La aventura de Narcis Serra con la Púnica acaba en el contribuyente
Aquel
13 de diciembre de 2005 el entonces líder de los socialistas catalanes, Pasqual
Maragall, se preparaba para celebrar el primer aniversario del
Pacto del Tinell que le había llevado al poder en coalición con Esquerra e ICV.
Había colocado también a su amigo Narcís Serra como
presidente de Caixa Catalunya que tenia ese mismo día reunión de la comisión
ejecutiva. El ex vicepresidente del Gobierno se había reconvertido a financiero
y tenía sobre la mesa una golosa operación inmobiliaria en la Comunidad de
Madrid, donde tenía ganas de expandirse. El chollo lo ofrecía el empresario más
implantado en Valdemoro, Ramiro Cid,
dueño del grupo Obras y Vías y actual imputado clave en la trama del llamado caso
Púnica. Obras y Vías les vendía por 50 milloncetes de nada sus
derechos y terrenos para edificar 400 viviendas unifamiliares en hasta 40.000
metros cuadrados aprovechando un nuevo plan urbanístico que, según Cid, estaba
al caer. El alcalde entonces del PP, José Miguel Moreno,
no lo había aprobado aún, pero no habría problema porque Cid era buen amigo de
él y más aún de su antecesor, Francisco Granados
que seguía influyendo en el municipio desde su consejería de Infraestructuras
en el Gobierno de Esperanza Aguirre. El coste total
del proyecto era de 82,6 millones, pero la rentabilidad esperada era como
mínimo de un 15%. Tiempos aquellos burbujeantes. Serra y su equipo aprobaron la
operación y comenzó así su aventura en Territorio Púnica con resultado final de
que el proyecto ha acabado rescatado por el contribuyente tragándose las
pérdidas primero y asumiendo los terrenos después a través del llamado banco
malo Sareb.
El juez que instruye el caso Púnica
asegura que Cid, Granados y otro empresario amigo de éste, David
Marjaliza, eran en realidad socios, de modo que el ex alcalde
de Valdemoro se lucraba de los proyectos adjudicados a Obras y Vías.
La operación en la que se embarcó la
caja catalana es una de las más surrealistas que denuncia el fiscal
Anticorrupción y es de las que motiva que la Audiencia Nacional haya imputado a
Serra y al resto de la cúpula por delito continuado de administración desleal.
Entre ésta y otras operaciones inmobiliarias se ha producido un un perjuicio de
720 millones, según el Frob, que impulsa el caso. Las pérdidas globales del
Estado en Catalunya Caixa (fruto de la fusión de Caixa Catalunya y otras cajas
catalanas) superan los 12.000 millones, peor por ahora que Bankia.
El fiscal Fernando Maldonado
no acusa a Serra ni al resto de su equipo -en el que añade incluso al actual
presidente de Enagás, Antoni Llardén- como partícipes
en repartos de comisiones, pero sí los presenta como irresponsables
administradores al aceptar negocios como el de Valdemoro. Lo que compraba la
caja catalana era, según el fiscal, «algo genérico y pendiente de concreción,
por cuanto aún no existían las fincas en donde se pudiera materializar la
mencionada edificabilidad, ya que el planeamiento y la gestión urbanística
estaba aún en curso de tramitación».
Hay más. El presunto socio de
Granados ponía su parte a través de terrenos que no eran completamente suyos.
«Obras y Vías transmite aprovechamientos futuros sobre unas fincas que no son
de su plena propiedad, ya que una de ellas es propiedad de El Corte Inglés en un
12,34% y otras están hipotecadas a favor del Banco de Santander». En contraste,
la alegre Caixa Catalunya aprobó un pago que «no se condicionó a hito y/o
aprobación urbanística alguna». Tanto si se hacía como si no se hacía, ahí
estaba el dinero de la caja. Cuando pagó «no se había aprobado el proyecto de
reparcelación y por tanto no se disponía de las fincas para poder construir y
lo que es peor, no se había formalizado la escritura de compraventa y no se
había llegado a transmitir suelo o finca alguna». Al final, dos años después,
se consiguieron terrenos más pequeños y en otra zona de Valdemoro. Obras y Vías
quedó a deber al menos 9,4 millones aún impagados y la Sareb intenta ahora
salvar lo que pueda del resto del plan. «La compraventa carece de las elementales
medidas de seguridad jurídica, al no contemplarse las garantías suficientes que
hubieran permitido acotar el precio en función de la realización de las
deseadas expectativas urbanísticas. La forma de pago del precio no fue
transparente», acusa el fiscal.
