El Gobierno ha autorizado a
Repsol YPF a realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de
Fuerteventura y Lanzarote a 50 kilómetros de las Islas Canarias dentro de zona marítima española. De esta
forma, el Ejecutivo convalida los permisos que en 2001 le otorgó a Repsol YPF para llevar a cabo
exploraciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote y
que el Tribunal Supremo suspendió en 2004 por defectos de forma respecto a
consideraciones medioambientales. Las estimaciones para todo el área,
que abarca más de 6.100 kilómetros cuadrados entre la costa marroquí y las Islas
Canarias, apuntan a unas posibles reservas de más de 100.000 barriles de
petróleo diarios, el 10% del consumo total nacional.
Las reservas estimadas indican que la
explotación de este área, que se sitúa a más de 50 kilómetros de la costa
canaria, podría alargarse entre 20 y 25 años. En este tiempo, se
reduciría el déficit comercial de España en 28.400 millones, se generarían unos
ingresos adicionales derivados del Impuesto de Sociedades de 700 millones al año
y se crearían 5.000 empleos. Las empresas, por su parte, tendrían que acometer
inversiones por 9.000 millones.
Las compañías calculan que la
probabilidad de éxito se sitúa “en la parte alta” de la franja que oscila entre
el 10% y el 25%. Finalmente, en el supuesto de que la investigación resulte
positiva, “en ocho o diez años –es decir, 2022-2024–” comenzarían a extraerse
los primeros barriles de petróleo.
Cerca de allí (ver mapa) y en mar
territorial marroquí ya se están en explotación desde hace varios años varias
plataformas petrolíferas que está dando una buena producción al reino de
Marruecos.
No obstante el presidente del Gobierno de Canarias,
Paulino Rivero opina que el actual Gobierno “ha
despreciado a las instituciones autonómicas y locales que velan por los
intereses de los canarios”, tanto por las formas como por el fondo
incorporándose rápidamente a la protesta el Secretario Federal socialista de
Sostenibilidad, Hugo Morán, que dice que este proyecto "quiebra el principio de cooperación
institucional vigente en el ordenamiento español y vulnera groseramente el de
garantías ambientales vigente en la UE, poniendo intereses privados por encima
del interés general".
No podría ser menos… los socialistas
están ahora en todos aquellos frentes que puedan ir en contra del Partido
Popular, aunque también perjudiquen a la población, ya que los motivos aducidos
sobre un posible accidente de una de las plataformas dañaría con toda seguridad
a las costas canarias, sea la instalación española o marroquí. ¿Que intereses
están defendiendo realmente Coalición Canaria y el PSOE? ¿No será ésta una nueva edición de la movida
que llevó a la suspensión del Plan Hidrológico cuando entró
Zapatero?.
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