Las comunidades autónomas han pactado
reducir el déficit desde el 2,9% registrado al cierre de 2011 al 1,5% que les ha
marcado el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) a partir del
nuevo programa de estabilidad presupuestaria. Un modesto avance que habrá que
cumplir inexorablemente si se desea mantener el sistema autonómico sin reducir
servicios esenciales tal como se planteó inicialmente. Conviene recordar que el
déficit autonómico y, en menor medida el municipal, han sido los elementos
decisivos en el hecho de que el desequilibrio presupuestario del conjunto de las
administraciones públicas fuera el pasado año del 8,5 por ciento en lugar del
previsto 6 por ciento. La mayor
dificultad estará en 2013 cuando desde 5.8% ahora impuesto por Rajoy será
necesario hacer una nueva reducción hasta el 3%
Esta tarde el gobierno ha lidiado la
parte más delicada de su política económica. Rajoy tiene que imponer a las
autonomías el techo de déficit que no puede ser mas del 1.5%.
Andalucía se ha opuesto creo yo por razones electorales, para la consejera andaluza ese
reparto desigual y, por ello, que se "someta a las comunidades a un
plus de exigencia", solo tiene "una justificación", es decir,
"poner en crisis la prestación del modelo de bienestar".
"Se quiere hacer negocio con lo que son derechos y prestaciones
básicas".Se han abstenido Cataluña y Canarias. Y este es solo el primer
envite. Solo Madrid y Galicia cumplieron las expectativas para
2011. Siendo conscientes que Cristóbal
Montoro, que dice que no tiene intención de volver a subir los impuestos
para reducir el déficit presupuestario, cosa que, desde luego, los españoles le
agradeceremos mucho.
La aparente firmeza en el tope de
déficit puede encontrar una indeseable válvula de escape en la lamentable
decisión del ministro Montoro de elevar
el tope de deuda de las autonomías hasta el 13 por ciento de sus respectivos
PIB, reflejada en el proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
aprobado en el último Consejo de Ministros, frente al 10% que fijaba el
anteproyecto de dicha ley de 27 de enero de 2012. Esperemos que la posibilidad
de contraer nuevos créditos, que este nuevo tope permitirá a muchas autonomías,
no sea una forma de burlar el esfuerzo por ajustar gasto e
ingresos.
Si el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, dice que no tiene intención de volver a subir los impuestos para
reducir el déficit presupuestario, cosa que, desde luego, los españoles le
agradeceremos mucho, entonces no tendrá más remedio que empezar a trabajar en lo
que, en cualquier caso, debe ser una de las reformas fundamentales de esta
legislatura: La reforma del carísimo e
insostenible sector público.
Pero el problema real no consiste en
cuadrar las cuentas este ejercicio sino en conseguir que los problemas
presupuestarios de hoy no vuelvan a reaparecer mañana, cuando la economía
española enfile la senda de la recuperación y los Ejecutivos regionales vuelvan
otra vez a las andadas con sus gastos y solo hay una posibilidad, reducir el
número de empleados públicos innecesarios que el Gobierno Zapatero y los
virreyes autonómicos han sobrecargado los gastos de las administración locales y
autonómicos desde 2.004 y esto tendrá
que hacerse a partir de la aprobación del presupuesto de 2012. Mientras la
administración central ha reducido en esta década el 22% su personal, las
comunidades lo han aumentado un 44% y las corporaciones locales un 39%. Calculo que existe un excedente de 600.000
empleados públicos que tendrán que pasar ineludiblemente a la empresa privada
o…al paro.
En cualquier caso, los gobernantes
autonómicos y municipales no sólo deben reducir su personal directo, sino que
deben cerrar ya la sangría que suponen las televisiones autonómicas, la
duplicidad de competencias, las embajadas, los ineficientes empresas o los
costosísimos delirios culturales e identitarios a cargo del contribuyente. Hay
multitud de ayuntamientos que pueden y deben fusionarse, como también se debe
abrir un debate sobre si es conveniente que las autonomías ejerzan competencias
que también ejercen diputaciones y ayuntamientos.
A la reducción de su volumen de sus
administraciones tendrán que aplicarse los distintos responsables de autonomías
y ayuntamientos sin excepción a partir de ahora, ya no por las imposiciones de
Bruselas, sino para evitar la quiebra
del país y lograr su supervivencia.
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