España / cuatro beneficiarios en vida
PP, PSOE y CiU rechazan limitar las pensiones que cobran los expresidentes
La propuesta de UPyD, apoyada por IU-ICV-CHA, quería hacer incompatibles esas remuneraciones con honorarios privados
El
PP, el PSOE y CiU han coincidido en rechazar este martes en el Pleno del
Congreso la propuesta de UPyD, apoyada por
IU-ICV-CHA, de poner límites a las pensiones de las que disfrutan los
expresidentes del Gobierno y hacerlas incompatibles con honorarios privados.
La
iniciativa fue defendida por el portavoz adjunto de UPyD, Carlos
Martínez Gorriarán, quien considera "de ética política" acabar con estos
"privilegios" de "casta política" e imponer "el principio de igualdad ante la
ley", empezando por los presidentes del Gobierno, que tienen especial
"ejemplaridad".
Los
exinquilinos de la Moncloa tienen asignados unos 15.000 euros anuales para
gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles y,
desde 2008 pueden convertirse en consejeros natos y vitalicios del Consejo de
Estado y cobrar por ello.
Cuatro beneficiarios
Además,
Adolfo Suárez, Felipe
González, José María Aznar, perciben, como lo hará a partir del
próximo ejercicio José Luis Rodríguez
Zapatero, una pensión de alrededor de 80.000 euros al año cada uno que
pueden compatibilizar con los ingresos y rendimientos que obtengan como
consejeros o asesores de empresas privadas u otros derechos de contenido
patrimonial.
La
propuesta de UPyD, planteada la pasada legislatura por Rosa
Díez, busca limitar en el tiempo las prerrogativas de los exmandatarios y
hacer incompatible el cobro de su pensión pública con retribuciones procedentes
de la empresa privada, como ahora ocurre con González y Aznar, "fichados"
respectivamente por Gas Natural y Endesa con sueldos superiores a los 130.000
euros anuales
Para
Martínez Gorriarán, el problema no es la cuantía de esa partida presupuestaria,
aunque cree que "no es poco" teniendo en cuenta que a lo largo de los años se ha
ido extendiendo a expresidentes autonómicos, exministros o exconsejeros.
La
iniciativa contó con el respaldo de Esquerra Republicana, Compromís y de la
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo portavoz, José Luis
Centella, que hizo especial hincapié en las incompatuibilidad
argumentando que los expresidentes, como "los jarrones chinos", deben ser
"cuidados y mimados" en casa, pero no ponerse la venta al mejor postor.
Política-espectáculo
También
el portavoz adjunto del PNV, Aitor Esteban, incidió en
la conveniencia de no permitir compatibilidad entre las retribuciones públicas y
las privadas de los expresidentes -"O a setas, o a Rolex", resumió
gráficamente-. Ahora bien, dijo discrepar de la "política espectáculo" de este
tipo de propuestas contra quienes se dedican a la política.
También
el nacionalista catalán Jordi Jané censuró la
"política espectáculo" de este tipo de iniciativas y avisó de que los propios
políticos deberían evitar ese tipo de polémicas que contribuyen al desprestigio
de la su actividad.
El
PP y el PSOE fueron aún más claros en su rechazo a la propuesta. Para el
socialista Nacho Sánchez Amor, el
estatuto de los expresidentes del Gobierno es precisamente "la mejor garantía"
para separar los intereses públicos de los privados y subrayó que, si se recurre
a la experiencia de los exmandatarios, siempre será mejor que acudan con el
respaldo de fondos públicos en lugar de que estén a merced de una empresa
privada.
Pedro
Gómez de la Serna, portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional,
descalificó la iniciativa por "efectista" y remarcó que la regeneración
democrática es "incompatible con la demagogia". A su juicio, la sociedad
entiende que sus expresidentes del Gobierno no estén en su situación de
"infrarepresentación institucional", por lo que pidió "desterrar planteamientos
facilones".
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