Los arrestados, de la policía portuaria, cobraban de los
armadores a cambio de permitirles la venta de especies y tamaños prohibidos
Al menos cuatro jefes de servicio de la Policía Portuaria y dos
personas vinculadas a la Asociación de Armadores de Vigo (Arvi) han sido
detenidos este lunes en el puerto del Berbés, el de mayor volumen de descargas
de España y uno de los más importantes de Europa. Todos ellos están implicados
en una supuesta red que pagaba sobornos en especies a los inspectores
portuarios a cambio de evitar los controles fiscales en la comercialización de
especies prohibidas y tallas ilegales.
En el
operativo desplegado por la Guardia Civil y coordinado por el juzgado de
instrucción número cuatro de Vigo, se decomisaron más de doscientos kilos de
pescado, principalmente de atún y pez espada que no alcanzaban el tamaño
permitido para su comercialización y que estaban dispuestos para su venta final
en restaurantes y particulares.
Los detenidos
pasaran este martes a disposición judicial. Se les imputan delitos de cohecho,
falsedad en documento oficial, revelación de secretos y delito fiscal en base a
la operativa que puso al descubierto la investigación policial y que al parecer
se venía realizando desde hace varios años en el Berbés después de haber sido
objeto de otra investigación abierta en 2013 que se cerró sin resultados desde
la Fiscalía de Pontevedra.
Esta consistía
en que los agentes portuarios, en connivencia con los armadores, se quedaban
con parte de las capturas ilegales por hacer la vista gorda en los controles
comerciales y fiscales. Estas capturas ilegales que supuestamente recibían los
agentes corruptos eran vendidas en el mercado negro por lo que obtenían
elevados beneficios, lo que en el argot se denomina como chupa, según indicaron
fuentes de la investigación.
Las piezas más
importantes en el engranaje de este grupo que venía operando en el puerto de
Vigo eran los jefes de servicio de la Policía Portuaria o cabos, que realizan
su servicio en la lonja. De ellos depende el control de la actividad de las
descargas y la venta de la pesca en fresco, lo que repercute en el pago de
tasas a la Autoridad Portuaria que trataban de eludir los armadores.
Así, uno de
los cometidos de los jefes de servicio era dar las órdenes a los demás policías
portuarios que realizan la actividad en la lonja y controlar la entrada y
salida de personas al recinto del puerto del Berbés. De la investigación hasta
ahora realizada se deduce que los policías detenidos participaban en la
actividad delictiva avisando de las actuaciones de los inspectores del
Ministerio de Pesca, de la Xunta de Galicia y Guardia Civil.
También los
jefes de servicio portuario detenidos recibían dádivas por aportar mayor
espacio en la lonja al controlar el reparto de los huecos para la colocación de
las cajas de pescado con el fin de beneficiar a los armadores en las subastas.
Esta no es la
primera investigación que pone al puerto del Berbés en el punto de mira de
actuaciones ilegales en la descarga y comercialización de pescado. A raíz de
una inspección de la Agencia Tributaria en una cooperativa de Marín por fraude
de IVA que operaba en el puerto vigués, la Fiscalía de Pontevedra halló
indicios de una supuesta trama de sobornos con implicación de agentes
portuarios que hacían la vista gorda para que los armadores no declararan parte
de las descargas y defraudar al fisco sin pasar por los controles del pesaje en
la lonja.
La fiscalía
llegó a citar entonces a decenas de testigos, entre ellos trabajadores
portuarios y armadores, que no llegaron a ser imputados por falta de pruebas
por lo que la investigación se cerró un año después.
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