Los enormes y casi siempre disparatados derroches de José Luis Rodríguez Zapatero dejaron las arcas públicas hasta sin telarañas. En esos casi ocho años al frente del Gobierno, batió todos los records de despilfarros. Mariano Rajoy, al hacerse cargo del Gobierno, hereda un déficit fiscal de 90.000 millones de euros, 27.000 millones más de lo que mendazmente aseguraban los responsables del Gobierno socialista saliente. La situación para el nuevo Gobierno es extremadamente complicada, ya que el total de la deuda acumulada alcanzaba la escalofriante cifra de 340.788 millones de euros y los intereses de la misma rondan los 29.000 millones de euros anuales. No hay dinero ni para pagar los servicios sociales básicos.
A Mariano Rajoy le pasó con Zapatero lo que a Vespasiano con el extravagante Nerón. Cuando Vespasiano llegó al trono imperial de Roma, se encontró sin dinero. El alocado despilfarro de Nerón y la guerra civil desatada para sucederle dejaron las arcas del Imperio completamente vacías, sin un solo sestercio disponible. Investido ya como emperador, Vespasiano demostró ser un buen administrador, redujo al mínimo los gastos superfluos, reorganizó de una manera más racional la administración y, además de una nueva serie de impuestos, introdujo algunos tributos muy especiales que incrementaron rápidamente la recaudación.
Esperemos que Rajoy sea tan hábil como Vespasiano para reordenar nuestra maltrecha economía, a base de racionalizar los gastos y de controlar adecuadamente nuestras fuentes de ingresos. Las necesidades presupuestarias son tan agobiantes que el Gobierno de Rajoy, no ha tenido más remedio que incrementar el impuesto del IRPF y establecer un tributo, el copago farmacéutico, que está resultando extremadamente polémico. De todos modos, no tan polémico y tan controvertible como el “vectigal urinae”, el gravamen especial que el antiguo emperador romano impuso a los establecimientos que utilizaban la orina recolectada en las letrinas y en la vía pública para el curtido de pieles o para la limpieza de textiles.
Desde que en diciembre de 1942 se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad, hasta nuestros días, la sanidad española, ha experimentado varios y profundos cambios. En 1978 se crea elInsalud y se establece la universalidad del derecho a la salud. La UCD, en 1981, comete una garrafal torpeza al traspasar a la Comunidad Autónoma de Cataluña los servicios sanitarios que venía gestionando el Insalud. En 1984, dos años después de llegar al Gobierno, el PSOE hace lo propio con Andalucía. Es en 1986 cuando el Insalud, se transforma en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y se traspasan las competencias sanitarias a Valencia, al País Vasco, a Navarra y a Galicia. A Canarias le llega el turno diez años más tarde, en 1984. El proceso de descentralización sanitaria culmina en 2002, que es cuando el Partido Popular trasfiere las competencias sanitarias a las diez comunidades restantes, regidas por el artículo 143 de la Constitución.
El 1 de enero de 2002, el Gobierno central cede definitivamente su labor gestora y organizativa del servicio público de salud a las distintas Comunidades Autonómicas. Pasa a desempeñar exclusivamente el papel de simple coordinador del sistema sanitario descentralizado. A partir de esa fecha, son los gobiernos autonómicos los que se responsabilizan de la gestión y de la organización de los servicios de salud y, por consiguiente, de la financiación adecuada de los mismos.
Es cierto que la sanidad española vive desde hace mucho tiempo, y por muy diversas razones, en un constante estado de déficit estructural y sus presupuestos son manifiestamente cicateros. Hasta la descentralización del sistema sanitario, los déficits de cada año no eran preocupantes porque se enjugaban oportunamente, al final de cada ejercicio, con la socorrida deuda del Estado. Al transferir este servicio público de sanidad a las Comunidades Autónomas, el problema crece desmesuradamente, ya que se dispara el consumo de medicamentos. Se mantienen, es cierto, los servicios de sanidad, e incluso se mejoran en algunos, pero es siempre a base de acrecentar sistemáticamente el déficit de cada Comunidad Autónoma.
Por este motivo, algunas comunidades se han endeudado más de lo razonable y apenas si pueden hacer frente ya a los gastos farmacéuticos. De hecho, hay comunidades que están pagando los medicamentos a más de 800 días vista, ocasionando así un grave perjuicio económico a los proveedores sanitarios habituales. Y esto es tan injusto e inaceptable como obligar a los pensionistas a pagar parte de los medicamentos, implantando por decreto el dichoso copago farmacéutico.
Está meridianamente claro que el Gobierno de Mariano Rajoy huye de manera instintiva de las complicaciones, escabulle el bulto cuando otea algún obstáculo espinoso. Y para no tener problemas con las Comunidades Autónomas rebeldes, optó por lo más fácil: en vez de adelgazar de una vez nuestra absurda y abultada estructura administrativa y recuperar nuevamente las competencias sanitarias, exige sacrificios y privaciones a los de siempre e impone a los jubilados una tasa recaudatoria por enfermedad. Con las competencias sanitarias en manos del Estado, dejaría de ser tan acuciante la necesidad de buscar ingresos más o menos atípicos y de rebote, contribuiría notablemente a devolver la necesaria igualdad entre los españoles al tener acceso todos a las mismas prestaciones sanitarias.
