana, trasladado desde Morella, le llega la notificación de su expulsión, una orden firmada por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. Los hechos de los que se le acusaban se remontaban a cinco años antes, cuando el 1 de junio de 1990, ya como sargento, era detenido en Toledo por conceder una entrevista como secretario general de un sindicato clandestino y tener propaganda en su casa. Prisión en Alcalá de Henares Morata y otros tres compañeros ((Manuel Rosa, José Piñeiro y Manuel Linde) fueron enviados a la prisión militar de Alcalá de Henares, "que se hizo para los del 'golpe de Estado'", dice, y, aunque salió en libertad provisional tras 19 días, la acusación pedía para él 10 años de prisión. "Un tribunal militar me absuelve de los hechos, sin llegar siquiera a celebrar el juicio, y entonces desde las altas esferas de la Guardia Civil me abren un expediente disciplinario que resuelven con la expulsión, en 1995", expresa. Ahora ha transcurrido un año desde que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, aprobara la Proposición no de Ley relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil que fueron perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación -amparado en el artículo 22 de la Constitución-, una propuesta de la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Rosa Díez (UPyD), que fue secundada por unanimidad tras una enmienda técnica del PP. Con esta aprobación, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno "a revisar de manera individualizada los casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales, anulando a todos sus efectos aquellas sanciones manifiestamente injustas", reza el texto. Caso más paradigmático Morata encarna el caso más paradigmático de aquella 'injusticia' que aún hoy, y tras reconocerlo la Cámara Baja, no se ha restituido. Fue el único absuelto sin juicio, mientras que al resto de detenidos -unos 50 en toda España- les sobreseyeron el caso. Tras la absolución y la apertura de expediente administrativo, se le propone un año de suspensión de empleo y sueldo, sin embargo al final, la dirección de la Guardia Civil dedice la expulsión total del Cuerpo. "Nunca había confiado en volver a vestir el uniforme, con políticos de por medio, sólo con este acuerdo unánime en el Congreso comencé a tener esperanza", dice. ¿Por qué ha pasado un año 'sin noticias de Dios'? "Porque se pasan la pelota de Ministerio en Ministerio, fruto de la bicefalia entre Interior-Defensa para estos temas tan delicados. Nos aseguran que todo lleva unos trámites administrativos y, al parecer, la rehabilitación de un guardia civil expulsado del servicio por reclamar y ejercer sus derechos de asociación no se contempla en la ley. Si hubiese cometido un asesinato, por ejemplo, la ley contempla que tras cumplir condena pueda volver al Cuerpo y, en cambio, no se prevé ante una sanción administrativa injusta, como fue mi expulsion", explica. La última noticia que tiene al respecto es la respuesta del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el 30 de julio de este año, ante la insistencia de Izquierda Unida. Camacho contesta a una carta de Gaspar Llamazares que "teniendo en cuenta el reparto competencial que sobre el Cuerpo ejercen los Ministerios del Interior y de Defensa, es a éste último al que corresponde en su caso, la revisión de los expedientes afectados y decidir si, en aplicación de la legislación vigente, procede o no la reintegración de los guardias civiles afectados al Cuerpo". ¿Cómo sobrevive un guardia civil expulsado? Con una pensión de 440 euros al mes por derechos pasivos (llevaba 28 años en el Cuerpo y había cumplido varios trienios) y trabajando en todo tipo de faenas, desde portero de chiringuito a peón de fábrica de azulejos, hasta que, por la labor desarrollada en el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, decidieron liberarme y me convertí en el primer liberado sindical de la Guardia Civil. ¿Qué opinión le merece los últimos acontecimientos protagonizados por los guardias como la huelga de 'bolígrafos caídos' en Tráfico y la manifestación del pasado 18 de septiembre, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid? "Sólo le diré una cosa. Las estadísticas lo dicen todo y demuestra que la labor preventiva en Tráfico es más efectiva que la coercitiva, puesto que este verano se han producido menos accidentes que nunca. Hace tiempo ver a la Guardia Civil en las carreteras era motivo de alegría, porque se asociaba con seguridad y ayuda, en todo caso. Ahora, se ha convertido en una oficina recaudatoria, no sabe los millones que se recaudan con las multas de Tráfico. ¿Quién dedide dónde se instalan los radares móviles?, porque depende de su ubicación, se les ve el plumero... El jefe de Tráfico, el subdelegado del Gobierno y el jefe del subsector de la Guardia Civil en cada zona. ¿Y qué conclusión extrae de la manifestación pasada en Madrid? Que los jueces nos amparan, pese al empeño de los políticos. Hemos ganado ya varias sentencias que sientan precedentes. ¿Y su relación con los líderes de los grandes sindicatos? Coridal. ¿Entrar en la Benemérita es de razón vocacional? No. Creo que es una falacia. No entras en la Guardia Civil por vocación aunque sí se vuelve una función vocacional una vez trabajas dentro. ¿Y ahora, qué? Seguir trabajando por los derechos de los agentes desde el sindicato. Hasta 2001 se llevaba toda la organización desde Castellón, pero, afortunadamente, el colectivo ha crecido y la sede se ha trasladado a Valencia. Yo sigo en la delegación de Castellón y para lo que me necesiten.

Comentarios de los usuarios.

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