Abren
expediente al presidente de la Audiencia de Ourense
El
CGPJ lo investiga por dos posibles infracciones muy graves
Santi M. Amil
El
presidente de la Audiencia de Ourense, Antonio Piña Alonso, se enfrenta a un
expediente disciplinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dos
conductas constitutivas de posibles infracciones muy graves. Las presuntas
irregularidades cometidas por el magistrado corresponden a actuaciones pasadas,
como titular que fue del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense.
La
notificación de apertura del expediente disciplinario, notificada al afectado y
al denunciante, constata como hecho incontrovertido, al haberlo admitido el
interesado, que dictó una resolución que afectaba al juzgado cuando ya llevaba
semanas como presidente de la Audiencia. Lo hizo sin haber solicitado ni
obtenido la habilitación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de
la que sí disponía cuatro meses, cuando dictó una segunda resolución sobre el
mismo asunto.
El
otro hecho también incontrovertido es que el magistrado fue vocal del consejo
rector de la Escola Galega de Administración Pública del 2011 al 2015, sin
haber solicitado autorización.
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Al
comunicarle la incoación del expediente, desde el CGPJ se advierte al
magistrado que desde este mismo momento tiene derecho a ser asistido de
letrado.
En
relación con el auto que dictó a mediados de enero pasado como juez de
instrucción, cuando llevaba más de un mes al frente de la Audiencia, apunta el
CGPJ que «pudieran revestir los caracteres de infracción disciplinaria muy
grave de desatención (...) o una también de carácter muy grave de ignorancia
inexcusable en el cumplimiento de deberes judiciales».
La
queja contra Antonio Piña fue planteada -y reiterada en sucesivos escritos-
desde el entorno de la exconcejala Marga Martín, que fue responsable de
asistencia domiciliaria en el gobierno local de Ourense durante los ocho años
de mandato socialista. La presunta irregularidad del magistrado fue cometida,
precisamente, con ese caso, que se inició en el año 2012 y alimentó las
críticas de la oposición política -PP y Democracia Ourensana- contra la gestión
de un servicio que era bandera del gobierno local. Durante la instrucción se
produjeron varias entradas de la policía en dependencias municipales y de la
adjudicataria.
El
actual instructor ha anulado parte de lo actuado por la presunta irregularidad
de su antecesor, que es la que ahora analizará el Poder Judicial.
La instrucción del
caso de ayuda a domicilio aún no está cerrada. De hecho, ni Piña ni el actual
titular del juzgado, Luis Doval, han dictado el auto definitivo. No solo faltan
por responder varios recursos, sino que el nuevo instructor ha de valorar
peticiones de nulidad total que tiene sobre la mesa, dado que, al parecer,
parte de la causa estuvo algún tiempo fuera de su control.
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