La élite de la abogacía española se ve la cara (y se forra) en el caso Bankia
Bacigalupo,
Bueren, Jordana de Pozas, Ayala, Bajo... Los caros despachos contratados por
parte de los 33 imputados por la gestión del banco desplazaron ayer a la
Audiencia Nacional a sus mayores expertos para la vista, finalmente aplazada, en
la que se iba a decidir la posible intervención judicial de la
entidad.
Ó.L.F. / M.A. (10:06)
La
Audiencia Nacional registró ayer una de las mayores concentraciones de 'togas'
de renombre de los últimos años. Los bufetes contratados por los 33 imputados en
el 'caso Bankia' desplazaron este lunes a la sede del órgano judicial a sus
principales abogados para que estuvieran presentes en la vista en la que, en
principio, se iba a decidir si se intervenía judicial a la entidad financiera y
se sustituía a los actuales gestores por un administrador. Finalmente, el juez
instructor, Fernando
Andreu, aplazó la vista al próximo miércoles, después de que los
abogados de las dos acusaciones, la que ejercen UPyD y un grupo de particulares
aglutinados por el 15-M, presentaran nuevos datos conocidos en los últimos días
gracias a la prensa (entre ellos de los correos electrónicos que envió Rato a
los accionistas antes de salir de la entidad) y el magistrado decidiera tomarse
un tiempo para estudiarlos. Para ese día está prevista que se tome declaración
a los representantes legales de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de
Ahorro (BFA), por lo que los ilustres y costosos apellidos del derecho
contratados por la mayoría de los imputados volverán a hacer de presencia en la
Audiencia Nacional.
Entre los abogados de los imputados, un exjuez del Supremo, otro de la Audiencia Nacional y dos antiguos fiscales
Ayer,
en concreto, había dos conocidos exjueces ejerciendo de abogados defensores de
los imputados. Uno era Enrique
Bacigalupo Zapater, catedrático de Derecho Penal y magistrado del
Tribunal Supremo hasta que en marzo de 2011 anunció que se pasaba a la actividad
privada como socio en Madrid de la firma internacional DLA Piper para
reforzar el área de Procesal del despacho e impulsar la de Derecho Penal
Económico. El otro antiguo magistrado era Carlos
Bueren, quien fue durante muchos años juez instructor de la Audiencia
Nacional hasta que en 1995 fichó por el despacho Uría, uno de los grandes. Otros
viejos conocidos de la Audiencia Nacional a los que ayer se les volvió a ver por
su sede fueron los ex fiscales Luis
Jordana de Pozas y Enrique
Molina. El primero se hizo célebre por sentar en el banquillo de los
acusados a Lola Flores y conseguir la detención de Mariano Rubio por el caso
Ibercrop. Hace más de 15 años que abandonó sus cometidos como representante
del Ministerio Público para incorporarse al bufete Cuatrecasas. Más reciente es
el salto al sector privado de Enrique Molina, quien en 2010, y tras once años
como fiscal de la Audiencia Nacional, fichó por el despacho Ramón y Cajal,
especializado en derecho mercantil.
Todos
ellos se verán las caras con otros conocidos abogados con despacho en Madrid,
como Ignacio
Ayala (del despacho Oliva-Ayala, quien en su día llevó la defensa en el
caso Banesto de Francisco Sitges, amigo personal del rey Juan Carlos), Miguel
Bajo (conocido catedrático y penalista que ha llevado la defensa del ex
tesorero del PP Luis Bárcenas en el caso
Gürtel), Javier
Sánchez-Vera(también del bufete Oliva-Ayala) y Javier
Iglesias (que lleva la defensa de uno de los implicados en la trama
Gürtel). Enfrente, sin embargo, tendrán a los letrados de las acusaciones, mucho
menos conocidos: Andrés
Herzog, un letrado donostiarra que trabaja con el grupo parlamentario
de UPyD, el partido que presentó la demanda, y Juan
Moreno Yagüe y Gonzalo
Boyé, quienes representan a los particulares que se han movilizado a la
llamada del movimiento 15-M, aunque este último consiguió renombre por llevar
una de las acusaciones más activas en el juicio del 11-M.
Parte
de las minutas, a costa de los seguros de responsabilidad civil
Buena
parte de las minutas de los imputados la sufragará las aseguradoras contratadas
por Bankia para cubrir las actuaciones de sus ex consejeros. Cada uno de los ex
directivos, tanto del banco cotizado como de su matriz BFA, contaban con un
seguro de responsabilidad civil para grandes directivos o consejeros. Este tipo
de coberturas se hace cargo hasta una determinada cantidad tanto de la defensa
como de las indemnizaciones por responsabilidad civil de los administradores
sociales en el ejercicio de sus funciones siempre que medie culpa o negligencia
en el desempeño de su cargo. Algunos de los consejeros imputados declinaron
aceptar alguna de las propuestas de bufetes de abogados sugeridas por la propia
Bankia por otras opciones de defensa de más confianza y más económicas frente a
los grandes bufetes sugeridos
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