Hasta cuando las Instituciones públicas van a dejar de someterse al ordenamiento jurídico, una entidad que no cumple las leyes mercantiles debe someterse a concurso, sino, hay que procesar a sus máximos responsables.
Cangas paga una deuda de 36.000 euros tras otro aviso del juez de multar a la alcaldesa
Los tres meses de plazo del contencioso-administrativo expiraron, iniciando el trámite de embargo de bienes municipales
Miembros del Gobierno bipartito de Cangas, empresa y electricistas, en la inauguración del nuevo alumbrado de la alameda. // Gonzalo Núñez
GONZALO MARTÍNEZ - CANGAS La advertencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra de imponer una multa coercitiva de 600 euros a la alcaldesa de Cangas por no ordenar el pago de 36.074,98 euros a la empresa que instaló las luminarias públicas en Cimadevila y Serra Nacente en el año 2006 obligó al Concello a agilizar una operación contable para saldar la deuda y librarse de la inminente actuación judicial, según interpretaron los técnicos municipales. El juez había dado un plazo de tres meses para pagar, y el miércoles remitió un escrito avisando que la prórroga había terminado y que se daba audiencia a la alcaldesa "a efectos de una primera multa coercitiva de 600 euros", señala en su escrito. Asimismo, le requirió designar "bienes patrimoniales propiedad del Ayuntamiento a efectos de proceder a su embargo", que ya no se produjo al dar la regidora la orden de pago del principal, quedando aplazado el desembolso de los intereses.
La sentencia deriva de la demanda interpuesta por la compañía Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamiento, "Imesapi, S.A." (denominada en la actualidad ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L.), a la que el Gobierno de Cangas, presidido entonces por el popular José Enrique Sotelo, encargó en diciembre de 2005 la ejecución del proyecto de "Iluminación pública de Cima de Vila- A Serra de Nacente". La obra se recibió y se certificó en junio de 2006, pero no se pagó, por lo que la empresa requirió al Concello, en febrero de 2008, el abono de la deuda y los intereses generados. Al no ser atendida, inició los trámites judiciales para cobrar, y el Contencioso-administrativo le dio la razón. Aún así, el Concello no cumplió en plazo, y el juez instó a multar a la alcaldesa y a embargar bienes públicos, lo que aceleró el desembolso municipal.
Esta resolución judicial supone un nuevo batacazo para la economía del Concello, que "ya no tiene, prácticamente, de donde sacar" dinero para atender a sus obligaciones, mientras no dejan de llegar sentencias desfavorables y se acumulan las peticiones y compromisos de pago. La regidora se defiende alegando que la mayoría de las obligaciones derivan de los anteriores gobiernos, del PP, y que ahora se están cosechando los resultados de aquella gestión, que, además, se produjo en época de "vacas gordas" y con cuantiosos ingresos en las arcas públicas, sobre todo como consecuencia del boom urbanístico.
El pago por mandato judicial obliga a los responsables locales a sacar dinero de partidas que ya estaban comprometidas, lo que evita el embargo de patrimonio. Desde el Concello apuntan que la situación es "crítica" por la acumulación de deudas y la falta de ingresos
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