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domingo, 29 de abril de 2018

Existe un “caso UMD” de la Guardia Civil



Existe un “caso UMD” de la Guardia Civil

2018-04-28 VP. Autor: José Piñeiro Glez, Presidente del SUGC y del Movimiento Democrático de la Guardia Civil.

Forma parte de la historia de la transición española de la dictadura a la democracia la actividad desarrollada para democratizar el Ejército por un grupo de mandos, tres comandantes y nueve capitanes, que crearon una organización clandestina denominada Unión Militar Democrática, que pretendía un cambio en el Ejército a favor de la incipiente democracia. La UMD nació en 1974 alentada por la revolución de los claveles en Portugal; fue desarticulada con detenciones de varios de sus dirigentes en el verano de 1975, y en 1976 nueve de sus dirigentes recibieron condenas de años de cárcel, y siete de ellos además de inhabilitación y expulsión del Ejército. La UMD se autodisolvió en 1977 tras las primeras elecciones democráticas de junio de dicho año. En abril de 2002, el diputado socialista Carlos Sanjuan, ex miembro de UMD y amigo de uno de sus fundadores, el comandante Julio Busquets, planteó una proposición no de ley para reconocer la labor de la UMD en la llegada de la democracia, que fue derrotada por la mayoría absoluta del PP. En 2009 el Congreso aprobó una moción reconociendo la labor por la democracia de los miembros de la UMD, el Consejo de ministros en diciembre del mismo año aprobó una declaración publicada en el BOE y en el Boletín Oficial de Defensa, reconociendo la participación de los miembros de la UMD en la democratización del Ejército y la persecución de que fueron objeto sus miembros por vías judiciales y extrajudiciales. En 2010 catorce miembros de la UMD recibieron la Cruz al Mérito militar y aeronáutico por su colaboración y valentía en la transición a la democracia en España, lo que algunos pagaron con encarcelamientos, condenas y expulsiones. Con estas medidas, el Estado zanjaba una deuda contraída con estos demócratas.

En la Guardia Civil el Estado no ha zanjado su deuda. Llegada la democracia y con el nacimiento de sindicatos en la Policía Nacional, un grupo de guardias civiles entendió que la Constitución permitía la creación de organizaciones profesionales en su seno. Acontecimientos políticos se cruzaron en su camino, como la llegada de José Luís Corcuera a Interior y la disputa entre Felipe González y Nicolás Redondo, que llevó a UGT a apoyar el movimiento asociativo clandestino en la Guardia Civil, desatándose desde Interior todas las hostilidades contra ellos. La persecución contra estos demócratas en la Guardia Civil se enmarcó en la denominada “operación Columna”, que llevaron a cabo miembros de la lucha contraterrorista del Cuerpo con infiltración en el movimiento, difusión de noticias falsas como si fuesen emitidas por ellos, compra y manipulación de periodistas y un conjunto de actividades ilegales que llevaron a prisión a decenas de dirigentes de las organizaciones UDGC y SUGC, sometimientos a juicios militares acusados de sedición que no prosperaron y expedientados con posterioridad, por lo que resultaron expulsados varios de ellos, algunos consiguieron el reingreso y cuatro de ellos siguen expulsados hoy.

El Tribunal Constitucional reconoció años después que cuando estos guardias civiles quisieron crear asociaciones profesionales estaban protegidos por la Constitución, pero para entonces ya estaban expulsados. En 2009 UPyD presentó una Proposición No de Ley para su reingreso que fue aprobada  por unanimidad, lo que no llevó al Gobierno socialista que había llevado a cabo el reconocimiento para los mandos “Umedos” a mover ficha para los “Umedos” de la Guardia Civil, quizás porque estos tenían una categoría militar bastante inferior. En 2016, algunos de los afectados por la “Operación Columna ”crearon una asociación, Colectivo Democrático de Policías y Guardias Civiles, en siglas GUCIPOL, con el objetivo fundacional de defender derechos humanos y libertades públicas, que ha asumido como primera tarea conseguir el reingreso o reconocimiento de los expulsados. GUCIPOL ha remitido escrito a los grupos parlamentarios dando lugar a una Proposición No de Ley presentada por Cs que ha sido aprobada por mayoría con los votos en contra del PP; el grupo de UPodemos ha presentado una proposición de ley rechazada por la mesa del Congreso por defectos de forma; la responsable del grupo socialista, Margarita Robles, se ha comprometido a estudiar la forma legal válida para el reingreso, y AUGC ha encargado un informe a su gabinete jurídico tendente a buscar una solución legal al asunto, solución legal que sea cual fuere debe contar imprescindiblemente con la voluntad política del Gobierno de resolverlo.

En fechas recientes, los tres expulsados que viven han elaborado una carta-Manifiesto que está siendo remitida a todas las asociaciones y sindicatos profesionales, de clase, partidos políticos y otras organizaciones para que sean conscientes de que existe este asunto pendiente y si lo consideran una causa justa, digna y noble, apoyen su reingreso

 
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