El problema no está en los recortes
El inicio del curso escolar en septiembre de 2011 está resultando especialmente conflictivo en alguna de las autonomías donde gobierna el Partido Popular. En Galicia, Castilla-La Mancha y sobre todo en Madrid, un buen número de profesores se ha echado a la calle para protestar ruidosamente, por lo que consideran un recorte inadmisible en educación. Se trata en realidad de un simple aumento de las horas lectivas de los profesores, pasando de las 18 habituales a las 20 horas semanales. Esto da lugar a prescindir de un número significativo de profesores interinos.
Los sindicatos de enseñanza, como no están dispuestos a aceptar por las buenas las propuestas que haga el Partido Popular, organizaron sin más, en esas autonomías, un enorme tiberio con ruidosas protestas y hasta con alguna que otra jornada de huelga. Y se empeñan cínicamente en hacernos ver que no hay motivaciones políticas en el montaje de semejante trifulca. Se trata simplemente, según dicen, de una protesta valiente contra unos recortes que, de llevarse a cabo, deteriorarían aún más la enseñanza pública. Pero no debe ser así, ya que en Andalucía, ocurrió lo mismo y nadie organizó por ello algaradas en la calle. Aumentaron antes que nadie el número de horas lectivas a 20, e incluso a 21 a la semana, lo que se tradujo igualmente en una reducción notoria del número de profesores interinos contratados. Y aunque no hubo contraprestación económica alguna, el profesorado andaluz ni se movió, lo que quiere decir que el problema no está en los recortes ocasionales dictados por los organismos competentes. El problema es Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y otros miembros destacados del Partido Popular.
La primera Comunidad Autónoma que aumentó las horas lectivas fue precisamente Andalucía, y los sindicatos de la enseñanza acataron obedientemente la medida, sin ningún tipo de aspavientos. Para comprender el comportamiento de estos profesores, quizás debamos señalar que Andalucía, desde hace ya muchos años, ha venido siendo el cortijo privado de los barones socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñan. El Gobierno de Madrid, en cambio, ha indicado claramente que el aumento de las horas lectivas de 18 a 20 semanales y la reducción de un 12% de los profesores interinos, aunque no tiene “marcha atrás”, lleva aparejado un incremento salarial “significativo”.
Pero estos sindicatos, en Madrid, no aceptan “limosnas a cambio del deterioro de la educación”, según apostilló el portavoz de CC OO, Francisco García. Y el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT-Madrid, Eduardo Sabina, no anda con rodeos y dice que la compensación ofertada es tremendamente “ridícula”, si la comparamos con lo que se ahorra el Gobierno madrileño. Y tanto en Galicia como en Castilla-La Mancha, los sindicatos profesan el mismo credo ideológico que en la Comunidad de Madrid. Así que, dando muestras de un radicalismo absurdo, continúan adelante con sus manifestaciones callejeras, con sus ruidosas caceroladas y hasta con los días de huelga previstos.
Para todos estos falsos progresistas, son siempre los Gobiernos de la derecha los que recortan prestaciones, y los que ponen en peligro el bienestar social. De ahí que los socialistas prevengan constantemente a sus bases contra el Partido Popular, ya que, según dicen, representa un enorme peligro para la calidad de la enseñanza. La realidad sin embargo es muy distinta. Ha sido siempre la izquierda, con su intervencionismo enfermizo y recalcitrante, la que ha hundido el prestigio de la educación en España. Gracias al PSOE, los profesores públicos carecen de la más mínima autoridad ante sus alumnos y sin autoridad, es sumamente difícil mantener la disciplina en las aulas, lo que limitará notablemente el aprovechamiento de sus enseñanzas.
También han sido los socialistas los que han impuesto la enseñanza obligatoria en Secundaria hasta los 16 años, aplicando a todos el mismo patrón, como si fueran todos iguales. Y encerrar en las aulas, contra su voluntad, a todos estos jóvenes que no quieren estudiar, origina enormes problemas que inciden directamente sobre la calidad de la enseñanza. Para empezar, creamos en los centros educativos la peligrosa figura de los “objetores escolares” que, además de perder ellos miserablemente el tiempo, se lo harán perder a sus compañeros, desmotivaran a los profesores y hasta pueden hacer que peligre su estabilidad emocional. La escolarización forzada de estos jóvenes no les beneficia en absoluto y, como no quieren estudiar, perjudican seriamente a los demás alumnos, ya que, con ellos en el aula, será poco menos que imposible mantener el necesario ambiente de estudio que necesita todo estudiante.
Estos jóvenes, que no quieren estudiar, necesitan urgentemente que se les abra algún otro camino alternativo, donde se les pueda preparar para enfrentarse con éxito a los problemas de la vida, sean capaces de alcanzar un desarrollo integral de su personalidad y terminen por sentirse ellos mismos útiles a la sociedad. Es un tremendo error pretender igualar a todos los jóvenes, cuando es la propia naturaleza la que se empeña tozudamente en diferenciarlos. También aducen que buscarles otro acomodo, diferente al de los demás alumnos, es tanto como discriminarlos. Y esto sí que no es cierto. A quien de verdad se discrimina, con esta política, es a los que sí quieren estudiar, a los que se esfuerzan por aprovechar el tiempo y que, de este modo, no encuentran más que trabas en su trabajo.
Es cierto que con su Ley General de Educación de 1970, auspiciada por Villar Palasí, abrió el camino de la degradación de la enseñanza. Comenzó a generalizarse la obligatoriedad de la educación, pero no de una manera tan traumática como ahora, ya que solamente abarcaba desde los seis hasta los catorce años de edad. Los aspectos negativos de esta ley quedaron sensiblemente compensados con ese intento loable de poner en marcha una Formación Profesional, bastante adecuada a las exigencias reales del mercado laboral. Hoy día, echamos de menos una formación profesional como aquella. Pero el desastre sin paliativos en la educación, comienza con la Ley Orgánica del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, patrocinada y bendecida por el hoy candidato Alfredo Pérez Rubalcaba.
Entre los años 1982 y 1996, Rubalcaba era el ‘factótum’ del Ministerio de Educación y dio a la LOGSE un perfil claramente ideológico y hasta simuladamente doctrinario. De ahí esa mezcla anacrónica de progresismo barato y fanatismo doctrinal. Para cambiar este modelo educativo tan nefasto, el Partido Popular, bajo la dirección de Pilar del Castillo, ministra entonces de Educación, promulgó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Ley que no llegó a aplicarse nunca, ya que, al llegar Zapatero a la presidencia del Gobierno, paralizó lamentablemente su aplicación. Finalmente fue derogada en 2006, con la Ley Orgánica de Educación (LOE), dando así continuidad a la debacle educativa iniciada con la LOGSE.
Gijón, 30 de septiembre de 2011
José Luis Valladares Fernández
Criterio Liberal. Diario de opinión Libre.|
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