Los que hemos tenido profesionalmente algo que
ver con el mundo de la electrónica, estamos habituados a realizar todo tipo de
ajustes en los distintos circuitos. Para cada ajuste se cuenta normalmente con
dos potenciómetros, uno para ajuste grueso y otros para lo que llamamos ajuste
fino. Por pura lógica, comenzamos la operación poniendo el potenciómetro de
ajuste fino en el punto medio. Actuamos seguidamente sobre el otro
potenciómetro, el del ajuste grueso, para que el valor predeterminado de salida
quede dentro de unos márgenes de referencia. Es después de esta operación cuando
maniobramos sobre el potenciómetro de ajuste fino, para fijar exactamente el
valor de salida requerido.
Hay cierta analogía entre ese ajuste electrónico
y el ajuste económico que deben realizar los Gobiernos cuando, por la
circunstancia que sea, escasean las tostadas. Es el caso de Mariano Rajoy que
recibió de José Luis Rodríguez Zapatero una herencia económica catastrófica y
extremadamente complicada. Pero Rajoy, una vez que se hizo cargo de la
complicada situación, obvió el ajuste grueso y pasó directamente al ajuste fino.
En vez de reducir gastos públicos para controlar el déficit, optó por sacar más
dinero a los ciudadanos particulares, a la sufrida clase media, con recortes
inoportunos y subiendo inesperadamente el IRPF.
Antes de acudir a los de siempre, a los que
cobran un salario o una pensión, el nuevo Gobierno debió hacer una composición
de lugar y analizar con detenimiento todos los gastos que se producen
constantemente, ver los que son imprescindibles, los que son simplemente
suntuosos o estrictamente graciosos y los que no tienen justificación posible. Y
comenzar el ajuste grueso para reducir el déficit eliminando los gastos
injustificables, que son muchos, y todos aquellos otros que no son
rigurosamente necesarios.
En esa composición de lugar podrán cerciorarse de
que estamos manteniendo más de 4.000 empresas públicas o con participación
estatal, alguna de las cuales fueron creadas precisamente para pagar favores
políticos o para colocar familiares o amigos. Hay cantidad de empresas
municipales y autonómicas que, más que empresas, son agencias de colocación de
los partidos y somos nosotros los que las mantenemos con nuestros impuestos.
Tenemos más políticos que los demás países de
nuestro entorno, 445.568 exactamente. Es escandaloso el número de liberados,
unos 65.130 sindicalistas y 31.210 de la patronal que consumen cantidades
ingentes de dinero público en forma de subvenciones. Están también los 40.000
políticos que, sin ser cargos electos, desempeñan cargos de confianza de otros
políticos. Además de los cargos de confianza, proliferan los asesores personales
de los políticos electos y también asesores que asesoran a otros asesores. Están
después la televisión pública y las televisiones autonómicas que tiran
constantemente del presupuesto público. Hasta dentro del sistema sanitario y
educativo se han montado chiringuitos, que dan trabajo respectivamente a 8.260 y
9.320 empleados, cuya misión se reduce exclusivamente a controlar a los demás
empleados.
Lo que demuestra fehacientemente que el nuevo
Gobierno tenía un amplio campo para eliminar gastos y reducir así el asfixiante
déficit, aunque quizás le faltó voluntad y atrevimiento. Podía haberse dedicado,
como primera providencia, a racionalizar el gasto público desmontando tanto
pesebre inútil como existe, cerrando alguna de esas empresas públicas y
vendiendo otras, privatizando la televisión pública y las autonómicas,
suprimiendo las subvenciones a sindicatos, a la patronal y a los partidos
políticos. Y si todo esto no es suficiente para adaptar nuestro elevado déficit
a las exigencias de Bruselas, entonces, y solo entonces se podría acudir a la
socorrida vía recaudatoria. Pero eso sí, imponiendo a los políticos, a los que
viven del presupuesto público, las mismas cargas fiscales y los mismos esfuerzos
y sacrificios que soportan los demás ciudadanos de a pie.
