Amedo tira de la manta si lo apoya una asociación civil
El monstruo de los GAL bosteza y está a punto de despertarse. La persona del Gobierno que informó al ex presidente Felipe González sobre la prescripción de los procesos judiciales sobre la guerra sucia le jugó una mala pasada.
Isidoro se desmelenó con sus declaraciones a El País y estimuló a los fantasmas del pasado y del presente. Porque no todos los sumarios de los GAL han prescrito y uno de ellos, el de los atentados en 1986 contra los bares Batxoki y Consolation en el sur de Francia, está pendiente del señalamiento de la vista oral. Lo sorprendente es que lleva así desde hace más 10 años sin que la Fiscalía y la Abogacía del Estado actúen. Y lo incomprensible: en el banquillo sólo se sentará un funcionario policial, el ex jefe superior de Bilbao, Miguel Planchuelo.
Al final, tiene gracia, todo el peso de la ley va a recaer sobre un mando de la Policía que recibía órdenes de sus superiores, mientras éstos siguen dando en público lecciones de moral. Planchuelo, para quien la acusación pide ahora 114 años de cárcel, ya fue condenado a nueve años por el secuestro de Segundo Marey. Entonces perdió todos sus derechos de funcionario y le retiraron hasta las medallas como en esas películas del Oeste en las que degradan a los oficiales arrancándoles del hombro de un tirón las divisas de su autoridad. ¡Todo el peso de la ley sobre un mindundi! ¿Cómo se puede pretender que una operación terrorista de ese calado se limitara a un simple subordinado de la parte baja de la pirámide del poder? Los policías Amedo y Domínguez fueron condenados en 1991 a 108 años de cárcel por los mismos atentados, pero… ¿y el resto de la banda? ¿Y los inductores intelectuales? ¿Y la trama del Gobierno? ¿Y la X de los GAL? A eso se llama hipocresía política y judicial, porque los periodistas, en este asunto de la guerra sucia, hemos hecho nuestro trabajo con eficacia y corrección.
Pero como el dios Jano siempre vive vigilante, con una de sus caras mirando al pasado y con la otra al futuro, el caso GAL –el asunto más deleznable y abyecto desde que tenemos democracia en España– descansa en un cajón de una de las salas de la Audiencia Nacional. Mientras, jueces y fiscales prefieren no encontrar la llave de la gaveta.
La memoria no sólo debe ser histórica, sino también judicial. “La memoria es magnífica para olvidar”, decía Stevenson, pero existe un proverbio popular que sirve de contrapeso para combatir la impunidad: “Allí donde la toques, la memoria duele”. Y eso está sucediendo. Duele y cómo duele. Me consta que algunos sujetos del Gobierno andan últimamente preocupados por si los periodistas encontramos nuevas pruebas sobre los GAL.
En ese contexto, el subcomisario José Amedo, que ha cumplido su condena por los hechos investigados, ha emprendido una cruzada particular para llegar hasta el final. Se encuentra solo, pero está dispuesto a tirar de la manta si alguna asociación civil –tipo Manos Limpias o similar– lo apoya en la lucha para desenmascarar a los inductores y promotores de los GAL. Así se lo hizo saber hace unos días a un grupo de amigos. “Quiero llegar hasta el final y quitarles la careta a los culpables políticos, caiga quien caiga”.
Desconozco las motivaciones personales de Amedo para atreverse a dar tan importante paso. Él fue durante un tiempo el reclutador de algunos de los mercenarios de los autodenominados grupos antiterroristas y, por tanto, su testimonio posee un gran valor para desentrañar las interioridades del Ministerio del Interior durante los Gobiernos de Felipe González. Además, Amedo estaba destinado en el País Vasco donde los GAL echaron sus primeras raíces. Si alguien conoce de lleno las entrañas de los GAL, ése no es otro que Amedo. Recuerdo una frase del juez Falcone cuando lo entrevisté en Palermo en 1985, poco antes de que se iniciara el maxiproceso contra la Mafia: “Me acusan de usar a pentitos –arrepentidos mafiosos–, pero, si un juez quiere llegar a las profundidades de la Mafia, el mejor instrumento es el testimonio directo de sus soldados, los que mejor la conocen por dentro”. El fotógrafo Fernando Abizanda, que me acompañaba, se acordará de aquellas palabras.
