QUE VIENE HACIENDA Y,
ESTA VEZ, DICE QUE VA EN SERIO
Día 29/10/2012 - 19:30.- Jaume Viñas
La nueva ley contra el fraude obliga a declarar bienes
en el extranjero, reforma la tributación por módulos y limita los pagos en
efectivo de más de 2.500 euros.
Quizás por la mala
conciencia de aprobar una amnistía fiscal, quizás por la crisis de ingresos o
por una mezcla de ambos motivos. Sea como sea, la nueva ley contra el fraude
fiscal incluye reclamaciones históricas de la Organización de Inspectores de
Hacienda, un colectivo que lleva años denunciando las lagunas de las leyes
antifraude y que, sin embargo, elogian una normativa que, en su opinión, va en
la dirección correcta. Los asesores fiscales, en cambio, tildan la ley de
excesiva y la culpan de dejar desprotegido al contribuyente ante la Agencia
Tributaria. La nueva normativa contra el fraude, la más ambiciosa de la
democracia en palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se aprobó
definitivamente en el Senado la semana pasada y solo falta que se publique en
el BOE. Estas son las principales novedades que deben tener en cuenta los contribuyentes:
Bienes en el
extranjero
La nueva normativa
obligará a los contribuyentes a declarar cuentas, activos e inmuebles en el
extranjero. Para ello, Hacienda deberá establecer un nuevo formulario y, por
cada dato incorrecto, se impondrá una sanción de 5.000 euros. Además, y eso es
lo importante, el declarante deberá ser capaz de demostrar que los bienes
situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas. En caso
contrario, se imputarán al "al período impositivo más antiguo entre los no
prescritos". Esto equivale a una declaración de imprescriptibilidad. Si un
contribuyente abrió una cuenta en Suiza con renta no declarada de un millón de
euros en 2004 -ejercicio que ya está prescrito- Hacienda, con la legislación
actual, solo puede reclamar los intereses logrados por esta cuenta en los
últimos cuatro años, pero no el capital total.
Con el cambio
normativo, resulta indiferente que el dinero evadido y situado en el extranjero
se haya producido en un periodo impositivo ya prescrito. Siguiendo con el
ejemplo propuesto, el contribuyente que evadió un millón de euros en 2004,
deberá tributar por todo ese patrimonio al tipo marginal del IRPF, es decir, al
52% en la mayoría de comunidades. En Cataluña, el gravamen asciende al 56%. Eso
implica pagar entre 520.000 euros y 560.000 euros. A este importe deben sumarse
los intereses de demora y la sanción, que puede ascender al 150% de la cuota a
pagar. Esta medida parece diseñada para animar a los contribuyentes a acogerse
a la amnistía fiscal, que concluye el 30 de noviembre.
Coto al pago en
efectivo
A principios de
noviembre, cuando previsiblemente entrará en vigor la ley antifraude, se
prohibirán los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en operaciones en las
que intervenga un empresario o
profesional. Es decir, la venta de una vivienda de un particular a otro no
estará sujeta a este límite. La medida persigue poner coto al
tradicional con IVA o sin IVA y lograr que siempre exista un rastro en las
operaciones comerciales superiores a 2.500 euros. En caso de incumplir la
normativa, Hacienda entenderá que el infractor es tanto el que paga como el que
recibe el dinero y, las dos partes responderán "de forma solidaria" a
la sanción, que ascenderá al 25% del importe de la operación realizada en
efectivo. Un ejemplo: un contribuyente hace obras en su casa y paga 3.000 euros
en efectivo a un fontanero. Si Hacienda descubre la operación, la sanción será
el 25% de 3.000 euros (750 euros). La Agencia Tributaria podrá dirigirse contra
cualquiera de las partes para cobrar la sanción o exigir que el particular y el
profesional abonen a medias la multa.
Existe una forma de
librarse de la sanción y es convertirse en un chivato. La nueva ley contempla
que si una de las partes de una operación que incumple ese límite de 2.500
euros, denuncia el hecho a la Agencia Tributaria antes de los tres meses
siguientes al pago en efectivo, quedará exonerado de cualquier responsabilidad.
Hacienda logra con esta medida generar intranquilidad entre los contribuyentes,
que pueden tener la tentación de denunciar antes que lo haga la otra parte. Es
un dilema clásico de la teoría de juegos.
Reforma de módulos.