Hay más. Entre los promotores que se
lucraron con Caixa Catalunya en otros casos figura Fidel San Román, condenado
en el caso Malaya. También cobraron como intermediarios en Cataluña los
acusados en la operación Pretoria, Lluis Prenafeta
y Maciá
Alavedra miembros de CiU y rivales de Serra en teoría. En la
práctica, de quien eran todos enemigos es del contribuyente.
LA EFEMÉRIDE. Cuando se cumplen seis
años de los famosos correos del inspector del Banco de España, José
Antonio Casaus, advirtiendo de la inviabilidad de Bankia es
impresionante su testimonio del pasado jueves ante el juez al asegurar que no
tuvo réplica. «Nadie me respondió», afirmó Casaus. Ni siquiera sus superiores,
los imputados Pedro
Comín y Pedro González, le respondieron,
aunque fuera para reprocharle su contenido, según su versión. Casaus aseguró,
frente a la versión oficial, que sus correos estaban muy meditados y discutidos
con su equipo y que no eran menos oficiales que los llamados informes de
seguimiento. En el intenso interrogatorio -pese a que comparecía como testigo-
al que le sometió el abogado de los imputados del Banco de España,
Manuel Cobo del Rosal. Casaus pareció satisfecho de mostrar que
se puede ser independiente de criterio... si se quiere.
EL PERSONAJE. La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, fue avisada en la noche del miércoles de que Ciudadanos
quería una semana más para la votación sobre la reforma de la estiba, pero
nunca se le dijo que, en caso contrario, cambiaría de voto y ya no apoyaría.
Báñez se enteró de que C's se bajaba del tren del sí ya en la mañana del
jueves, poco antes de que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna,
subiera a la tribuna. El malestar con Albert Rivera en
el Consejo de Ministros del viernes era palpable. Todo el discurso de Rivera de
que el PP no es de fiar porque no cumple sus acuerdos se ha vuelto ahora en
contra del catalán. De hecho, la frase más repetida entre los ministros es
ésta: «Aver con qué cara va Rivera ahora a Cataluña a exigir a los
independentistas que cumplan la ley, cuando él no vota a favor de cumplir la
legalidad europea». Rajoy dice (por ahora) que él no
quiere adelantar elecciones.
PARA SEGUIR. El presidente del Frob, Jaime
Ponce lanzó el jueves El presidente del Frob, Jaime Ponce,
lanzó el jueves un tremendo comunicado sobre que denuncia a la Fiscalía
operaciones irregulares, previas a 2010, de «Caja España y Caja Duero» (por
este orden) por valor de 120 millones. En Caja España era consejero el actual
número tres del PP, Fernando Martínez Maíllo, que
quedó inicialmente en la picota. Éste ha tenido enchufe y ha
logrado que se excluya su caso, porque en el organismo han puntualizado después
que lo cierto es que 119,75 millones corresponden a Caja Duero y ¡250.000
euros! a Caja España y en un año que no estaba Maíllo. Y no dicen más, así que
todos los ex consejeros de todos los años, sobre todo de Caja Duero, siguen
bajo sospecha de que pueden ser imputados. Hace bien el Frob en denunciar lo
que vea, pero debe desvelar con transparencia y sin cuentagotas qué escándalos
detecta en las cajas rescatadas. Su opacidad es irresponsable.
EIA Consultoria Asesoria
Presidencia
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