Al parecer, el subcomisario de Bilbao necesita cobertura legal y una estructura operativa porque desde que presentó, en febrero pasado, un escrito en la Fiscalía General ofreciéndose a declarar en el sumario Batxoki y Consolation, la maquinaria judicial se le resiste.
En marzo recibió como respuesta un acuse de recibo, sin más. Entonces optó por presentarse personalmente en la Audiencia Nacional y entregar otro escrito al presidente del organismo judicial, Ángel Juanes. Insistía en comparecer como testigo en esa causa –hechos por los que ya había sido condenado– porque, según él, se hallaba indefenso, ya que nadie le había tomado declaración. Y solicitaba a la Presidencia que diera instrucciones al fiscal para que actuase.
Como tampoco obtuvo la respuesta adecuada, el 29 de julio adjuntó a su escrito un documento irrefutable sobre algunas de las maquinaciones del Gobierno para tapar las investigaciones sobre los GAL. Se trata de una carta de cinco folios que envió, el 1 de febrero de 1994, al entonces ministro de Justicia Juan Alberto Belloch desde la cárcel de Guadalajara, donde cumplía condena. El ex policía también adjuntaba una fotocopia del certificado de Correos que demostraba el envío de la misiva a Justicia. En ese documento y en otro posterior no sólo le explicaba al ministro lo que había sucedido en torno a la investigación sobre la guerra sucia, sino que también le detallaba el organigrama de los GAL.
Amedo le explicaba a Belloch, el mismo que tres meses después se convertía en superbiministro de Justicia e Interior, la creación de un gabinete de crisis en el Gobierno para mediatizar cualquier investigación sobre los GAL y delimitar las responsabilidades penales en él y su compañero Domínguez. Era el parapeto ideal: dos policías justicieros que habían puesto en pie toda una maquinaria asesina contra ETA. ¿Quién podía creerse aquello? ¿De dónde salía la capacidad ejecutora y el dinero para financiar las operaciones? El subcomisario acusaba a jueces, fiscales, abogados y políticos de formar una camarilla dispuesta a paralizar cualquier iniciativa para conocer la verdad judicial.
Recuerdo que Belloch entonces llegó a filtrar a los medios de comunicación, de manera sesgada, el contenido de aquella carta. En las hemerotecas se puede leer un titular fruto de aquellas filtraciones interesadas: “Amedo amenaza con contarle al Rey lo que sucedió con los GAL”.
La carta recibida por Belloch removió los cimientos del Gobierno. El fiscal general Eligio Hernández movió a sus peones y el Ministerio del Interior echó mano de sus abogados. Un día después el letrado Jorge Argote visitaba a Amedo y Domínguez en la cárcel para anunciarles que el mensaje había llegado a las más altas instancias y que no hicieran ninguna locura. El 16 de febrero de 1994 los dos policías obtuvieron un permiso de siete días, algo que hasta entonces les venían negando de manera sistemática.
Ahora, 15 años después, Amedo está dispuesto a presentarse ante un juzgado de guardia y entregar parte de la documentación que conserva sobre los GAL. También está preparado para declarar cómo Planchuelo se vio presionado por el juez Garzón para declarar en contra de sus compañeros en el caso Marey. Según la denuncia de Amedo ante la Audiencia Nacional, como Planchuelo era el imputado más débil del caso Marey, Garzón lo metió en la cárcel por los atentados contra los bares Batxoki y Consolation a fin de que se desmoronara y cantara, como así hizo. Aquel pasaje judicial ha convertido a Planchuelo en una cabeza de turco. Sorprendentemente, todas las miserias de los GAL recaen sobre él y se enfrenta a una condena superior. Sus superiores políticos y policiales, que lo convencieron con los argumentos de la razón de Estado y el patriotismo contra ETA, lo han dejado solo ante el peligro. El ex jefe superior de Bilbao es un reo de la justicia, pero también una bomba de relojería. El Gobierno lo sabe y trabaja en silencio para que no supure la herida. Se da la circunstancia de que, al menos, tres de sus altos cargos formaron parte de aquel gabinete de crisis que se esforzó por entorpecer las investigaciones sobre los GAL. ¿Qué sabrá Amedo? ¿Dispondrá de pruebas contundentes? ¿Se atreverá la Justicia a ponerle el cascabel al gato de la guerra sucia?
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