Un juez cita como imputada a Corina Porro por falsedad documental
Según la querella, habría falseado un acta de la Fundación Puerto de
Vigo
PRIMITIVO CARBAJO Corina Porro en la antesala del juicio celebrado en septiembre por despido.
/ LALO R. VILLAR
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha citado a Corina Porro a
declarar como imputada en un posible delito de falsedad documental que, según la
denuncia que da pie a la apertura de las diligencias, se habría materializado en
dos hechos: la simulación de una junta universal del patronato de la Fundación
Puerto de Vigo (FPV) y del acta correspondiente a la misma y, subsiguientemente,
su comparecencia como presidenta de la FPV en un juicio celebrado en septiembre
de 2011, fecha en la que, según la denuncia, ya no ostentaba tal cargo, que le
correspondía a Ignacio López-Chaves como presidente que era de la Autoridad
Portuaria de Vigo desde meses antes.
Porro, actual presidenta del Consello Económico e Social de Galicia, está
citada a declarar el próximo 6 de marzo. La causa común de su paso por los
juzgados remite a la contratación que firmó el 16 de abril de 2010 —el mismo día
en que se constituyó la fundación— de Pablo Alborés como director-gerente y
secretario del patronato de la misma. Diversas tensiones surgidas en los
primeros días de funcionamiento de la FPV, según la versión de Alborés,
motivaron a Porro a proponerle que se retirara para reintegrarse a su puesto
después de las elecciones municipales de mayo de 2011, lo cual aceptó de buen
grado.
Pero unas semanas después, en mayo de 2010, Alborés recibió una
notificación de la FPV que le informaba de que el patronato de la misma había
aceptado su dimisión. Alborés niega haber presentado en ningún momento su
dimisión y, a mayores, que se celebrara el 30 de abril la junta universal del
patronato que se la aceptó. Cuando Alborés trató de reincorporarse a la FPV,
pasadas las elecciones de mayo de 2011 —en las que Porro, contra lo que
esperaba, no consiguió la alcaldía de Vigo—, no halló interlocutor ni dentro ni
fuera de la misma, lo que motivó su demanda por despido.
El documento supuestamente falseado refleja un acuerdo dudoso
El asunto cobra especial relieve porque en el contrato de Alborés figura
una cláusula de rescisión con su derecho a percibir el equivalente a 10 años de
salario —570.000 euros— en caso de despido improcedente. El juicio se celebró en
septiembre en el Juzgado de lo Social número 3 de Vigo y la magistrada sustituta
del mismo desestimó la demanda de Alborés, que recurrió la sentencia ante el
Tribunal Superior de Galicia, donde actualmente se tramita el caso.
Porro fue citada a ese juicio como testigo, pero compareció como imputada
tras acreditar su cargo de presidenta de la FPV, que entonces ya debería
ostentar Ignacio López-Chaves en tanto que presidente que ya era del Puerto. La
diferencia entre una y otra condición es que, como testigo, Porro hubiera estado
obligada a no mentir. El otro testigo, Mario Ubiaga, que sustituyó a Alborés
como director-gerente de la FPV y secretario de su patronato, afirmó que este no
se había reunido el 30 de abril, como certificaba el acta, que él mismo había
falseado “por orden de la presidenta”.
En la sentencia, sin embargo, “se da por supuesto que la reunión del
patronato, de carácter universal, de fecha 30 de abril, tuvo lugar y
efectivamente se celebró”. La juez desacreditó la declaración de Ubiaga, que
“difícilmente se sostiene debido a la falta de coherencia entre la misma y los
actos desarrollados” después por Ubiaga, ya que aceptó y desempeñó los cargos en
la FPV.
Los patronos tendrán que decir quién asistió a la junta universal de la
FPV
Ahora, en las diligencias penales por presunta falsedad en documento
público, volverán a declarar Porro y Ubiaga. También ha sido citado José Ramón
Costas, secretario de la Autoridad Portuaria de Vigo, y se ha librado oficio a
las distintas empresas integradas en el patronato de la FPV para que informen al
juzgado “sobre la persona que asistió en representación de cada una” a la junta
universal del patronato del 30 de abril de 2010.
En julio del año pasado, desde Novacaixagalicia se informó a EL PAÍS que no
había constancia de la asistencia ni a esa ni a ninguna otra junta del patronato
de ninguno de los dos representantes que le correspondían, uno por Caixanova y
el otro por la Fundación Caixa Galicia. Citroën, la Cooperativa de Armadores,
Termavi y Nosa Terra completaban el patronato.
500.000 euros de fondos públicos en un año
La Fundación Puerto de Vigo (FPV) recibió en torno a medio millón de euros
de fondos públicos durante su año de funcionamiento, desde abril de 2010 a las
elecciones municipales de mayo del año siguiente. La cantidad es estimativa, ya
que hay importantes incoherencias entre los registros contables e informaciones
de la propia FPV y las facilitadas por los organismos que contribuyeron a esa
financiación: Igape, Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo, Consellería de
Traballo, Autoridad Portuaria de Vigo...
Las únicas cuentas públicas de la FPV fueron presentadas ante la
Consellería de Presidencia —que ejerce su protectorado en tanto que “fundación
de interés gallego”— en junio de 2011 y corresponden a los ocho meses y medio de
2010 en que estuvo activa. En ellas destaca el consumo de 190.000 euros de los
220.000 registrados ante notario como dotación inicial aportada por los patronos
(60.000 de la Autoridad Portuaria de Vigo y 75.000 de las dos cajas de ahorros
como contribuciones principales) y la reserva de 318.955 euros para
“aprovisionamientos”, difícilmente probables en la medida que los citados
organismos públicos financiaban el grueso de sus actividades. Además, en el
mismo ejercicio consumió un crédito de 53.457 euros.
Esas propias cuentas de la FPV registran un ingreso de 115.860 euros
recaudados en un festival benéfico infantil, patrocinado por el Xacobeo, y que,
según se anunció en la presentación del mismo, estaban destinados a dos
organizaciones de ayuda humanitaria. Una recibió algo más de 3.000 euros y la
otra está en expectativa de recibir mil y pico.
Tanto Ignacio López-Chaves, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y,
teóricamente, de la FPV, como Xavier Touza, su tesorero, anunciaron el verano
pasado una “investigación” de las cuentas. Nada se sabe de sus resultados y, a
estas alturas, ni siquiera si la FPV existe. López-Chaves ni confirma ni
desmiente que sea su presidente y las oficinas que fueron su sede están en
alquiler. Lo que no obsta su exposición a pagar 570.000 euros por el despido de
Alborés.
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