La reforma del sistema
de módulos es, probablemente, la medida más celebrada por los inspectores de
Hacienda, que llevan años denunciando que este régimen fiscal es un "un
nido de facturas falsas". El sistema de módulos permite a los pequeños
empresarios y profesionales tributar en función de variables objetivas como el
número de empleados, los metros cuadrados del negocio o el consumo eléctrico.
Es decir, su factura fiscal resulta independiente de sus beneficios o ventas.
¿Y por qué ello puede generar un fraude? El caso típico funciona así: un
contribuyente en módulos emite facturas falsas a otro empresario que tributa en
función de sus beneficios. Para el modulero, elevar de forma ficticia su
facturación no le supone pagar más impuestos y, en cambio, el empresario que
recibe la factura falsa puede elevar su capítulo de gastos y, por lo tanto,
reducir sus beneficios para pagar menos.
Precisamente por esto,
el cambio normativo consiste en prohibir la tributación por módulos a
determinados empresarios que facturen más del 50% de sus operaciones a otros
empresarios y su volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros.
En cualquier caso, la prohibición de tributar por módulos afectará a
profesionales con rendimientos que superen los 225.000 euros, con independencia
de que la mayoría de sus clientes sean particulares o empresarios. Las
actividades sujetas por estas limitaciones son la carpintería, la fabricación
de artículos de ferretería, la confección, la industria del mueble de madera,
la impresión de textos, la albañilería, la fontanería o la pintura, entre
otros.
Más y nuevas
sanciones
Es uno de los puntos
que más han criticado organizaciones como la Asociación Española de Asesores
Fiscales (Aedaf). La ley incluye un listado de nuevas infracciones. Por
ejemplo, el contribuyente que presente una declaración en papel cuando esté
obligado a remitirla por vía telemática será sancionado con 1.500 euros. Los profesionales
aseguran que muchas veces los empresarios incumplen la obligación de presentar
la declaración por vía telemática por errores en la web de la Agencia
Tributaria.
Por otra parte, Aedaf denuncia que "la multa por
no atender el primer requerimiento de la Administración o por no aportar la
información requerida en el plazo concedido será de 1.000 euros para los
particulares y de, como mínimo, 3.000 euros para los empresarios, profesionales
o sociedades". La sanción puede llegar a 600.000 euros. Por otra parte, la
nueva normativa también refuerza la figura del inspector de Hacienda en la
medida en que se contemplan sanciones de entre 1.000 euros y 100.000 euros para
los contribuyentes particulares que son objeto de una inspección y no colaboran
con los funcionarios de Hacienda. En el caso de empresarios, las multas pueden
llegar a un máximo de 600.000 euros.
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"El fraude fiscal no está en el fontanero, se encuentra en los
paraísos fiscales y en las multinacionales". El portavoz socialista de
Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, considera que la nueva ley contra el
fraude fiscal resulta claramente insuficiente, yerra el tiro y no aborda la
problemática de los paraísos fiscales.
Por este motivo, el diputado del PSOE acaba de presentar en la mesa del
Congreso una propuesta para que, en el marco de la Comisión de Hacienda, se
cree una subcomisión "que tenga como objetivo tratar específicamente la
armonización y coordinación fiscal internacional, lucha contra el fraude fiscal
y los paraísos fiscales". Saura recuerda que la evasión tributaria en el
mundo "es superior a la suma del PIB de Estados Unidos y Japón" y
defiende que su erradicación resulta indispensable para la financiación del
Estado de bienestar.
El diputado socialista apunta que la
obligación de declarar bienes en el extranjero que contempla la nueva ley
contra el fraude resulta inofensiva mientras existan paraísos fiscales que
permiten que los defraudadores mantengan el dinero evadidos en sistemas
financiero opacos. "¿Qué información hemos solicitado y recibido de
Luxemburgo, en lo que llevamos de año, sobre SICAV registradas allí con
participes residentes en España?", es una de las preguntas que el diputado
socialista ha formulado por escrito al Gobierno de Mariano Rajoy que, en marzo,
aprobó la amnistía fiscal. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre,
aseguró ayer que los contribuyentes esperan hasta el último momento para
acogerse a la "regularización especial", que finaliza el 30 de
noviembre. Hacienda, de momento, solo ha ingresado por la amnistía 50 millones
de los 2.500 millones previstos.
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