Pero no ha sido así. Los políticos siguen siendo
una casta protegida y conservan todos sus privilegios. Como son tremendamente
corporativistas, se defienden unos a otros sin complejo alguno. Todo sigue en
pie. No se ha eliminado ninguno de los comederos tradicionales, se mantienen
intactos todos los chiringuitos que venían de atrás y se respetan
escrupulosamente hasta los acuerdos tomados por el Gobierno anterior cuando ya
estaba en funciones. No se han atrevido a suprimir ni las subvenciones
sospechosas de amiguismo, concedidas in extremis a distintas Fundaciones y
ONGs de filiación socialista. Y los sindicatos, lo mismo que la patronal,
conservan prácticamente intactas todas sus prerrogativas y exenciones y siguen
cobrando sus millonarias subvenciones.
Los verdaderos paganini de la crisis son siempre
los mismos, los ciudadanos corrientes, los que viven honradamente de su trabajo
o de su pensión. Son también los que tendrán que apechugar con las consecuencias
que inexcusablemente se deriven de los recortes en Sanidad y Educación. No se
si es porque ya están acostumbrados a recibir continuos sablazos y a que se les
pida constantemente que se aprieten el cinturón que, aunque pierdan parte de su
pelo en la gatera de la salida de la crisis, aceptan estoicamente su lamentable
situación y ya ni siquiera se molestan en protestar. Para qué, si saben que
nadie les hace caso.
Con la subida imprevista del IRPF, se han
empobrecido las clases medias, se han quedado sin capacidad de ahorro y no han
tenido más remedio que restringir drásticamente su consumo. Esa reducción tan
evidente de renta disponible en los hogares españoles ha dado lugar a que cayera
un 1% el consumo familiar durante el primer trimestre de 2012 y, por
consiguiente a una recaudación fiscal menor de lo esperado. Para complicar aún
más las cosas, a la inevitable caída de la demanda interna tenemos que agregar
el recorte del 5,2% en el consumo público y la contracción del 8,2% soportada
por la inversión.
La caída notable del consumo de las familias
afecta gravemente al comercio, sobre todo al comercio minorista. Si comparamos
el volumen de ventas del pasado mes de abril con el mismo mes del año 2011, nos
encontramos con un descenso en las ventas del 9,8%. A este respecto, es
revelador el descenso del tráfico en las carreteras de pago que, en los cinco
primeros meses del año, descendió un 11% en relación con el mismo periodo del
año anterior.
La subida de impuestos, sobre todo los
imprevistos, provocan en las familias una sensación de miedo, lo que se
traducirá forzosamente en una restricción aún mayor de su consumo. Y ya sabemos
que el consumo privado juega un papel muy importante en el comportamiento del
PIB. Hay otros factores que influyen decididamente en la marcha negativa de
nuestra economía. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2012 cayeron las
exportaciones de servicios un 5%, con relación al último trimestre de 2011 y se
contrajo también un 3,8% el gasto que los no residentes suelen hacer en
España.
Para rizar aún más el rizo, ya solo nos faltaba
que tuviera razón Rubalcaba y se cumplieran sus malintencionados vaticinios.
Este personaje insidioso pronostica descaradamente que seremos los ciudadanos
corrientes los que devolvamos a la Unión Europea esos 100.000 millones de euros
concedidos a España para reflotar las antiguas Cajas de Ahorros. Con otras
palabras, que seremos los mismos de siempre los avalistas involuntarios de ese
préstamo, que ha abierto Europa, como línea de crédito, para recuperar la
solvencia de las Cajas reconvertidas en Bancos. Claro que, para Rubalcaba y para
Joaquín Almunia, se trata de un rescate financiero en toda regla que “lleva
aparejado unas obligaciones y compromisos” y “algún otro tipo de
condiciones”.
Se trate de un rescate financiero o de una simple
línea de crédito como dice Mariano Rajoy, es un dinero que necesitábamos
urgentemente para recuperar esas entidades bancarias. Es una buena noticia,
aunque supone un incremento del 10% de nuestra deuda. Y esto, en consecuencia,
si no se racionaliza adecuadamente nuestra estructura administrativa para
reducir de una manera drástica el gasto público, puede ocasionarnos algún
trastorno negativo más adelante. Aunque el actual Gobierno no quiera verlo, el
Estado de las Autonomías, tal como lo conocemos, desborda por completo nuestra
capacidad económica para financiarlo.Gijón, 12 de junio de 2012 José Luis Valladares FernándezCriterio
Liberal. Diario de opinión Libre.
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