Los ajustes que las autonomías han
presentado delante del CPFF (Consejo de politica fiscal y
financiera) serán
suficientes, en opinión del Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit
regional para este año: 1,5% del PIB. Los planes extra de las autonomías
ascienden a un total de 18.349 millones de euros para 2012. De esta
cantidad, por el lado del gasto, el recorte se sitúa en 13.071 millones,
mientras que las CCAA prevén ingresar 5.278 millones extra en este
ejercicio. Sólo
Asturias que tendrá que reajustar 616 millones adicionales ha suspendido
el primer examen de Cristóbal Montoro. Con el aviso de que habrá una
vigilancia constante y un férreo control de las cuentas autonómicas a lo largo
de todo el año. Ahora, estos informes serán remitidos a Bruselas, que
previsiblemente dará el visto el bueno.
Poner en orden las cuentas públicas es un
deber ineludible, y eso es lo que está haciendo Mariano Rajoy desde que tomó las
riendas del Gobierno. La política reformista y de ajuste emprendida va por el
buen camino. Las medidas son las necesarias y cuenta con la convicción y el
respaldo de un Ejecutivo que tiene la mayoría en el Parlamento. España no está
amenazada de una intervención ni necesita presiones de ningún tipo porque se
están haciendo las cosas bien. Aunque tiene muchos y muy importantes problemas
heredados del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, ni este Gobierno tiene
nada que ver con su antecesor, ni España es Grecia ni cabe en la cabeza de nadie
la posibilidad del corralito.
La situación generada en los últimos días
por la subida de la prima de riesgo española, que ayer volvió a superar la
barrera psicológica de los 500 puntos básicos, es difícil y complicada, ya
que está dificultando la financiación y encareciéndola innecesariamente. La
factura de la deuda en intereses ya supera los 30.000 millones anuales y
de seguir así pueden acabar estrangulando la economía. España tiene deberes que
hacer, y los está haciendo. Ahora es la hora de Bruselas y del BCE para, como
dijo ayer Rajoy, “garantizar la sostenibilidad de la deuda pública”. Ahora habrá
que confiar en que Bruselas haga sus deberes para que la espiral de
encarecimiento de la deuda vuelva a su cauce.
Con varias autonomías en el punto de mira
del Ministerio de Hacienda por sus incumplimientos reiterados y la pésima
evolución de su calidad crediticia, la sesión se saldó con un requerimiento
formal al nuevo ejecutivo autonómico asturiano, que habrá de recortar
sensiblemente sus presupuestos y presentar un nuevo plan dentro de quince días,
y también al gobierno andaluz, de cuyo cumplimiento del objetivo de déficit cabe
albergar también serias dudas a pesar de los primeros recortes de gasto
introducidos por la coalición de izquierdas actualmente en el poder.
Ahora bien, no hay que perder de vista
que se trata simplemente de los documentos elaborados por las propias autonomías
en torno a la previsión de gastos e ingresos para este año y que ambas partidas
pueden variar sensiblemente en los más de seis meses que quedan hasta el cierre
del ejercicio. Este factor de provisionalidad en las cuentas de las autonomías,
de cara al cumplimiento del objetivo de déficit situado en el 1,5% del PIB, ha
sido tenido muy en cuenta por el ministro Montoro, que ya ha avisado de la
intención de su departamento de vigilar estrechamente el desarrollo de estos
planes de restructuración financiera presentados por los responsables económicos
de los distintos gobiernos regionales.
Actuar de otra manera sería una
irresponsabilidad por parte del gobierno, ahora que toda la atención de
inversores e instituciones internacionales está centrada en su capacidad de
control sobre diecisiete reinos de taifas indisciplinados, cuya disparatada
política de gasto a lo largo de todos estos años ha sido la principal culpable
del drama que vive el país.
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