La
fundación de Porro evita aclarar en qué gastó 319.000 euros en 2010
El
Xacobeo financió con 86.728 euros actividades que generaron más de 150.000
PRIMITIVO CARBAJO
La Fundación Puerto de Vigo
(FPV) que montó Corina Porro cuando presidía la Autoridad Portuaria y aspiraba
a la alcaldía viguesa iba a obtener 269.400 euros de beneficio en 2010, según
el presupuesto que acompañó el plan de actuación que presentó ante la
Consellería de Presidencia. Cerró el ejercicio -ocho meses y medio- con un
resultado neto de 767 euros y un pasivo de 267.347, después de fundir, en ese
periodo, 190.000 euros de su dotación fundacional (el 86% del total) y una
abultada cantidad de fondos públicos que las contradicciones contables impiden
concretar. La FPV siguió programando actividades en 2011, pero después de las
elecciones municipales de mayo cerró su sede, que ahora se anuncia en alquiler,
y nadie responde por ella. Son indicios de su quiebra.
Gastó
190.000 euros de la dotación fundacional y un crédito de 53.457
El Igape
asegura que aportó 15.091 euros y la fundación, que recibió de él 61.469
La FPV se presentó
públicamente el día de su constitución, 16 de abril de 2010. La escritura
notarial de constitución señala que "la dotación fundacional asciende a
220.000 euros, de la cual se desembolsa la totalidad de dicho importe" de
la siguiente forma: Autoridad Portuaria de Vigo, 60.000 euros; Caixa Galicia, 50.000;
Caixanova, 25.000; Pescanova, 10.000; Termavi, 25.000; PSA Peugeot Citroën,
25.000, y Remolcanosa, los 25.000 restantes.
Con esa dotación arrancó el
ejercicio cuyas cuentas se conocen ahora a través de la Consellería de
Presidencia, que ejerce el protectorado de la entidad y que evita todo
comentario sobre las lagunas contables, cantidades inciertas, incoherencias y
contradicciones con otros registros aduciendo que su función se limita a
"controlar la adecuación formal de las cuentas, es decir, que presentan
los documentos que dice la normativa: balance, memoria y cuenta de
resultados".
En la Memoria presentada por
la FPV ante Presidencia está en blanco la casilla del saldo inicial de la
dotación fundacional, de la que sí se indica, en cambio, un "aumento"
de 197.500 euros y una "disminución" de 167.500, para acabar con un
saldo de 30.000 euros. Lo cual, en román paladino, traduce el gasto de 190.000
euros de su dotación fundacional. A su vez, la FPV suscribió un crédito por
importe de 53.457 euros -cancelado en abril de 2011- que también consumió en
2010. De los 494.807 euros de "ingresos de la entidad por la actividad
propia" que apunta su cuenta de resultados, destinó 318.955 euros a
"aprovisionamientos" o "compras de bienes destinados a la
actividad". ¿Qué compró por ese importe cuando la misma cuenta registra
175.084 euros de gastos de personal y explotación? No es el único interrogante
que dejan las cuentas.
Cuando EL PAÍS destapó en
julio pasado las malas cuentas de la FPV, esta ya había remitido sus resultados
de 2010 a
la Xunta. La Consellería de Economía e Industria, "con el ánimo de allegar
la máxima transparencia", reconoció entonces que "el Igape
subvenciona el 50% de los gastos en que incurra la FPV con terceros",
según establecía un convenio suscrito el 30 de diciembre anterior pero que se
silenció hasta marzo siguiente. En esta fecha la Autoridad Portuaria de Vigo
informó de que "la presidenta de la FPV, Corina Porro, firmó el pasado
lunes, 28 de febrero [de 2011], un convenio con el conselleiro de Economía e
Industria, Javier Guerra, que asciende a 450.000 euros". La misma nota
concluía diciendo que la consellería "a través del Igape, mantiene un
convenio de colaboración con la FPV, a través del que subvenciona el 50% de las
iniciativas de la misma hasta 2012".
