Barbate, el caso Leire, las condecoraciones y una deuda histórica que Interior no quiere escuchar.
Hay momentos en los que la responsabilidad política deja de ser una cuestión de oportunidad y se convierte en una exigencia democrática. Cuando un ministro acumula controversias relacionadas con la gestión de su departamento, cuando sus decisiones afectan directamente a quienes tienen encomendada la seguridad de los ciudadanos y cuando, además, la propia Administración parece olvidar sus obligaciones legales, la pregunta resulta inevitable: ¿hasta cuándo?
Fernando Grande-Marlaska lleva demasiado tiempo al frente del Ministerio del Interior rodeado de polémicas que requieren explicaciones. Barbate, las investigaciones judiciales que afectan a responsables de su departamento, las controvertidas condecoraciones policiales y la falta de respuesta institucional a una reivindicación histórica de policías y guardias civiles constituyen motivos suficientes para exigir transparencia y rendición de cuentas.
No estamos hablando de discrepancias políticas menores. Estamos hablando de confianza institucional, responsabilidad pública y respeto a quienes han dedicado su vida al servicio del Estado.
BARBATE: LA MUERTE DE DOS GUARDIAS CIVILES Y LAS RESPONSABILIDADES PENDIENTES.
El 9 de febrero de 2024, los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez fueron asesinados en el puerto de Barbate cuando una narcolancha embistió la embarcación en la que prestaban servicio.
Dos vidas perdidas. Dos familias destrozadas. Dos compañeros que nunca regresaron a casa.
Aquella tragedia puso de manifiesto las graves dificultades con las que trabajan muchos agentes en la lucha contra el narcotráfico: medios insuficientes, embarcaciones inadecuadas para determinadas operaciones y una exposición al riesgo que exige respuestas de las administraciones responsables.
La investigación penal sobre los dos mandos de la Guardia Civil inicialmente investigados por posibles deficiencias en el dispositivo fue archivada, decisión que no debe confundirse con la responsabilidad política del Ministerio.
Porque una cosa es la responsabilidad penal, que corresponde determinar a los tribunales, y otra muy distinta la responsabilidad política por la planificación, los medios y las decisiones administrativas.
Marlaska debía explicar qué se hizo, qué medios estaban disponibles y qué medidas se adoptaron para evitar que una situación semejante volviera a producirse.
Los homenajes son necesarios, pero no sustituyen a las explicaciones ni a las decisiones que garanticen la seguridad de quienes siguen jugándose la vida.
EL CASO LEIRE: INVESTIGACIONES QUE EXIGEN EXPLICACIONES.
A las controversias anteriores se sumaron las informaciones relativas al denominado caso Leire.
En julio de 2026, el juez Santiago Pedraz citó como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, en relación con una investigación sobre presuntas actuaciones de obstrucción a la Justicia y prevaricación.
Es imprescindible recordar que una citación como investigado no equivale a una condena ni acredita la culpabilidad de nadie. La presunción de inocencia debe respetarse siempre.
Pero también es legítimo preguntarse por la responsabilidad política del ministro que dirige el departamento del que dependen estos altos cargos.
Marlaska manifestó que mantenía su confianza en ambos. Es una decisión que puede adoptar dentro de sus competencias, pero que no le exime de ofrecer explicaciones sobre los motivos de esa confianza y sobre las medidas de control y supervisión de su departamento.
La responsabilidad política no puede desaparecer detrás de los procedimientos judiciales.
LAS MEDALLAS: EL PRESTIGIO POLICIAL NO ES UNA RECOMPENSA DE CORTESÍA.
Otra polémica que merece atención es la concesión de condecoraciones con motivo de los actos de los Ángeles Custodios.
Las distinciones policiales deben preservar el prestigio de la institución y responder a criterios objetivos de mérito, servicio y reconocimiento.
Sin embargo, las informaciones publicadas en septiembre de 2026 sobre las 682 condecoraciones previstas para personas ajenas a la Policía Nacional y dos entidades han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué criterios se utilizan para distinguir a quienes no pertenecen al cuerpo?
Entre los nombres publicados figuraban responsables de comunicación, empresarios, autoridades y otros representantes de distintos ámbitos.
No se cuestiona que una persona ajena a la Policía o Guardia Civil pueda realizar méritos suficientes para recibir una distinción. Lo que se exige es transparencia, justificación y criterios homogéneos.
Tampoco puede ignorarse la controversia generada por la falta de publicidad de determinadas relaciones de condecorados y las críticas sobre posibles impugnaciones judiciales. Si existen decisiones administrativas recurridas o anuladas, deben explicarse con claridad y con sus correspondientes resoluciones.
El prestigio de las medallas no se protege ocultando información, sino garantizando que cada una de ellas esté suficientemente justificada.
Mientras tanto, muchos policías y guardias civiles que han entregado décadas de servicio, que han sufrido persecuciones profesionales o que han arriesgado su vida en defensa de los derechos de todos, siguen esperando un reconocimiento que no tiene por qué adoptar la forma de una medalla.
17 DE DICIEMBRE DE 2026: CINCUENTA AÑOS DE UNA MANIFESTACIÓN QUE NO DEBE OLVIDARSE.
Y llegamos a una cuestión que, para quienes defendemos la memoria de los guardias civiles y policías democráticos, tiene una trascendencia especial.
