Una declaración solemne del Congreso de los Diputados, semejante a la que se otorgó en su día a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), sería un gesto político de justicia, grandeza moral y coherencia democrática.
Autor Pedro Pacheco Martíin.
Señor presidente:
En primer lugar, permítame agradecerle a usted y a su Gobierno —y estoy seguro de hacerlo también en nombre de miles de policías y guardias civiles demócratas— por haber puesto fin a una injusticia que ha durado más de treinta años, causando sufrimiento y dolor a los agentes afectados, a sus familias y a la propia imagen de la Guardia Civil.
La rehabilitación de cuatro de los cinco guardias civiles expulsados del cuerpo (Manuel Rosa Recuerda, José Morata Gargallo, José Piñero González y Manuel Linde Falero), por querer hacer valer sus derechos constitucionales, ha sido un acto de justicia. Lamentablemente, sigue incomprensiblemente excluido de esta medida Juan Manuel Páez Muñoz.
Su readmisión viene a poner negro sobre blanco el atropello político cometido con la complicidad necesaria de un sistema judicial y de una cúpula del cuerpo que, aferrados a la nostalgia y a la marcialidad, privaron a estos hombres de los derechos que la Constitución ya reconocía.
Las prisiones militares, los ingresos en psiquiátricos sin prescripción facultativa y el hostigamiento constante formaron parte de la ignominia sufrida por estos agentes, hasta su expulsión o hasta que muchos otros se vieron forzados a pedir la baja voluntaria.
La llamada “Operación Columna”, llevada a cabo en tiempos del director general Luis Roldán, con José Luis Corcuera como ministro del Interior y Felipe González como presidente del Gobierno, y sostenida por gobiernos posteriores, exige por decencia democrática algo más que una severa mirada al pasado: requiere verdad, justicia y responsabilidades.
Conviene recordar que el origen de esta brutal represión no fue otro que el ejercicio legítimo de un derecho fundamental: el derecho de asociación, recogido en el artículo 22 de la Constitución. Así ocurrió cuando en 1988 el cabo primero Manuel Rosa Recuerda presentó ante el Ministerio del Interior la inscripción de la Asociación Democrática de Guardias Civiles (ADGC). Un año después, en 1989, José Piñeiro González solicitó la inscripción de la Sociedad Unionista de Guardias Civiles (SUGC).
Por esos actos democráticos, sus promotores fueron acusados de sedición, detenidos y encarcelados. Tras un largo recorrido judicial, el Tribunal Constitucional (STC, Recurso de Amparo 871/1990, de 18 de octubre de 1993) reconoció el derecho de asociación, anuló las resoluciones denegatorias y obligó a la Administración a dictar resolución motivada sobre la inscripción. Sentencia no ejecutada al día de la fecha.
Posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia núm. 69966/01, de 2 de noviembre de 2006) concluyó que la privación de libertad de un guardia civil (Carlos Dacosta Silva) no se ajustó a procedimiento legal alguno, constituyendo detención ilegal y vulneración del artículo 5.1 del Convenio Europeo. España fue condenada por violar derechos humanos en el marco de un régimen disciplinario arbitrario.
Durante más de cinco años, los tribunales militares dictaron resoluciones contra los guardias civiles que ejercían derechos fundamentales. La lucha por evitar la aplicación del Código de Justicia Militar fue inútil, los tribunales ordinarios se inhibieron de los Habeas Corpus presentados y ni la Fiscalía, encargada de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, ni la Abogacía del Estado, mostraron voluntad de reparar la injusticia.
Señor presidente, el papel desempeñado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la que pertenece la Guardia Civil, durante la transición, en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción, merece respeto y reconocimiento. Pero también requiere reparar el honor mancillado de aquellos que, por defender la democracia dentro del cuerpo, fueron perseguidos y vilipendiados. Es imposible devolverles la salud quebrada, el tiempo perdido o la humillación sufrida, pero la verdad y el reconocimiento institucional sí pueden restaurar, al menos, la dignidad arrebatada.
Por ello, una declaración solemne del Congreso de los Diputados, semejante a la que se otorgó en su día a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), sería un gesto político de justicia, grandeza moral y coherencia democrática.
Atentamente,
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