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domingo, 8 de abril de 2012

Atentado contra la calidad educativa.



Cada vez es mayor el rechazo de la ciudadanía a la política de recortes de la Junta de Castilla y León. Una política que, en opinión de los entendidos, traerá más paro, más insatisfacción y más desconfianza en la Consejería de Educación.
Tales recortes y paro son consecuencia del Plan de Racionalización del Gasto Público, cuyas medidas son un ‘atentado’ al profesorado, a su dignidad y a su profesionalidad, además de repercutir directa y negativamente en la calidad de la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo.
La ciudadanía no tiene más que echar una ojeada a las medidas adoptadas. Sépanse: incremento de horarios lectivos y ratios; recortes absurdos de plantillas consolidadas; becas eliminadas; amplios recortes en infraestructuras; despido de interinos; reconversión brutal de plazas de maestros,… No hay duda que todo eso tendrá repercusión en los logros alcanzados y consolidados en los últimos años. Parece como si algún descontrolado ‘parásito’ de los que acompañan a Juan Vicente Herrera estuviera interesado en hundirle y, de paso, dañar al sistema educativo de Castilla y León.
No debe echarse en el olvido la medida del ‘céntimo sanitario’. Un céntimo que no es uno sino 4,8 céntimos por litro. Además de perjudicar al profesorado, ya está surtiendo efectos negativos en los surtidores limítrofes con otras comunidades que no lo tienen implantado o han implantado un solo céntimo; ahí está la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de gasolineras y la falta de planificación demostrada por la Junta y su Consejería de Hacienda. No nos cansaremos de pedir la dimisión de la consejera de Hacienda y del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. De ahí que aprovechemos esta ocasión para hacerlo una vez más.
El actual cambio de las condiciones laborales de los docentes, su merma de las retribuciones y un sin fin de situaciones retrógradas han oscurecido las promesas de la Junta. Unas promesas que nunca llegaron a cumplirse y que son un ataque frontal a los derechos laborales, éticos y sociales de los docentes de Castilla y León.
No tenemos ninguna duda: la Junta de Castilla y León ha entrado en guerra con la ciudadanía en general y, en particular, con los contribuyentes, además de ser ejemplo de retorcimiento en los presupuestos dedicados a la educación. Ni que decir tiene que el elenco de medidas también es un ataque sin precedentes a lo que conocemos como Estado del Bienestar. Por si no era suficiente, ahora dice el ministro de Hacienda que las próximas reformas serán Sanidad y Educación. ¡Para echarse a temblar!
 
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