El caso de Dolores Amorós la ex directora general
de la ya quebrada Caja de Ahorros del
Mediterráneo es solo una muestra de la deficiente manera que han funcionado
tantas y tantas instituciones en época de cisis y nos alerta del deficiente
estado mental de nuestra clase dirigente tanto bancaria como política que se
creyó que el dinero era el fin último y que han estado pululando por las
administraciones públicas o los consejos de administración y que han saqueado
las cuentas públicas de este país.
La ex directora general de la CAM
María Dolores Amorós hundió la
entidad; el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB) concluyó que "actuó en beneficio propio al calcular su
propia pensión vitalicia" y cuestionó su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la
debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión", pero eso
sí... ella ha reclamado un
'premio' por su labor.
Además de asignarse una renta
vitalicia de cerca de 370.000 euros ha tenido el valor de reclamar 10 millones
de euros en concepto de "lucro cesante"... Pues menos mal que es "cesante",
porque ya está bien de lucrarse a costa de los demás. Sin embargo, parece que
todavía le queda la poca vergüenza de reclamar la cantidad que hubiera cobrado
en los 17 años que le quedaban como empleada hasta su jubilación, a lo que
habría que sumar el doble de la cuantía en concepto de despido
improcedente.
El extenso fallo de la juez María Paz Fernández, de 67 páginas,
resulta contundente. Tras la exposición de hechos, la magistrada arranca su
argumentación desmontando por completo la pretensión de la exdirectora general
de la CAM de que el despido se
declarase nulo porque se había vulnerado su derecho al honor. La solicitud se
basaba en la divulgación de la carta de motivos que redactaron los
administradores del FROB para
comunicarle el cese, en la que se le acusa de graves
irregularidades.
Habrá que ver lo que ocurre ahora con
sus compañeros de rapiña. Entre Roberto
López Abad, Vicente Soriano, Joaquín Meseguer, Gabriel Sagristá, Agustín Llorca
y Daniel Gil se embolsaron 15,5 millones de euros al retirarse.
Ahora que tanto se habla de los tipos
de despido procedente, improcedente y objetivo... ¿alguien puede sostener que
este no estuviera 100% justificado? Se podría incluso añadir un tipo más con una
indemnización a la inversa... ¿por qué no se contempla que devuelva todo el
dinero estafado y pague además una multa por obligar a emplear dinero público en
solucionar su mala gestión?
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