El próximo 17 de diciembre se cumplen cincuenta años de la histórica manifestación de 1976 en la que policías y guardias civiles reclamaron derechos y libertades y seguridad social.
Aquellos hombres se atrevieron a exigir condiciones dignas, protección social, asistencia sanitaria y reconocimiento profesional en un momento histórico en el que reclamar esos derechos podía significar perder la libertad, el puesto de trabajo o el futuro profesional.
No fueron a buscar medallas. Fueron a reclamar derechos.
Su lucha forma parte de la historia de la democratización de España y de la conquista de unas libertades que hoy disfrutamos todos.
Los promotores de la conmemoración han solicitado al Ministerio del Interior la celebración de un acto institucional de homenaje. La petición ha sido trasladada a los responsables del departamento y, según han denunciado sus impulsores, no han recibido la respuesta institucional que esperan.
La reivindicación es sencilla: un acto de reconocimiento a quienes, desde dentro de las propias instituciones policiales, contribuyeron a abrir camino a la democracia.
No piden privilegios. No reclaman recompensas económicas. No exigen medallas. Reclaman memoria y reconocimiento.
¿Es tanto pedir?
La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, ofrece un fundamento especialmente relevante. Su artículo primero establece entre sus objetivos la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática y la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
Pero es especialmente significativo su artículo 10.1, que contempla medidas de la Administración General del Estado para conmemorar hechos representativos de la memoria democrática y reconocer a quienes lucharon por la libertad y la democracia.
No estamos afirmando que la ley obligue automáticamente a celebrar un acto concreto, pero sí que existe una base legal y un compromiso institucional que merecen ser considerados.
La memoria democrática no puede convertirse en una memoria selectiva, en la que se reconozca a unos protagonistas y se relegue a otros por resultar incómodos o por no encajar en determinados relatos políticos.
La democracia también tiene una deuda con aquellos policías y guardias civiles que lucharon por ella cuando todavía no estaba consolidada.
DOS SOLICITUDES, UNA OBLIGACIÓN LEGAL Y UN SILENCIO QUE DEBE ACLARARSE.
Hay, además, un aspecto que merece una atención especial: la falta de respuesta a las solicitudes dirigidas al ministro.
Los promotores de la iniciativa aseguran haber presentado dos peticiones formales ante el Ministerio del Interior reclamando el reconocimiento institucional del cincuenta aniversario.
Y aquí debemos recordar algo elemental: la Administración tiene obligaciones legales que no dependen de la voluntad de quien ocupa temporalmente un cargo público.
El artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, con independencia de su forma de iniciación y dentro de los plazos legalmente establecidos.
El ministro puede aceptar o rechazar una petición, pero debe hacerlo conforme a derecho cuando exista obligación de resolver.
No es admisible que una solicitud formal quede indefinidamente sin respuesta, si el procedimiento está sujeto a esa obligación y han vencido los plazos correspondientes.
La Administración debe dar ejemplo. Y el Ministerio del Interior, por la naturaleza de sus competencias, debería ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento de la legalidad.
No se puede exigir a los ciudadanos respeto a las instituciones mientras las propias instituciones olvidan que también están sometidas a la ley.
MARLASKA DEBE DAR UN PASO AL FRENTE.
La acumulación de controversias exige una respuesta política.
El caso Barbate, las investigaciones que afectan a altos responsables de su departamento, las dudas sobre los criterios de las condecoraciones y la falta de respuesta institucional a una reivindicación histórica constituyen asuntos que no pueden despacharse con declaraciones de confianza, explicaciones genéricas o silencio.
Un ministro no responde penalmente por cualquier actuación de los cargos que dependen de él. Pero sí tiene una responsabilidad política sobre la dirección, supervisión y funcionamiento de su departamento.
Por eso, considero que Fernando Grande-Marlaska debe asumir las consecuencias políticas de su gestión y que el presidente del Gobierno debe valorar seriamente su continuidad al frente del Ministerio del Interior.
La dimisión o el cese son decisiones que forman parte de los mecanismos de responsabilidad de cualquier Gobierno democrático. No pueden considerarse una exigencia desproporcionada cuando se cuestiona la confianza institucional en quien dirige un departamento tan importante.
Pero hay algo que no debería admitir discusión: los policías y guardias civiles merecen respeto, medios adecuados, derechos y reconocimiento.
El próximo 17 de diciembre no es una fecha cualquiera. Se cumplen cincuenta años de una manifestación que representa una parte de nuestra historia democrática que todavía no ha recibido el reconocimiento institucional que merece.
Aquellos hombres cambiaron su libertad, su tranquilidad y, en muchos casos, su futuro profesional por los derechos y libertades de todos nosotros.
Hoy no piden medallas. Piden que el Estado recuerde lo que hicieron. Y al ministro del Interior le corresponde responder.
Porque la memoria democrática no puede tener dueños, la legalidad no puede tener excepciones y el reconocimiento a quienes lucharon por nuestras libertades no puede depender de la conveniencia de ningún Gobierno.
Marlaska debe dar explicaciones. Y si no está en condiciones de recuperar la confianza institucional que exige su responsabilidad, debe dimitir o ser cesado.
https://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/20261108/marlaska-noticia-689405264534/
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