Este artículo critica la falta de cobertura de temas de fraude
fiscal por parte de los medios de mayor difusión del país (España), resultado de
la enorme influencia que la banca tiene sobre tales medios, siendo la banca y
los banqueros algunos de los que contribuyen más a tal fraude.
El New
York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín,
presentado por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y
Presidente del Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de
gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España.
En EEUU el Banco de Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el
comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su
familia, así como su enorme influencia política y mediática en España. Un
indicador de esto último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes
del país ha citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el
diario más influyente de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de
suponer que si se escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el
Presidente Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio
Botín.
Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento
por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas
desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las
cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado
a las autoridades tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco
suizo, despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los
nombres de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin
nunca declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569
españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la
vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de
la Generalitat, el Sr. Artur Mas).
Según el New York Times, esta
práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran
banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia
Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un
total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y
los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza la cifra
del déficit de gasto público social de España respecto la media de la UE-15
(66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España debería gastarse en su
Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios a
personas con dependencia, y otros) por el nivel de desarrollo económico que
tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las
causas de que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos
colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia es que el
Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría de
investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los
autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa - según los
técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude
fiscal total.
Es también conocida la intervención de autoridades
públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia Agencia
Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la ex
Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir una de
tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New
York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que
estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York
Times con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el
caso porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de
los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que juega a favor de los
fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la
investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr.
José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que "los ricos no pagan
impuestos en España".
Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude
fiscal de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no
pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos. El
Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado
que la subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor
testimonial que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento,
sin embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la
enorme concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en
Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el
impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año
que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los
enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy
realizando.
Pero otra observación que hace el New York Times
sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de
información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un
periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander,
que señala como causas de este silencio el hecho de que el Banco
Santander gasta mucho dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de
los sectores más importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando
espacio de anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos - aclara el
Sr. Salvador Arancibia- "....medidas de enorme importancia en un momento como el
actual, donde los medios están en una situación financiera muy delicada". De ahí
que tenga que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy,
artículos como los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen
fácil publicación en nuestro país. Es lo que llaman "libertad de prensa".
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