EL AVE A SU PASO POR BARCELONA
Rafael del Barco Carreras
Barcelona 6-05-2014. La
institucionalizada corrupción, “no hay obra sin mordida o doble precio”,
nos muestra más detalles de su funcionamiento. La detención de altos cargos de
la pública ADIF y la constructora ISOLUZ-CORSÁN detalla la
mecánica de reparto o regalos entre mandos y técnicos; mediciones y materiales
hinchando facturas. Si el presupuesto inicial ya viene hinchado por el reparto
entre políticos y tesoreros, casos Bárcenas del PP y Osácar de CIU, los
directamente responsables de la ejecución de las obras deben tener su margen de
maniobra de lo contrario denunciarían. Con razón en Europa se quejan del coste
de las obras públicas en España, que ni la orografía justifica.
Una de las interesadas noticias
asegura que la detención no tiene connotaciones políticas. Las tiene y muchas,
no solamente por de nuevo encontrarnos con la célebre ex ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, sino por el contexto global de la operación. El caso se remonta al
Tripartito socialista.
El AVE debía cotizar a su
paso por Cataluña, y aunque meter en el mismo saco a toda la Corrupción sería
una afirmación de taberna, pues cada episodio o presupuestos tienen sus
beneficiarios, a poco que se profundice saltan los mismos nombres.
Si los “conseguidores” de obras
conforman una casta en la amigocracia política, y los repartidores de dinero negro se
concentran en las grandes constructoras,
en este caso a Isoluz-Corsán se la señala como presunta
beneficiara de Jordi Pujol Ferrusola. En cualquier obra, indispensable
contentar al entorno de la Generalitat, de lo contrario podría incluso
paralizarse.
Se dice que el sobreprecio
Madrid-Barcelona supera el 31% del total presupuestado. Lo mismo podría
ser el 34,3% o el 29,8%. Quién se haya inventado y dictado a los medios ese
porcentaje debe considerarlo entre lógico y admisible. Los presupuestos
iniciales según costumbre española tienen poco que ver con el total coste de
una obra pública, que terminará con pactos entre Fomento, o en Cataluña la Generalitat, y los constructores. Prácticamente no existen
pleitos entre la Administración y grandes constructoras, todas dependientes del crédito del cártel
Banca-Estado.
Lo mismo pudiéramos interpretar que
ese 31% corresponde a la diferentes mordidas a lo largo del proceso,
iniciado por los Bárcenas y Millet u Osacar, y terminado por los altos
ejecutivos de Fomento y constructoras.
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