“Alguien puso ‘luz’ en la frente de Juan
Vicente Herrera y éste, como pardillo desde el aire, pensó que todo el monte era
orégano”, decíamos hace dos meses cuando nos referíamos al nuevo impuesto
que pretendía implantar Castilla y León. Eso es lo que pasó con la ambición de
algunos políticos de esta tierra: dieron el visto bueno al mal llamado céntimo
sanitario y la gravedad de las consecuencias no ha tardado en aparecer.
Los ‘sesudos’ asesores del presidente, Juan
Vicente Herrera Campo, pretendían lograr alrededor de 140 millones de euros al
año y, dos meses después de implantado ese impuesto, las pérdidas son
abrumadoras: las ventas de combustible han caído casi un 39% desde que el 1 de
marzo se implantara en la Comunidad.
Lo del céntimo sanitario es una prueba de cómo se
hace política en Castilla y León. La desproporcionada ambición se la van a tener
que ‘comer’ con sapos y culebras los fieles de Juan Vicente Herrera. El gobierno
regional pensó que con el nuevo impuesto, a razón de 4,8 céntimos por litro de
combustible que se repostara en la Comunidad, iba a ver saneadas sus maltrechas
y peor gestionadas arcas, pero los datos de la primera semana de mayo dicen que
la medida ha tenido un claro efecto nocivo: ha subido el precio de venta al
público de los carburantes y ha castigado a numerosos sectores como las
gasolineras, tiendas, hostelería y otros negocios vinculados al trasporte.
El céntimo sanitario es un impuesto indirecto
estatal que se creó en el mes de enero de 2002 y que se cedió a las autonomías,
con la excepción de Canarias, Ceuta y Melilla. En Castilla y León no se había
hecho uso de ese impuesto hasta ahora y, recientemente, se ha incluido en el
anteproyecto de ley de Medidas Financieras para 2012. Posiblemente sea una de
las más nefastas medidas adoptadas en la región; precisamente la Comunidad donde
mayor es el aumento del paro, más elevada la pérdida de puestos de trabajo,
menor la inversión y donde más daño y mayor represión se está infringiendo a la
educación y a la sanidad.
No hay que dejar pasar otro dato; en marzo las
ventas de carburante bajaron un 42% desde la implantación del impuesto. ¡Para
llevarse las manos a la cabeza! Eso quiere decir que se está estabilizando el
empeoramiento económico del sector y empieza a verse como algo normal. Otra
prueba más de la desidia y mediocridad de los políticos de Castilla y León,
incapaces de comprender que sobran la mitad de ellos pero siguen engordando las
nóminas de la Administración.
Desde el 1 de marzo pasado, tanto León como
Castilla sufren la indignidad de sus dirigentes. ¿Cómo? Pues miren ustedes:
entre la subida de 4,8 céntimos del impuesto por litro más el 18% de IVA,
resulta que pagamos por litro 5,67 céntimos más que en otras autonomías. Nadie
debe sorprenderse que muchos ciudadanos de la Comunidad compremos el combustible
en garrafas de 250 litros pero en otras comunidades limítrofes donde no está
implantada esa patochada de impuesto.
¿Entienden ahora la torpeza de los dirigentes de
Castilla y León? Pues pueden estar seguros que eso no es nada cuando se conozca
el dato de diciembre. Se demostrará que la Junta es — además de represora para
la ciudadanía de su Comunidad– el hazmerreír de todo el territorio nacional. Doy
fe.
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