¿ADIÓS A LA CORRUPCIÓN?
Está a punto de ver la luz una nueva Ley de Contratos del Sector Público.
En este momento se está tramitando rápidamente por la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, a la vista del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de noviembre. El motivo de la velocidad es que el Reino de España (que es como nos llaman en Europa) deberá haber aprobado esta ley en transposición de las Directivas de la UE 23, 24 y 25 de 2014 antes de 18 de abril de 2017.
El gran objetivo de esta ley es acabar con la corrupción en la contratación pública española. La intención es loable, pero visto el proyecto en tramitación somos escépticos al tiempo que valoramos positivamente la introducción de algunas medidas.
Para empezar la ley procura aumentar la concurrencia, especialmente la de las PYMES. Sin duda es bueno que no siempre toquen el dinero público lo manejen mismos¿Cómo lo llevarán a la práctica los Órganos de contratación?
Se acentúan los principios de publicidad y transparencia, dentro del llamado «buen gobierno» y lucha contra la corrupción, procurando la profesionalización de la gestión contractual pública muy politizada. Aumentan el control y las garantías sobre esa legalidad y transparencia, con especial atención a las prohibiciones de contratar y las modificaciones de contratos, el ámbito subjetivo de la Ley (ampliado), la generalización del nuevo procedimiento abierto simplificado (que sustituye en la práctica al negociado sin publicidad), los criterios de adjudicación relacionados con el coste-eficacia y la calidad-precio, la necesidad de negociar en el procedimiento negociado, el control de la morosidad, la consolidación de los recursos y tribunales administrativos especiales en materia de contratación, y otras medidas antifraude y anticorrupción sobre los Órganos de contratación, especialmente en relación a los Órganos de supervisión.
Vemos que la teoría no está nada mal. Adjudicaciones no objetivas, fraccionamientos ilegales, modificaciones al alza, fraudes en el procedimiento negociado y abuso de los llamados contratos menores eran los principales puntos negros. Algunos se abordan, otros no. Sigue siendo legal que un ayuntamiento pequeño no necesite tramitar ni documentar ningún tipo de expediente en un contrato de obras que no supere los 50.000 euros másIVA. La cantidad es altísima.
Por otra parte, una gran herramienta para la lucha contra la corrupción es la gestiónpúblicaelectrónica. Los trámiteselectrónicos se publican, como máximo se almacenan, y siempre dejan rastro. En la nueva ley la regla general es la de las comunicaciones electrónicas, pero luego su articulado está repleto de cautelas que indican más bien desconfianza que necesidad de garanta de la seguridad de los sistemas. Parece que se parte de la presunción de que las distintas herramientas y aplicaciones son poco fehacientes, poco seguras e incluso poco accesibles.
En definitiva, nos parece una Ley temida en relación a sus objetivos. Cargada de buenas intenciones pero que algunos podrán burlar. Otras leyes anteriores, como la de transparencia, la de factura electrónica, y la de procedimiento, persiguen también la lucha contra la corrupción. El Código Penal, cuya primera versión es de 1822, no lo ha conseguido en casi 200 años. Al final va a resultar que es una cuestión de ética ¡Sorpresa!
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