Pese a que la nota inducía la
existencia de dos convenios, el Igape aclaró que se trataba de uno solo,
trienal, en función del cual su aportación máxima en 2010 sería de 62.500
euros. "En cumplimiento de este convenio", añadía el Igape en julio
de 2011, "las cantidades pagadas en 2010 ascienden a 15.091,50 euros, ya
que los gastos justificados por la FPV y aprobados por el Igape como
subvencionables ascienden a un importe de 30.183 euros".
La Memoria de la FPV, sin
embargo, registran una aportación del Igape de 61.469 euros, muy alejada de los
15.091 que el instituto aseguró haber pagado. Por lo demás, de esa cantidad se
deriva que el coste de las actividades realizadas en 2010 por la FPV fue de
30.183 euros, lo que contrasta estrepitosamente, como un negocio sin parangón,
con los 494.806 euros que la FPV señala como "ingresos por la actividad
propia".
Este volumen de ingresos se
justifica con una partida curiosa, por lo exígua, de 1.000 euros, que fue la
recaudación por "cuotas de usuarios y afiliados", otra de 224.130 por
"ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones" y una
tercera de 269.676 por "subvenciones, donaciones y legados de
explotación", que se subdivide en "subvenciones del sector público"
(84.176 euros cuya procedencia no se concreta, ) y "aportaciones
privadas" (185.500 euros).
La S.A. de Xestión do Xacobeo
admite que financió en 2010 actividades de la FPV -que tampoco concreta- por
importe de 86.728 euros. La Memoria de la FPV señala que recaudó por sus
actividades, siete en total, 224.130, de los que al menos 150.266 euros (el
67%) corresponden a actividades explícitamente financiadas por el Xacobeo:
concierto de Raphael, Cantajuego y Mercadillo de Navidad. Considerando solo
estas tres, también habría resultado un estupendo negocio (86.726 euros de
gasto y 150.266 de recaudación).
La recaudación de esas
actividades financiadas con dinero público fue repartida, a mayor gloria
filantrópica de Corina Porro, entre distintas asociaciones benéficas, para los
necesitados locales (Afán) o del ancho
mundo (la ONG Pozos de Agua Mayo Rey, que preside Ventura Pérez Mariño, el
proyecto Mil Futuros de Caixanova...).
La FPV realizó ese reparto de
ingresos al tiempo que fundía 190.000 euros de su dotación fundacional y los
53.457 del crédito bancario que le fue concedido, hasta cerrar 2010 con un
pasivo de 267.347 euros. En 2011 siguió recibiendo recursos de la Xunta. Pero
ahora está apagada -sin oficinas, con el patronato diezmado y sin
interlocutor que aclare nada-, a refugio de la transparencia y austeridad que
predica la Xunta que la financió.
En el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia está pendiente de resolución el recurso de
súplica interpuesta por el primer secretario-gerente de la Fundación Puerto de
Vigo (FPV), Pablo Alborés, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
3 de Vigo, que desestimó su demanda por despido improcedente. En ella "se
da por supuesto" que el patronato aceptó una dimisión que Alborés asegura
no haber presentado nunca, como tampoco la citada reunión del patronato que la
aceptó. El fallo desacredita el testimonio de Mario Ubiaga, que sucedió a
Alborés en el puesto y se encuentra de baja laboral desde hace más de un año.
Ubiaga afirmó en el juicio, celebrado en septiembre, que falseó el acta de la
reunión del patronato "por orden de la presidenta".
La presidenta, Corina
Porro, fue citada a ese juicio por el demandante en calidad de testigo, pero
compareció como imputada, lo que la eximió, a priori, de la obligación de decir
la verdad. Negó las acusaciones y el juez creyó su versión, entre otras cosas,
porque la cantidad reclamada -570.000 euros, según una cláusula de rescisión
del contrato- "comprometen de manera cierta y actual el patrimonio de la
Fundación".
La que fuera su sede
está en oferta de alquiler. Una nota en la puerta informaba el lunes de que la
FPV "ha trasladado sus oficinas" y facilitaba un dirección
electrónica. EL PAÍS se dirigió a esa dirección, sin obtener respuesta. El
miércoles desapareció la nota. La FPV está en un limbo. El actual presidente
del Puerto, López-Chaves, ni siquiera ha querido responder a si él ostenta la
presidencia de la FPV, a la que el Puerto aportó 60.000 euros al menos.
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