Cospedal elimina 501 liberados sindicales y las subvenciones a los sindicatos
El Gobierno de Castilla-La Mancha ahorrará 23,5 millones de euros con estas medidas
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado suprimir 501 liberados sindicales de la Administración regional, y ha dado el visto bueno a eliminar las subvenciones a sindicatos, tal y como preveía el Plan de Garantía de los servicios sociales básicos propuestos por la presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, del Partido Popular (PP). El objetivo del recorte, según ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, es ahorrar 23 millones de euros.
La eliminación de las subvenciones a las organizaciones sindicales supondrá un ahorro de 477.000, según la Administración autonómica. El mayor ahorro provendrá, sin embargo, de la reducción del número de liberados sindicales, que pasarán de ser 785 a 284,cumpliendo con el mínimo legal establecido.Un recorte de 501.
Únicamente se están utilizando 610 liberaciones por parte de los sindicatos. De ellas el 65% corresponden a sanidad (235) y personal docente (161)
Con este recorte, asegura Esteban, Castilla-La Mancha calcula que dejará de gastar 23 millones de euros, si bien en el plan de ajustes presentado por Cospedal se anunciaba que el ahorro total, incluyendo la supresión de subvenciones, ascendía a 19 millones. Desde la Junta explican este desfase distinguiendo entre el coste de reducir 501 liberados (19 millones de euros) y el coste de prescindir 610 liberados a tiempo completo (23.089.108 millones)
Aunque el portavoz ha indicado que el número de liberados asciende a 785, ha reconocido que únicamente se están utilizando 610 liberaciones por parte de los sindicatos. De ellas el 65% corresponden a sanidad (235) y personal docente (161), según datos facilitados por Esteban.
En el plan de ahorro de Cospedal se prevé la supresión de subvenciones a los sindicatos pero nada se decía de eliminar las ayudas a otras organizaciones o a la patronal
Desde CC OO, Alfonso Gil, secretario general de Educación en Castilla-La Mancha, denuncia que con la reducción de liberados el Gobierno de Cospedal está poniendo trabas al desarrollo de las labores institucionales que la Constitución reconoce a los sindicatos y alerta de que las medidas contra los sindicatos se hayan incluido en "el mismo paquete de la eliminación del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social". Para Gil con estas medidas la Junta trata de prescindir de los órganos de control que puedan interferir en su tarea, El secretario de organización de UGT, Carlos Pedrosa, advierte de que si con estas medidas el Gobierno regional pretende debilitar la función de los sindicatos, ahora que se avecinan recortes, no van a conseguirlo.
En el plan de ahorro presentado por Cospedal el 31 de agosto, se preveía la supresión de subvenciones a los sindicatos pero nada se decía de eliminar las ayudas a otras organizaciones o a la patronal. Desde la Junta explican que el recorte del plan es para la Administración Pública y afecta a las subvenciones de índole laboral que no perciben los empresarios. Adelantan que cuando se revisen los convenios de las distintas Consejerías con la patronal se estudiarán los recortes de subvenciones.
Pedrosa, sin embargo, ha reclamado que los ajustes se apliquen por igual a todas las entidades sociales y que se haga con transparencia. En este sentido ha indicado que hasta ahora todos los temas que afectaban a los sindicatos se trataban en mesas de negociaciones y se ha mostrado perplejo de que en esta ocasión no se haya hecho así. "El Gobierno de Cospedal, desde que ha tomado posesión no ha destacado por su capacidad de organización o de diálogo", ha puntualizado.
Fuentes socialistas consideran esta decisión un síntoma más de que a Cospedal "le molestan los controles" y alertan de que con esta decisión se busca debilitar a los sindicatos precisamente cuando la secretaria general del PP pretende poner en práctica su política de recortes. Para el PSOE no es baladí que la mayor parte de afectados se concentre en el sector sanitario y de educación, uno de los que actualmente más descontento se ha mostrado con la Junta por su decisión de aumentar las horas lectivas.
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