José Blanco, agobiado por la falta de información de las investigaciones judiciales en torno al caso de la gasolinera, sobre las que aún pesa el secreto de sumario, pidió ayuda a su amigo José Vázquez, subdelegado del Gobierno en Lugo. Y éste convocó en un hotel lucense a la plana mayor de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Galicia, en una reunión fuera de agenda y de la que no se informó a los medios de comunicación, a la que asistieron dos mandos policiales imputados por corrupción y marginados por la juez Estela San José de las pesquisas de la Operación Campeón contra el fraude en la concesión de ayudas públicas.
El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, Gonzalo Borrás, y el ex comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Maximino Losada, acudieron el pasado 20 de octubre, en plena eclosión del caso de la gasolinera, que ha salpicado de lleno a Blanco por presunto cohecho y tráfico de influencias, al discreto encuentro convocado por Vázquez en el Gran Hotel de la capital lucense. Borrás y Losada están imputados por su presunta implicación en la Operación Carioca, otra gigantesca trama de corrupción, ésta vinculada a la prostitución, en la que supuestamente participaban decenas de policías nacionales, guardias civiles y agentes locales de Lugo.
La cita, según fuentes de la investigación consultadas por El Confidencial, se celebró a mediodía en un salón reservado del Gran Hotel, y a ella asistieron, además de Vázquez, Borrás, Losada y el sucesor de éste, Manuel Teijeiro, el jefe superior de Policía de Galicia y el general responsable de la Guardia Civil en la comunidad autónoma. El ministro de Fomento, que desde que estalló el caso de la gasolinera se ha quejado públicamente de la supuesta indefensión en que se encuentra por estar el sumario bajo secreto, pretendía recabar información de forma extraoficial sobre los avances de la investigación que dirige San José y que le afectan directamente a él, tras las acusaciones del empresario Jorge Dorribo, que asegura haberle pagado 400.000 euros en comisiones.
A la desesperada
El principal obstáculo para Blanco, según las mismas fuentes, es que la juez no encargó las pesquisas policiales a los imputados Borrás y Losada precisamente porque no se fiaba de ambos ni de los hombres a sus órdenes, muchos de ellos también imputados por corrupción. En lugar de eso, la juez confió la investigación al Servicio de Vigilancia Aduanera, un cuerpo dependiente de la Agencia Tributaria y especializado en la lucha contra el contrabando, cuyos funcionarios tienen la condición de agentes de la autoridad y pueden utilizar armas de fuego. De ahí que, un tanto a la desesperada, el ministro de Fomento pidiese ayuda primero al delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Pose, y luego al subdelegado en Lugo.
Blanco, que estuvo enterado en todo momento de la reunión secreta celebrada en el Gran Hotel, no llegó a Lugo hasta primera hora de la tarde, después de asistir por la mañana a un acto de la precampaña electoral en Andalucía, según ha confirmado un portavoz del ministro de Fomento y número dos del PSOE. Blanco debía acudir por la tarde al acto inaugural del curso académico en el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Lugo, pero antes se dirigió al Gran Hotel, a donde llegó pocos minutos después de que concluyese el cónclave policial. Allí le estaba esperando el subdelegado del Gobierno, Vázquez, con el que mantuvo un encuentro a solas para que éste le informase de lo tratado en la reunión.
No fue ésa la única maniobra de Blanco para tener acceso a las investigaciones de San José. Una semana antes, el 13 de octubre, la fiscal del caso fue repentinamente apartada del sumario que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo y reemplazada por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Javier Rey, muy cercano al ministro de Fomento y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. El ministro de Fomento pretendía evitar a toda costa que la juez elevara al Tribunal Supremo el caso de la gasolinera antes de las elecciones del 20-N, y para ello Rey pidió nuevas pruebas testificales y procesales para dilatar el proceso. San José, sin embargo, decidió remitir el caso al alto tribunal el pasado jueves.
Blanco, que encabeza la candidatura del PSOE por Lugo al Congreso, ha mantenido un hermético silencio durante los actos de campaña que ha protagonizado este fin de semana en Galicia, en los que ha esquivado a los periodistas. Y ha suspendido una entrevista ya programada para este lunes en Telecinco y que fue anunciada el pasado viernes.
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