CAVA DE LLANO ESTÁ INTERINA DESDE JULIO DE 2010
La Defensora del Pueblo denuncia el despilfarro con 107.000 euros y coche oficial
La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de
Llano, y el expresidente del Congreso, José Bono (Efe)
María Luisa Cava de Llano se ha erigido en las últimas
semanas en la voz del pueblo contra el despilfarro de la clase política y
contra los excesos de los bancos en relación con los hipotecas. A la Defensora
del Pueblo en funciones desde julio de 2010 no se le quiebra la voz para pedir
incluso castigos penales para aquellos servidores públicos que hayan llevado a
la bancarrota a sus respectivas administraciones. “Quería poner de manifiesto
que la gente está cansada, que la gente está harta, que a la gente no se
le puede pedir que se apriete el cinturón y por otra parte ver despilfarros, ver
gastos suntuarios, ver que peligra el estado de las cosas más necesarias que
hay, como puede ser la sanidad”, denunciaba, de nuevo este mismo fin de semana,
en una entrevista al diario El Mundo. Críticas a la clase política de
quien proviene de la misma y percibe, como alta comisionada de las Cortes, un
sueldo público de 107.000 euros al año más otras prebendas como el uso del
coche oficial por su trabajo en defensa de los derechos del pueblo.
Desde su atalaya del palacio de los marqueses de Bermejilla
del Rey, el espectacular edificio situado junto al Paseo de las Castellana en el
que se ubica la sede oficial del Defensor del Pueblo, Cava de Llano se ha
prodigado en las últimas semanas en una serie de declaraciones, encuentros con
la prensa y entrevistas en medios de comunicación que la han situado como la
portavoz del sentido común de la calle en estos tiempos de crisis y de algunas
malas prácticas políticas. Y todo, mientras de fondo sigue aún pendiente y por
resolver la vacante que afecta a su propio futuro, la renovación de la
institución del Defensor del Pueblo, que lleva congelada más de un año por
la incapacidad de PP y PSOE para pactar el nombre del sustituto de Enrique
Múgica.
Desde entonces, Cava de Llano, de 63 años, ex diputada del
Partido Popular con una larga carrera en la política mallorquina a sus
espaldas (teniente de alcalde en Ibiza, ex vicepresidenta del Parlamento
balear…), ejerce el cargo de forma interina aunque con aspiraciones a ocuparlo
de forma oficial si su partido y Rajoy se lo proponen y el PSOE la apoya. No
obstante, necesita de una abrumadora mayoría de 3/5 del Congreso y del
Senado.
“Yo he sido política”, reconocía, en su descargo, en la
entrevista del pasado domingo. “Antes ser político era un honor. (…) “Lo que
espero es recuperar otra vez la dignidad del político, que cuando se hable de un
político se sepa que es una persona honrada, honesta, una persona digna de la
confianza que pone en sus manos el pueblo”.
Mismo sueldo que como adjunta
La renovación de la institución está, precisamente, entre las
tareas pendientes del nuevo juego de mayorías de la X Legislatura y, en ese
contexto, se han producido algunas de las declaraciones de Cava de Llano de las
últimas semanas, en las que ha propuesto también a los bancos una moratoria hipotecaria para las familias perjudicadas por las
deudas hipotecarias e incluso la dación en pago para los casos más
extraordinarios. Reivindicaciones tradicionales de los partidos de la izquierda,
que han presentado también ante el Congreso iniciativas similares, como la moratoria invernal a los afectados por las hipotecas
propuesta por el partido de Cayo Lara.
Asimismo, ha presentado también al Parlamento el informe
“Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor
del Pueblo”, en el que se recogen otro grupo de soluciones para los hipotecados
que pasan por la supresión de tasas, la moderación de cláusulas penales, o la
paralización del devengo de intereses durante el proceso, que coadyuven a
superar las dificultades para atender los créditos pendientes de
pago.
Cava de Llano percibe como Defensora del Pueblo el mismo
sueldo que cobraba como adjunta primera y que ronda los 107.00 euros anuales,
algo inferior a los 115.000 que corresponden al alto comisionado de la
institución. La retribución del Defensor del Pueblo y sus adjuntos sufrió un
recorte de entre un 10 y un 15% en el año 2010, al igual que ocurrió entonces
con el suelo de los diputados, senadores y otros altos cargos, y ha permanecido
congelada desde entonces. La semana pasada, además, las mesas del Congreso y del
Senado aprobaron otro nuevo recorte de 3,4 millones de euros en el presupuesto
de las Cortes, de la Junta Electoral Central y del Defensor del Pueblo. Un
ajuste que, en el caso de esta última institución, afecta al 2% de su
presupuesto. En total, 303.630 euros.
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