SEMÁFORO ÁMBAR E
INDIFERENCIA Y HASTÍO TRAS LA DIFUSIÓN DE LAS ÚLTIMAS GRABACIONES DE VILLAREJO.
NO CONOCEMOS DE NINGÚN PARTIDO POLÍTICO EN ESPAÑA QUE HAYA DENUNCIADO Y
EXPULSADO A NINGÚN DIRIGENTE DE SU PARTIDO POR PRÁCTICAS CORRUPTAS. NI EL PP NI
EL PSOE NI IU NI PODEMOS (EN AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES DONDE GOBIERNAN).
Autor: El Semáforo.
En este caso las grabaciones son de Villarejo con Dolores de Cospedal
y su marido sobre el asunto de la Gurtel. También en otras grabaciones
Villarejo dice que lo cesaron cuando le debían 80 millones de pesetas y que si
no se lo pagaban iba a denunciar que, por orden del Gobierno de Felipe González,
había hecho “pinchazos” telefónicos ilegales a periodistas como Pedro J.
Ramírez y Jesús Cacho (entonces en El Mundo y hoy en El Español y Voz Populi
respectivamente), a Melchor Miralles, y todo ello enmarcado en controlar a los
periodistas que trataban de desenmascarar la mafia del GAL y los fondos
reservados organizado por aquel gobierno socialista.
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Semáforo ámbar e indiferencia y hastío tras
la difusión de las últimas grabaciones de Villarejo. No conocemos de ningún
partido político en España que haya denunciado y expulsado a ningún dirigente
de su partido por prácticas corruptas. Ni el PP ni el PSOE ni IU ni Podemos (en
ayuntamientos y comunidades donde gobiernan). En este caso las grabaciones son de
Villarejo con Dolores de Cospedal y su marido sobre el asunto de la Gurtel.
También en otras grabaciones Villarejo dice que lo cesaron cuando le debían 80
millones de pesetas y que si no se lo pagaban iba a denunciar que, por orden
del Gobierno de Felipe González, había hecho “pinchazos” telefónicos ilegales a
periodistas como Pedro J. Ramírez y Jesús Cacho (entonces en El Mundo y hoy en
El Español y Voz Populi respectivamente), a Melchor Miralles, y todo ello
enmarcado en controlar a los periodistas que trataban de desenmascarar la mafia
del GAL y los fondos reservados organizado por aquel gobierno socialista. Ver a
los del PSOE ignorar las grabaciones que les afectan y “atizar” al PP, Casado y
Cospedal, y ver a los “peperos” no exigir a Cospedal lo que exigían a la
ministra Delgado evidencia el nivel de corrupción acumulado, la desvergüenza,
la hipocresía y el descaro con el que mienten los políticos en este país.
Por las grabaciones conocidas es evidente
que Villarejo traspasó varias líneas rojas y que eso aquí merecería un semáforo
rojo. Lo dejamos en ámbar por diversas razones. Conocemos que él presentó
denuncia en la Audiencia Nacional el pasado año, acusando al CNI de diversos
delitos graves y comprometiendo aportar las pruebas, pero dicha denuncia no fue
ni aceptada a trámite. Tenemos la convicción de que la Policía, todos los
políticos de los últimos 35 años, el CNI y el conjunto de personas que han
trabajado con él han asumido sus prácticas como atípicas pero habituales en
este sistema corrompido instaurado. Y creemos que sin su denuncia escrita sobre
la “pérdida” de cuatro millones de dólares por el CNI en el secuestro de dos
periodistas, posiblemente hoy seguiría llevando a cabo sus prácticas sin que
nadie le molestara.
Ha sido el personaje perfecto para arrojar
basura sobre la “policía patriótica” o la “operación Cataluña”, cortinas de
humo de poderosos multimillonarios e independentistas que quieren romper el
Estado, en confluencia de intereses con otros que quieren salvar la monarquía
protegiendo a Pujol y familia para impedir que cuente lo que sabe del rey emérito.
Coinciden, como en el Gobierno, constitucionalistas e independentistas, porque
así hay alguien a quien culpar de esas falsas operaciones de Cataluña y desaparece
un testigo peligroso para el CNI y el rey emérito, a la vez que se protege a
Pujol y sus hijos (que, por si no lo sabían, siguen sin pisar una cárcel, cosa
que ya han hecho personajes tan poderosos como Rodrigo Rato o Urdangarín).
Para cerrar este capítulo insertamos nota de
prensa de la defensa de Villarejo, lamentando el linchamiento contra el mismo con
filtraciones interesadas sin entrar en ningún caso al fondo del asunto del que
lo acusan, asegurando que podrá demostrar que sus actuaciones fueron llevadas a
cabo con autorización de sus superiores policiales y mandos políticos.