Fin al ‘monopolio’ de las autoescuelas para recuperar los puntos del carné
La DGT adjudica el servicio, por primera vez en la historia, a tres concesionarias distintas
Los cursos para recuperar los puntos del carné experimentarán en los próximos meses un cambio drástico. Por primera vez desde que se implantara el sistema durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la DGT ha adjudicado el servicio a tres entidades distintas. De esta forma, Tráfico acaba con el monopolio que mantenía la Confederación Nacional de Autoescuelas de España (CNAE), que se encargaba de gestionar estos talleres de formación en todo el territorio nacional —excepto Cataluña y País Vasco, donde las competencias se encuentran transferidas— y que, por tanto, decidía en qué centros se impartían. Solo 240 autoescuelas los ofrecían.
El sistema de concesión administrativa diseñado por el Ejecutivo socialista, a través de un concurso público, recibió intensas críticas del sector desde su puesta en marcha. La Asociación Europea de Automovilistas (AE) denunció un "monopolio" que "dificulta a la mayoría de los conductores encontrar una autoescuela cercana" donde se impartan estos talleres de reeducación vial, ya que la designación de los centros es arbitraria y en muchos grandes núcleos urbanos no se elige una autoescuela para ofrecerlos. Además, los dueños de las autoescuelas ajenas a la CNAE afirmaron que la Confederación solo adjudicaba estos cursos a sus "afines".
Ante tales acusaciones, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Secretaría de Economía de Estado de Economía llegaron a elaborar sendos informes donde apuntaba en la misma dirección. En el documento de la CNC, confeccionado en 2009, se recalcaba cómo se "restringe la competencia"; cómo se crean "clientelas cautivas" en determinados territorios, donde no se ofrecen alternativas; y cómo se concentran estos cursos en las autoescuelas que forman parte del colectivo que se hace con la concesión del servicio. De hecho, la CNC propuso al Gobierno que modificase este sistema de adjudicación de los talleres de reeducación vial y permitiese que pudieran impartirlos todos los centros que lo solicitasen y acreditasen unos mínimos.
Una idea que se escuchó en el Senado. Esta legislatura, durante la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Vial, el PP presentó en la Cámara Alta una enmienda para introducir los cambios propuestos por Competencia. Pero, finalmente, los populares la retiraron y mantuvieron el sistema diseñado por el PSOE. "Aquí no hay monopolio porque nosotros hemos ganado un concurso público. No se ha adjudicado nada a dedo", se defiende José Miguel Báez, presidente de la CNAE, un colectivo que asegura que aglutina al 85% de las autoescuelas y que también gestiona estos cursos en Cataluña —antes se encontraban en manos del RACC—; y en el País Vasco, donde cuenta con la adjudicación hasta 2016, según un informe de la Autoritat Catalana de Competència.
El nuevo plan de la DGT
Con su decisión de adjudicar estos cursos a tres concesionarias, Tráfico abre el mercado a la entrada de nuevas entidades. Aunque, eso sí, no modifica el sistema diseñado la década pasada. La DGT ha dividido en cinco lotes el territorio bajo su jurisdicción y los ha sacado a concurso. Tres de ellos los mantiene la CNAE. Pero los otros dos han caído en manos de la consultora PONS Seguridad Vial, que gestionará los talleres en Galicia, Asturias y Cantabria; y de la Fundación UNED-Fundación Invesford, a las que le corresponderán Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares. Lo harán a través de las autoescuelas que designen y sobre las que Tráfico tiene la última palabra, según fuentes del sector.
"Esta adjudicación supone un gran hito y es el resultado de un enorme esfuerzo para que podamos ofrecer una formación de calidad que mejore la seguridad vial", ha recalcado Shara Marín, directora general de PONS Seguridad Vial. El pliego de condiciones fija algunas limitaciones a las concesionarias: deben ofrecer el curso en, al menos, un centro de los municipios de más de 80.000 habitantes; y a menos de 30 kilómetros de distancia de las localidades con más de 20.000 vecinos o 10.000 conductores.
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