Interior bloquea permisos de trabajo a testigos protegidas del 'caso Carioca'

El testimonio de las mujeres es clave para desentrañar una trama de connivencia entre policías, proxenetas y funcionarios de Inmigración

SILVIA R. PONTEVEDRA 

Les dijeron que no se preocupasen, que el conseguir permisos de residencia y de trabajo era un derecho automático, inmediato, tras ser declaradas por la juez testigos protegidas de la causa. Sus asesores no contaban con el poder que tiene la Administración para desesperar, para dilatar los trámites hasta lo kafkiano, atascar los engranajes burocráticos e interpretar la normativa legal escatimando o abriendo la mano, según le convenga. Lo que está sucediendo podría parecer (y así plantean sus sospechas algunas personas que les echan una mano a estas mujeres extranjeras, la mayoría brasileñas) como un intento de hacer que se vayan del país ahora que la expulsión (precisamente por ser testigos protegidas) resulta imposible. Han pasado ya más de dos años desde que estalló la Operación Carioca y, sin embargo, hay mujeres que pusieron en juego su integridad física colaborando con la Justicia y aún no han logrado un permiso de trabajo que les ayude a abandonar la prostitución.

emplearse aquí durante cinco años

Las autorizaciones se aprobaron el día antes de entrar en vigor la norma nueva

Ahora que obtuvo la documentación "se viste distinto" y "quiere estudiar"

No encontró fuerzas para ir al burdel y recurrió a la caridad para comer

El reglamento que fija los derechos que obtienen del Estado los testigos con protección judicial cambió el pasado 30 de junio para acompasarse a las leyes europeas. Desde esa fecha, estas personas en riesgo y amparadas por un juzgado pueden solicitar un permiso de residencia por cinco años que lleva aparejada la licencia para poder emplearse en el país de forma lícita. Sin este segundo permiso, las empresas no pueden formalizar un contrato de trabajo. Mientras tanto, si surge una oportunidad laboral, existe la posibilidad de solicitar una autorización provisional específica en la Subdelegación del Gobierno, pero en algunas de Galicia tarda tanto que ningún empresario que demanda personal está dispuesto a esperar.

La norma que estaba en vigor antes de esa fecha otorgaba la autorización de residencia solo por un año y dejaba abierta la cuestión laboral. El dar el permiso de trabajo o no dependía de que el departamento de Interior encargado de esta materia considerase "circunstancia excepcional" la vivida por estas mujeres de entre 20 y 30 años. Nada más evidente, considerando que fueron víctimas de una supuesta mafia urdida por policías, guardias civiles, proxenetas y funcionarios de Extranjería que, curiosamente, se encargaban de tramitar los papeles a inmigrantes y decidir expulsiones del país.

Pero las notificaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, además de tardar una eternidad en aprobarse, llegaron a las mujeres en su versión más miserable. Bastantes, incluso, fueron aprobadas en tromba por este departamento del Ministerio del Interior el 29 de junio de 2011, un día antes de entrar en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería, en el que no caben ya las interpretaciones: su artículo 137 establece que "la autorización de residencia y trabajo tendrá vigencia de cinco años e implicará la posibilidad de trabajar, por cuenta ajena o por cuenta propia, en cualquier ocupación, sector de actividad o ámbito territorial".

El abogado del colectivo Aliad-Ultreia, nacido en Lugo originalmente para ayudar a toxicómanos pero que ha creado un programa específico de apoyo a víctimas del proxenetismo a raíz del caso Carioca, ha recurrido las resoluciones de la Secretaría de Estado de Seguridad que afectan a mujeres que buscaron asesoramiento en la ONG. Gerardo Pardo de Vera lleva tiempo denunciando la situación y reclamando, sin obtener respuesta de Interior, que a sus representadas se les aplique la nueva norma. El último recurso, referido a ocho mujeres declaradas por la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo testigos/víctimas protegidas, es del 30 de noviembre. Una de estas personas es, precisamente, la clave de la investigación judicial: la mujer brasileña que destapó la trama al denunciar intimidaciones y abusos sexuales que presuntamente había sufrido por parte del cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo.

Según Pardo de Vera Posada, hay subdelegaciones del Gobierno, como actualmente la de Lugo, que facilitan más las cosas que otras de Galicia (la mayoría de las mujeres han cambiado de provincia) a la hora de tramitar autorizaciones temporales mientras no llegan de Madrid las definitivas. Pero las trabas administrativas, que muchas veces parecen represalias, se hallan a todos los niveles. Incluso en algunas comisarías de la provincia de A Coruña, según el testimonio de afectadas, hubo agentes que agotaron el plazo legal que tienen para entregar a las mujeres las tarjetas de residencia (su DNI en España) a la vista de las autorizaciones que aprueba el ministerio.

Mientras el Gobierno no hace efectivos los derechos que les corresponden, ellas se buscan la vida en trabajos de todo tipo que cobran en negro y, sobre todo, en la prostitución. Llaman "todos los días" al abogado que presta apoyo a la ONG preguntando si ya ha llegado su autorización para trabajar porque quieren dejar los clubes, pero la Administración calla. Están desamparadas por el sistema a pesar de que varias de ellas han recibido graves amenazas de la mafia que ayudaron a desentrañar.

Algunas que ya han conseguido la documentación completa y han encontrado trabajo "están felices". "Se sienten tan parte de la sociedad que hasta han cambiado", comenta el abogado. "Hace poco vi a una que consiguió trabajo de camarera en una cafetería y es que ya se viste distinto", sigue describiendo, "estaba guapísima, parecía una secretaria de dirección, con su vestido y sus gafitas. Es jovencita, y está pensando en retomar sus estudios".

Pero abundan más las que siguen viviendo un calvario. Una de las mujeres que representa Pardo de Vera, que obtuvo autorización de residencia pero no de trabajo un día antes de entrar en vigor el nuevo reglamento, "tuvo que seguir ejerciendo la prostitución a pesar de que que padece graves problemas de salud" y tiene depresión. Ha habido ocasiones en que no se sintió con fuerzas para ir al burdel y recurrió a la caridad para comer. Tras la muerte de un familiar muy próximo en su país de origen, tardó mucho tiempo en juntar dinero para un billete y se fue. Para poder sacar adelante a su familia necesita y planea regresar a España, aunque aquí tendrá que seguir en los clubes.

La mayoría continúan viviendo del sexo, pero quieren dejar ese mundo, y solo unas pocas viven de sus parejas o han conseguido una ayuda pública para apartarse de los prostíbulos. En concreto, una de las mujeres que apoya Aliad-Ultreia, de poco más de 20 años, recibe una paga mínima de la Xunta porque tiene varios hijos. Pero el dinero no es suficiente para mantener a su familia de aquí y de allá, así que trabaja en negro haciendo manicuras, peinando, cuidando niños o atendiendo en un bar. Ella querría un trabajo en regla para prescindir de la ayuda. Hay varias mujeres que han recibido ofertas de empleo. Una perdió tres posibilidades de contrato legal por el bloqueo ejercido desde Madrid y la demora en los permisos provisionales que solicitó en una subdelegación del Gobierno.