El Rábano por las hojas
Existe un gran desconocimiento acerca
de las finanzas de los dos grandes sindicatos de izquierdas, básicamente por dos
razones: 1) sus fuentes de financiación son tan numerosas, que un equipo de
peritos contratados por los propios sindicatos necesitaría no menos de seis
meses al año para identificar todos los cauces del trinque; 2) sus cuentas no
están sometidas al escrutinio de los organismos fiscalizadores del estado, en
contra de lo que afirman sus líderes, que tampoco parecen muy por la labor de
aportar luz al respecto: total, mientras el dinero público fluya con abundancia,
la supervisión no sería más que una costosa excentricidad.
Los dos
grandes sindicatos disfrutan del usufructo de los edificios que les fueron
cedidos por el estado cuando se desarbolaron los sindicatos verticales del
Franquismo; edificios que, según la ley ad hoc aprobada en su momento, formaban
parte del patrimonio sindical incautado durante la guerra civil y la inmediata
posguerra. De nada sirvió a algunos sindicatos hoy minoritarios, pero entonces
boyantes, como la CNT, aducir que Comisiones Obreras se había fundado en los
años sesenta y que, por tanto, no podía haber sido objeto de incautaciones
patrimoniales treinta años antes.
A pesar de la evidente injusticia, la
paz social y el relevante papel de las dos centrales mayoritarias de la
izquierda como "interlocutores sociales" facilitaron que se les adjudicara un
número impreciso de inmuebles, generalmente situados en las zonas más nobles de
las capitales de provincias, por los que no pagan un solo euro de alquiler. Por no pagar, no pagan ni el IBI, que para
eso Aznar se encargó de elaborar otra ley que les declaraba exentos del
susodicho.
Con estas peculiares condiciones, el sindicalismo es una actividad
empresarial que sólo recoge beneficios sin apenas coste, porque ¿en qué gastan el dinero los
sindicatos? Una empresa al uso, además de pagar a los trabajadores, ha de
comprar materias primas, transformarlas, establecer canales de distribución y
vender sus productos. Con lo que le queda, ha de pagar el impuesto de sociedades
y el resto de tasas fiscales y sociales exigidas por el estado.
Un sindicato realiza su actividad en
unos locales que no le cuestan un euro, recibe subvenciones para llevarlas a
cabo... y se queda con el resultado empresarial sin liquidar ninguno de los
impuestos que todo contribuyente ha de satisfacer si no quiere pasar las de
Caín. Por no pagar, no pagan ni los impuestos que deberían por los dividendos e
intereses que les reportan sus inversiones en los mercados
financieros.
El único coste conocido que tienen es
el de sus trabajadores, situación de privilegio que no disfruta empresa alguna
en un país civilizado.
No hay industria más boyante en
nuestro país que el sindicalismo de clase (alta). Con unos ingresos fijos más que abultados,
costes de producción prácticamente inexistentes y exenciones fiscales de todo
tipo, si cotizaran en bolsa, UGT y CCOO formarían parte del IBEX 35. ¡Vaya que
sí formarían!
La pregunta que nos hacemos llegados
a este punto cae por su peso. ¿Cómo es
posible que, teniendo tantísimos ingresos y unos gastos ciertamente escasos, y
estando como están exentos de tributación, UGT y CCOO estén despidiendo
trabajadores y haciendo eres a mansalva? A ver si tienen un ratito Méndez y Toxo y nos lo aclaran. Sólo por curiosidad.
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