Estela San José contra Pepe Blanco
Las primeras diligencias de la causa contra el ex ministro José Blanco en el
Tribunal Supremo ya permiten extraer una conclusión provisional: la jueza Estela
San José, titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo, comienza a reunir
las condiciones para ser candidata a ocupar, cuando llegue la ocasión, un sillón
en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sigue los pasos de otros
magistrados premiados con ese honor en causas altamente politizadas.
Si hay alguna seña de identidad que define la conducta de Federico Trillo,
actualmente en espera de destino, y de su partido, es que saben promover a los
magistrados/magistradas que hacen méritos evidentes. El PSOE, en cambio, el de
Zapatero y Rubalcaba, cuando llega la ocasión crucial aparta a José Antonio
Alonso, el hombre que negoció la constitución del CGPJ en el verano de 2008, y
deciden colocar al frente del CGPJ a Carlos Dívar "una operación para coger con
el pie cambiado al PP".
Ayer, el periodista José Manuel Romero, apuntaba en el diario El País, que el empresario Jorge Dorribo
"engañó a la juez [San José] para endosar un cohecho a José Blanco". Así, señala
que "Dorribo aseguró a la juez que tenía un documento que probaba que había
sacado 150.000 euros de un banco andorrano a principios de febrero de 2011 para
sobornar a Blanco. Ese dinero, según la documentación en poder de un juzgado de
Andorra, fue para pagar las deudas de una farmacia situada en el
principado".
Veamos. ¿No es más cierto que la juez San José decidió ignorar cualquier
diligencia que "le estropease la buena noticia" de enviar la causa al Tribunal
Supremo, el pasado 3 de octubre, un día antes del inicio de la campaña electoral
del 20-N? Pue sí, eso es más cierto.
Y recapitulemos cómo lo hizo. A iniciativa del fiscal jefe de Lugo, la juez
había solicitado un informe pericial sobre la contabilidad de las empresas que
presuntamente habían realizado y recibido los pagos declarados por el inculpado
Dorribo a Blanco y a su primo, Manuel Bran, empresario de instalaciones
eléctricas.
Pero la juez estaba en una carrera contrarreloj. Porque empezaba la campaña
electoral. Y entonces solicitó informe al fiscal sobre la competencia. Habida
cuenta de que Blanco era, y es, aforado, la competencia correspondía al Supremo.
El fiscal de Lugo confirmó que era así, pero añadió que un perito judicial
estaba elaborando su informe sobre los apuntes contables, que podría acreditar,
o no, la verdad de las afirmaciones de Dorribo. Y, además, quizá también debió
de poner el dedo en la llaga al recordar que es doctrina del Supremo no
interferir en política durante campañas electorales.
La juez, pues, dictó un auto el 31 de octubre, en el que dejaba constancia de
que enviaba una exposición razonada al Supremo. Le daba 3 días al fiscal para
recurrir en reforma y 5 para hacerlo en apelación a la Audiencia. Pero en lugar
de notificárselo al fiscal se lo ocultó. El fiscal, pues, no pudo recurrir. Este
periódico informó sobre la maniobra de enviar la exposición hurtando fiscal el
recurso. Y, después de ello, la juez notificó el auto al fiscal el 4 de
noviembre. ¡Lo
mantuvo oculto cuatro días!
La operación contra Blanco aporta una gran novedad a las relaciones entre
medios de comunicación y acción judicial. Normalmente, las declaraciones o datos
se filtran o son obtenidos por la prensa. Pero en este caso, el periódico
elegido por Dorribo y su abogado Ignacio Peláez para la campaña informa de que
el constructor en prisión ha declarado ante la juez (el 8 de agosto, tras lo
cual obtiene su libertad) que ha entregado a Blanco 400.000 euros. Pero la
declaración habla de 40.000.
Este cronista, al hallar esta contradicción, llama a Pélaez:
--Dorribo nunca dijo que eran 400.000, ¿de dónde sale esa cifra?
--Eso es lo que el ha dicho. No puedo dar datos -dijo el abogado.
Pero no es así. No lo había dicho. Sólo después de dejar
constancia en este diario sobre esta contradicción, o quizá por pura
coincidencia, Dorribo pidió declarar por segunda vez. Y dio nuevas cifras. No
hablaba de 400.000 pero aumentaba la cantidad inicial de 40.000. No contento,
aportó otros datos en una tercera declaración. Los peritos lo hubiesen aclarado,
pero la jueza no quería que la realidad le estropeara su buena
noticia.
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