Está en tramitación parlamentaria en fase ya de
inmediato debate en las Cortes, y que se pretende que entre en vigor este mes de
noviembre de 2012, un proyecto de ley de tasas judiciales que pretende imponer
tasas por el acceso a los tribunales (excepto en Penal) a TODAS LAS PERSONAS
FÍSICAS Y JURÍDICAS, con la excepción, en cuanto a personas físicas, de las que
ganen en el conjunto de su unidad familiar menos de aprox. 1.100€/mes (límite
para tener derecho a justicia gratuita). Se pretende que las tasas sean las
mismas sea cual sea el nivel de ingresos (una multinacional pagará lo mismo que
quien gana 1.200€/mes y sobrevive con eso manteniendo a varios de
familia). Son tasas hasta ahora
inexistentes para personas físicas, y para jurídicas solo las había, y muy
pequeñas, para empresas de gran facturación, y que ahora se pretenden imponer
con carácter general y además con unos criterios de cálculo descabellados que
tienen como resultado unas cuantías desorbitadas y
disuasorias, que en cuanto está en juego una indemnización por
daños, los ahorros de las preferentes, o un inmueble vendido sin licencia,
llegan a
varios miles de euros y en cuantías pequeñas (reclamaciones
de Consumo, multas de tráfico, etc.) llegan a duplicar, y más, la cantidad
reclamada. Para ejemplos, pinche
aquí; y en su propio beneficio pierda
un minuto de su tiempo en comprobar de qué atrocidad estamos hablando. No se trata de una
revisión de las tasas judiciales, como se está diciendo, sino de la creación de
unas tasas a todos los ciudadanos que hasta ahora no
existen.
¿Que a usted eso del derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución
le suena muy raro, no le gustan los juzgados y esto a usted no le afecta porque
ni usted ni los suyos se van a meter en pleitos? Estupendo y
enhorabuena. Entonces será porque
- nunca lo van a
despedir del trabajo
- ni el casero se va a
quedar irregularmente con su fianza
- ni su inquilino le
va a dejar de pagar la renta
- ni usted ni su
familia van a sufrir una negligencia médica en un hospital público o privado
- ni la constructora
del edificio de al lado le va a causar unas grietas en su casa que no le quiere
arreglar
- ni le va a deber
dinero un Ayuntamiento por un trabajo ya hecho
- ni tendrá nunca un
problema grave con una empresa de telefonía
- ni se le ha ocurrido
invertir los ahorros de toda una vida en las preferentes
- ni tendrá nunca
disputas sobre una herencia
- ni le han vendido
una casa sin licencia
- ni va a sufrir jamás
un accidente de trabajo ni de coche ni de avión ni se va a romper un hueso al
caerse en la calle por una obra no señalizada
- ni le van a deber
dinero nunca ni su empresa ni un cliente
- ni va a tener que
discutir con la Seguridad Social por no querer concederle la incapacidad laboral
permanente cuando esté enfermo
- ni la discoteca de
abajo le va a molestar jamás
- ni va a tener
problemas con su ex pareja sobre el reparto de los bienes comunes.
Será usted pues una persona muy afortunada. Pero resulta
que a mucha, muchísima, gente sí le pasan esas cosas, y muchas otras; sin
buscarlas. Y la esencia misma del Estado de
Derecho es que se pueda disponer del amparo de los Tribunales, contra la
arbitrariedad de los poderosos y del Estado, y los Tribunales se inventaron para
que el más débil tuviera una
oportunidad.
¿Qué los tribunales ahora son
lentos? Tiene usted razón. Pero tranquilo,
que a costa de la indefensión de millones de ciudadanos enseguida irán más
deprisa, si esto sigue adelante. Aunque, claro, solo para algunos, los pocos que
puedan pagarlo, que tendrán una justicia rápida a costa de que el resto no tenga
ninguna. Que está usted entre los que pueden pagar, bien; si no, ya lo sabe,
tendrá que aguantarse.
¿Que es usted partidario de la
mediación y el arbitraje, y de llegar a acuerdos? Magnífico, y
coincido con usted. Pero intente llegar a acuerdos con la Seguridad Social sobre
su incapacidad, y explíqueme cómo piensa negociar con alguien más poderoso que
usted o que rehúsa porque sí a cumplir sus obligaciones, sea una multinacional
que se niega a aplicar el Derecho del Consumo, sea una constructora que le ha
dejado tirado sin entregarle la casa ni devolverle la entrada ya pagada o sea la
compañía de seguros que no le abona la indemnización por los daños que ha
sufrido o el casero que se quedó por las buenas con su
fianza.
¿Que es usted una gran empresa de las
que sistemáticamente abusan de los consumidores? Le doy la
enhorabuena muy calurosamente. A usted el proyecto también la afecta, y mucho;
estará usted encantado. Los consumidores no podrán defenderse, las normas del
Derecho del Consumo quedarán en papel mojado y usted podrá no solo seguir así,
que le parecerá poco, sino ampliar tranquilamente con cuantos nuevos abusos le
parezcan oportunos.
Resumiendo: ¿Justicia de dos
velocidades? No. Justicia para quien pueda pagarla, y ninguna para el que no
pueda. Y muchos, muchísimos, no podrán. Pinche aquí para leer ejemplos y piense si usted
podría.
El sistema de “Justicia para quien pueda pagársela, y el
que no pueda se queda sin ella”, por el mecanimo de imponer tasas judiciales
desorbitadas y disuasorias, no solo es
inconstitucional sin ninguna duda, y así lo ha declarado ya el Tribunal
Constitucional en numerosas sentencias, sino que además es contrario a los
convenios internacionales, y así lo declaran también numerosas
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) [para ver razones de
inconstitucionalidad y sentencias del TEDH pinche aquí].
Si nos movilizamos, podemos conseguir que se
retire el proyecto. NO ES CUESTIÓN DE IDEOLOGÍA, NI DE PERTENECER O NO, O DE
SIMPATIZAR O NO CON EL GRUPO POLÍTICO QUE GOBIERNA, SINO DE PRINCIPIOS
DEMOCRÁTICOS. Y ESTE PROYECTO ES INCONSTITUCIONAL Y, POR ELLO, ANTIDEMOCRÁTICO.
Puede, además de participar en la concentración citada, enviarle un correo electrónico al Grupo Parlamentario del PP en
el Congreso portavoz.gpp@gpp.congreso.es
pidiéndole que retire este
proyecto.
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