El colectivo de guardias civiles democráticos UMDVERDES ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Defensor del Pueblo y otras autoridades competentes, reclamando la actuación inmediata frente a lo que califican como una grave vulneración del orden constitucional: las huelgas reiteradas protagonizadas por jueces y magistrados, un colectivo al que la ley prohíbe expresamente ejercer el derecho de huelga.
Según indica el colectivo en su denuncia, los jueces y magistrados en España no tienen reconocido el derecho de huelga, ni a través del Estatuto Orgánico del Poder Judicial (LOPJ) ni por jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al entenderse que su función jurisdiccional debe estar permanentemente garantizada para asegurar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Pese a ello, en los últimos años —y muy especialmente en los últimos meses— se han producido paros, protestas organizadas y movilizaciones que en la práctica han supuesto una huelga encubierta o abierta, con suspensión de vistas, retrasos en procedimientos y colapso de la actividad judicial.
Para UMDVERDES, resulta inadmisible el doble rasero institucional y político que ha tolerado estas conductas, en contraste con la represión sufrida por otros cuerpos del Estado, en particular la Guardia Civil. “Nosotros fuimos represaliados, cesados y expulsados del servicio por ejercer derechos básicos como la libertad de expresión, la asociación o la defensa de la democracia interna. Muchos compañeros fueron sancionados por hechos infinitamente menos graves que suspender el funcionamiento de un juzgado”, subrayan en su comunicado.
La denuncia plantea que el Ministerio Fiscal actúe de oficio investigando los hechos, identificando a los responsables, y valorando posibles responsabilidades disciplinarias o incluso penales si concurrieran indicios de prevaricación, desobediencia o abandono de funciones.
También se dirige al Consejo General del Poder Judicial, en tanto que órgano de gobierno de los jueces, para que asuma su deber de controlar la disciplina interna y garantice la legalidad del funcionamiento de la justicia, y al Defensor del Pueblo, solicitando que investigue la posible vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por parte de quienes deben protegerla.
El colectivo recuerda que en otros momentos históricos —como durante las huelgas de secretarios judiciales o funcionarios de Justicia— los jueces fueron inflexibles al mantener sus funciones y exigir que otros respetasen la legalidad, mientras que ahora no se aplican a sí mismos ese mismo estándar, erosionando la confianza pública en la imparcialidad del sistema.
“No hay democracia real sin responsabilidad judicial, y esta empieza por respetar la ley que los propios jueces están llamados a aplicar”, concluye el comunicado de UMDVERDES, que advierte que seguirá movilizándose y documentando estos hechos para evitar que se consolide un modelo de justicia corporativa e impune, al margen del control democrático y del interés general.
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