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jueves, 8 de noviembre de 2012

Feijóo contrata a la empresa de su hermana para gestionar los laudos de las preferentes (Gal)




Feijóo contrata a la empresa de su hermana para gestionar los laudos de las preferentes (Gal)
  
A pesar de anunciar que sobraban empleados públicos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, presento ante las organizaciones sindicales una propuesta por la que se contrata a la empresa EULEN para desarrollar tareas de atención telefónica y gestión de documentación de las personas afectadas por la estafa de las preferentes. El contrato no ha sido publicado en ningún boletín ni diario oficial y tendría un coste de 85.000 euros, cargados sobre el erario público.
A través de este contrato, la empresa EULEN, de la que es apoderada Micaela Nuñez Feijóo, hermana del presidente gallego, vendría a reforzar el servicio de atención al consumidor que desarrolla el personal del Instituto Galego de Consumo. Este organismo está asumiendo una mayor carga de trabajo sin ver ampliado su cuadro de personal al tiempo que se externalizan parte de los servicios hacia la empresa privada de la que es beneficiaria la hermana de Nuñez Feijóo.
La Confederación Intersindical Galega denuncia que "las preferentes de Caixanova solamente tienen beneficios para la entidad financiera" mientras se multiplican los perjuicios para los afectados, los epleados y la ciudadanía "que serán los que paguen la factura", asegura la central nacionalista.
A la contratación de EULEN por la Xunta se añaden los beneficios obtenidos por la empresa privada en algunos ayuntamientos del PP. Como ya adelantara SermosGaliza la empresa EULEN está haciéndose con la gestión monopolizada de centros culturales como el Teatro Jofre o el Colón de A Coruña. La entidad de la que es apoderada Micaela Nuñez Feijóo recibió más de medio millón de euros en adjudicaciones del ayuntamiento de Ferrol.


GALICIA | La Xunta dice que prolongó un contrato del bipartito
Denuncian un contrato a una empresa vinculada a la hermana de Feijóo
CIG critica el servicio que atiende a los afectados por las preferentes
El sindicato denuncia que el servicio se adjudicó sin dar publicidad
La hermana del presidente es apoderada de la empresa Eulen
Natalia Puga | Pontevedra

El sindicato nacionalista CIG pone en tela de juicio la política de externalización de servicios de la Xunta de Galicia. Denuncia que ha reforzado el servicio de atención al consumidor a una empresa vinculada con la hermana del presidente, Alberto Núñez Feijóo, a través de un concurso al que no se ha dado la publicidad requerida por la normativa de contratación pública.

La Administración autonómica se defiende del ataque escudándose en que el contrato denunciado es continuidad de uno iniciado durante el Gobierno bipartito BNG-PSOE en 2008. Alude también a que la empresa adjudicataria está especializada en la prestación de servicios generales a empresas e instituciones y es “líder en su sector”.

El servicio sobre el que la CIG centra su denuncia está vinculado con un tema muy candente en Galicia en los últimos meses, la polémica sobre las participaciones preferentes contratadas por miles de ciudadanos gallegos con Novagalicia Banco.

La Xunta ha reforzado la atención prestada por el Instituto Gallego de Consumo para promover la vía del arbitraje como salida a la polémica de las preferentes. El secretario nacional de la CIG autonómica, Fernando García Fernández, acusa al presidente de aprovecharse de esta situación para beneficiar a la empresa Eulen, de la que es apoderada su hermana, Micaela Núñez-Feijóo.

"Feijoo decidió recurrir a una solución más que beneficiosa para su familia: contratar a la empresa Eulen, de la que su hermana es apoderada para la atención telefónica de los afectados en un procedimiento negociado sin publicidad", denuncia al respecto el representante sindical.

"El descalabro de las preferentes sólo trae beneficios para Caixanova (en alusión a la antigua caja que ahora integra Novagalicia Banco) y los familiares de Feijoo, mientras se multiplican los perjuicios para los afectados, los empleados públicos y los ciudadanos, que van a ser quienes paguen la factura", denuncia Fernando García Fernández.

Concurso 'oscuro' versus procedimiento legal

En relación con la forma "cuestionable" en la que se adjudicó el contrato, denuncia que "ni salió en el BOP –Boletín Oficial de la Provincia-, ni en el DOG -Diario Oficial de Galicia-, ni en el BOE -Boletín Oficial del Estado-, ni en el DOUE -Diario Oficial de la Unión Europea-".

La Xunta echa por tierra las acusaciones de CIG al asegurar, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la compañía ha resultado adjudicataria del servicio "tras presentar la oferta más barata en un procedimiento de contratación puesto en marcha por el IGC siguiendo la normativa vigente".

Guerra de cifras

Los encontronazos entre la versión del sindicato y del Gobierno autonómico también se dan en las cifras del contrato en cuestión. La CIG asegura que la adjudicación se realizó por un total de 85,000 euros (60.000 para la provincia de la Coruña y 25.000 para la de Pontevedra), mientras que la Xunta asegura que el importe es de 70.800 euros, IVA incluido.

CIG denuncia que Eulen presta nuevos servicios de atención telefónica y recogida de documentación de los afectados por las preferentes. La Xunta asegura en un comunicado que la empresa "seguirá prestando apoyo al Instituto Gallego de Consumo, establecido en el año 2008 por el bipartito, en el servicio de atención telefónica que ofrece esta institución a los consumidores, así como en la atención presencial en la provincia de A Coruña".