Es evidente que algo urgente había que hacer, pues la sanidad española llevaba ya tiempo en crisis y peligraba seriamente su sostenibilidad. Pero es absurdo imponer gravámenes por el hecho de estar enfermo, y continuar soportando tanto gasto ineficiente como hay en la administración pública. Y para colmo de males, viene la ministra de Sanidad, Ana Mato, y justifica ese tipo de terapia, dando a entender que, por culpa de la gratuidad del servicio, los pensionistas abusan del sistema sanitario consumiendo cantidades enormes de medicamentos. Y no es así. Se ha llegado a esta situación económica lamentable de la sanidad, porque los gestores de la misma, en vez de utilizar criterios empresariales, la han regido aplicando criterios estrictamente políticos. Este es, y no otro, el principal motivo de que el gasto en el sistema sanitario se haya doblado desde que las autonomías se hicieron cargo de su gestión.
Pero aún así, el gasto sanitario en España es francamente moderado si lo comparamos con los países de nuestro entorno, y eso que nuestra sanidad es bastante más completa que la del resto de Europa. Si nos atenemos al informe que realizó la Organización Mundial de la Salud en 2011, nuestro gasto sanitario público está 821 dólares por habitante y año por debajo de la media de la Unión Europea de los 15 países, entre los que se encuentra España. Si nos comparamos con la Unión Europea de los 27, entonces estamos solamente 43 dólares por debajo de la media. Esto es debido a que Rumania, Bulgaria y los tres países bálticos de Lituania, Estonia y Letonia gastan muy poco en sanidad.
Es inadmisible, por lo tanto, que intenten justificar la implantación del copago por el excesivo gasto farmacéutico, y menos por el descontrol en el gasto de los mayores. Y encima quieren hacernos ver que no se trata de una medida recaudatoria, que solamente buscan fomentar el ahorro. A la ministra Ana Mato le importa muy poco pervertir el lenguaje, ya que, a la vez que da ese rejonazo a los mayores, quiere hacernos creer que se trata simplemente de garantizar la asistencia “gratuita, universal y de calidad”. Y esto se lograría reduciendo un 10% la factura sanitaria para ahorrar unos 7.000 millones de euros al año.
Para lograr esto, acuden a la vieja terapia de Vespasiano: impuestos y más impuestos. Los pensionistas, los que durante su vida laboral soportaron todo tipo de tributos y deducciones sociales para tener cubiertos estos servicios asistenciales, tienen que volver a pagar esa nueva tasa por enfermar. Y estamos otra vez con lo de siempre. Dice la ministra del ramo sanitario, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de los distintos países, que somos los que menos pagamos y la faltó un pelín decir que somos los que más medicamentos consumimos. Se contuvo finalmente y dijo que España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos. Pero que alguien me diga cómo se compagina esta afirmación con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, según la cual, en 2011, en gastos sanitarios ocupamos el penúltimo lugar en la UE de los 15 países.
Está bien que se elimine el turismo sanitario y se controle el acceso a la tarjeta sanitaria de los extranjeros. Sería también interesante que se adecuaran los envases de los fármacos de una manera más racional, teniendo en cuenta la duración estimada de los tratamientos. Así no irían tantos medicamentos a los Puntos SIGRE de las farmacias o, lo que es peor, directamente a la basura. Todo esto aligerará en parte los gastos farmacéuticos, pero no será suficiente. Hace falta algo más. La sostenibilidad del sistema sanitario terminara lamentablemente siendo inviable si la administración central no asume de nuevo esas competencias. Y después gestionarla, claro está, con criterios estrictamente empresariales y no políticos.
Y los recortes hay que hacerlos donde merezca la pena y donde se eliminen gastos inútiles y que no aporten nada, como es el caso de las duplicidades en las administraciones públicas. Nuestra estructura administrativa, al tener un volumen tan desmesurado, además de ser ineficiente, genera unos gastos desorbitados. Y los ciudadanos le han dado Mariano Rajoy esa mayoría tan notable para que racionalice esa estructura y la haga viable, operativa y moderna. Y ya es hora de que se ponga las pilas y comience a recortar donde hay mucho que recortar, simplificando la administración y no donde los recursos son escasos.
Que no me digan que no sobran en España parlamentos y parlamentarios. Sobran también defensores del pueblo y consejeros. Sobran coches oficiales y multitud de cargos de confianza. Por sobrar, sobran ayuntamientos, y por supuesto sobran televisiones públicas y hasta sobran privilegios de los políticos y de los amigos de los políticos, además de otras muchas cosas. Esperemos que Rajoy se deje de remilgos y se moje de una vez, que es lo que le piden los que le dieron sus votos.
Gijón, 2 de mayo de 2012José Luis Valladares Fernández
Criterio Liberal. Diario de opinión Libre.
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