Según explica la Consellería de Economía e Industria, con el nuevo contrato a Eulen se da continuidad en la provincia de A Coruña al contrato realizado en 2008 por el Gobierno bipartito (que precedió al actual Ejecutivo del PP) por cerca de 573.000 euros, y que se prorrogó hasta el pasado junio.

Horas extra para los funcionarios

Fernando García Fernández denuncia que pese a anunciar que sobran funcionarios, el gobierno del PP presentó a las organizaciones sindicales una propuesta para pagar productividad a los trabajadores públicos que temporalmente desarrollen la tarea de arbitraje en los laudos sobre las preferentes en el Instituto Gallego de Consumo.

El sindicalista explica que "ante a falta de árbitros, que tienen que tener a condición de personal al servicio de las administraciones públicas, la Xunta tiene que recurrir a funcionarios de otras consejerías para sacar adelante los procedimientos".

Añade que "independientemente de que se habilite el arbitraje el personal del Instituto Gallego de Consumo va a ver como aumenta el volumen de trabajo sin que se incremente el cuadro de personal para asumir esta nueva carga al tener que ser asumido un mayor volumen de trabajo en la fase de tramitación por los funcionarios de consumo, siendo sólo los árbitros los que van a cobrar la productividad".

Empresas sustituyen a trabajadores públicos

Ante esta situación, la CIG-Administración denuncia que mientras se dice que sobran funcionarios, las empresas privadas "hacen su agosto a cuenta de las preferentes" al utilizar medios públicos del Instituto Gallego de Consumo y de las delegaciones territoriales donde atienden a los afectados, ya que "no sólo están asumiendo la atención telefónica sino que recogen la documentación de los afectados".

Según el representante de la CIG, el coste de esta operación va a la cuenta del erario público, mientras se reducen funcionarios y se llenan las delegaciones de empresas privadas pagadas con los cuartos de los recortes.


El CIG dice que la Xunta contrató una empresa en que es apoderada la hermana de Feijóo
Efe-

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante la rueda de prensa. EFE/Archivo
El sindicato CIG denunció hoy la contratación de una empresa privada en que ejerce de apoderada la hermana del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para asistencia telefónica a los ahorradores afectados por inversiones en participaciones preferentes.

En un comunicado, CIG critica que Núñez Feijóo haya "recurrido a una solución más que beneficiosa para su familia" al contratar a la empresa Eulen, de la que "su hermana es apoderada" mediante un "procedimiento negociado sin publicidad" por un total de 85.000 euros.

"Sobran funcionarios, pero las empresas privadas hacen su agosto a cuenta de las preferentes al utilizar medios públicos del Instituto gallego de consumo y de las delegaciones territoriales donde atienden a los afectados, ya que no solo están asumiendo la atención telefónica sino que recogen la documentación de los afectados", apunta la nota.

La Xunta afirmó hoy que la empresa Eulen, de la que el sindicato CIG indicó que la hermana del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es apoderada, fue contratada por el Instituto gallego de Consumo porque presentó "la oferta más económica".

CIG reprochó en un comunicado a la Xunta que contratara la citada empresa privada, mediante un "procedimiento negociado sin publicidad" por un total de 85.000 euros por el Instituto gallego de Consumo para asistencia telefónica a los ahorradores afectados por inversiones en participaciones preferentes.

"Eulen seguirá prestando apoyo al Instituto gallego de Consumo, establecido en 2008 por el bipartito, en el servicio de atención telefónica que ofrece esta institución a los consumidores, así como en la atención presencial en la provincia de A Coruña", indica la Xunta en un comunicado.

"La compañía resultó adjudicataria por un total de 70.800 euros, iva incluido, tras presentar la oferta más barata en un procedimiento de contratación puesto en marcha por el Instituto, siguiendo la normativa vigente", añade el Gobierno autonómico.

 Apunta que el contrato en la provincia de A Coruña "se da continuidad al hecho por el Gobierno bipartito, en 2008, por cerca de 573.000 euros, y que se prorrogó hasta junio pasado".

El BNG acusa a la Xunta de atacar servicios públicos

El diputado del BNG Carlos Aymerich ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de beneficiar a empresas privadas “como la de su hermana” para desmantelar los servicios públicos gallegos. A través de una pregunta parlamentaria, Aymerich denuncia que el Gobierno gallego beneficie a empresas privadas, y al tiempo ha presentado una iniciativa sobre la promoción del arbitraje de consumo relacionado con el fraude de las preferentes y los costes de la opción para el erario público, informa Europa Press.

Y es que, según reprocha el nacionalista, la Xunta “en sintonía con la dirección de Novagalicia Banco”, promueve el arbitraje de consumo como vía de solución a través de la empresa privada Eulen, que dirige la hermana de Núñez Feijóo. “Dicha empresa fue beneficiada con una adjudicación, directamente y sin publicidad, para la atención telefónica de los afectados del fraude de las preferentes por un total de 85.000 euros”, denuncia. Además, el diputado nacionalista quiere saber si la vía del arbitraje solo supondrá resolver “entre el 10% y el 15%” de los casos, “como aseguraba recientemente el presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano”.
 
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