La aventura de Narcis Serra con la Púnica acaba en el contribuyente
Aquel 13 de diciembre de 2005 el entonces líder de los socialistas catalanes, Pasqual Maragall, se preparaba para celebrar el primer aniversario del Pacto del Tinell que le había llevado al poder en coalición con Esquerra e ICV. Había colocado también a su amigo Narcís Serra como presidente de Caixa Catalunya que tenia ese mismo día reunión de la comisión ejecutiva. El ex vicepresidente del Gobierno se había reconvertido a financiero y tenía sobre la mesa una golosa operación inmobiliaria en la Comunidad de Madrid, donde tenía ganas de expandirse. El chollo lo ofrecía el empresario más implantado en Valdemoro, Ramiro Cid, dueño del grupo Obras y Vías y actual imputado clave en la trama del llamado caso Púnica. Obras y Vías les vendía por 50 milloncetes de nada sus derechos y terrenos para edificar 400 viviendas unifamiliares en hasta 40.000 metros cuadrados aprovechando un nuevo plan urbanístico que, según Cid, estaba al caer. El alcalde entonces del PP, José Miguel Moreno, no lo había aprobado aún, pero no habría problema porque Cid era buen amigo de él y más aún de su antecesor, Francisco Granados que seguía influyendo en el municipio desde su consejería de Infraestructuras en el Gobierno de Esperanza Aguirre. El coste total del proyecto era de 82,6 millones, pero la rentabilidad esperada era como mínimo de un 15%. Tiempos aquellos burbujeantes. Serra y su equipo aprobaron la operación y comenzó así su aventura en Territorio Púnica con resultado final de que el proyecto ha acabado rescatado por el contribuyente tragándose las pérdidas primero y asumiendo los terrenos después a través del llamado banco malo Sareb.
El juez que instruye el caso Púnica asegura que Cid, Granados y otro empresario amigo de éste, David Marjaliza, eran en realidad socios, de modo que el ex alcalde de Valdemoro se lucraba de los proyectos adjudicados a Obras y Vías.
La operación en la que se embarcó la caja catalana es una de las más surrealistas que denuncia el fiscal Anticorrupción y es de las que motiva que la Audiencia Nacional haya imputado a Serra y al resto de la cúpula por delito continuado de administración desleal. Entre ésta y otras operaciones inmobiliarias se ha producido un un perjuicio de 720 millones, según el Frob, que impulsa el caso. Las pérdidas globales del Estado en Catalunya Caixa (fruto de la fusión de Caixa Catalunya y otras cajas catalanas) superan los 12.000 millones, peor por ahora que Bankia.
El fiscal Fernando Maldonado no acusa a Serra ni al resto de su equipo -en el que añade incluso al actual presidente de Enagás, Antoni Llardén- como partícipes en repartos de comisiones, pero sí los presenta como irresponsables administradores al aceptar negocios como el de Valdemoro. Lo que compraba la caja catalana era, según el fiscal, «algo genérico y pendiente de concreción, por cuanto aún no existían las fincas en donde se pudiera materializar la mencionada edificabilidad, ya que el planeamiento y la gestión urbanística estaba aún en curso de tramitación».
Hay más. El presunto socio de Granados ponía su parte a través de terrenos que no eran completamente suyos. «Obras y Vías transmite aprovechamientos futuros sobre unas fincas que no son de su plena propiedad, ya que una de ellas es propiedad de El Corte Inglés en un 12,34% y otras están hipotecadas a favor del Banco de Santander». En contraste, la alegre Caixa Catalunya aprobó un pago que «no se condicionó a hito y/o aprobación urbanística alguna». Tanto si se hacía como si no se hacía, ahí estaba el dinero de la caja. Cuando pagó «no se había aprobado el proyecto de reparcelación y por tanto no se disponía de las fincas para poder construir y lo que es peor, no se había formalizado la escritura de compraventa y no se había llegado a transmitir suelo o finca alguna». Al final, dos años después, se consiguieron terrenos más pequeños y en otra zona de Valdemoro. Obras y Vías quedó a deber al menos 9,4 millones aún impagados y la Sareb intenta ahora salvar lo que pueda del resto del plan. «La compraventa carece de las elementales medidas de seguridad jurídica, al no contemplarse las garantías suficientes que hubieran permitido acotar el precio en función de la realización de las deseadas expectativas urbanísticas. La forma de pago del precio no fue transparente», acusa el fiscal.
Hay más. Entre los promotores que se lucraron con Caixa Catalunya en otros casos figura Fidel San Román, condenado en el caso Malaya. También cobraron como intermediarios en Cataluña los acusados en la operación Pretoria, Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra miembros de CiU y rivales de Serra en teoría. En la práctica, de quien eran todos enemigos es del contribuyente.
LA EFEMÉRIDE. Cuando se cumplen seis años de los famosos correos del inspector del Banco de España, José Antonio Casaus, advirtiendo de la inviabilidad de Bankia es impresionante su testimonio del pasado jueves ante el juez al asegurar que no tuvo réplica. «Nadie me respondió», afirmó Casaus. Ni siquiera sus superiores, los imputados Pedro Comín y Pedro González, le respondieron, aunque fuera para reprocharle su contenido, según su versión. Casaus aseguró, frente a la versión oficial, que sus correos estaban muy meditados y discutidos con su equipo y que no eran menos oficiales que los llamados informes de seguimiento. En el intenso interrogatorio -pese a que comparecía como testigo- al que le sometió el abogado de los imputados del Banco de España, Manuel Cobo del Rosal. Casaus pareció satisfecho de mostrar que se puede ser independiente de criterio... si se quiere.
EL PERSONAJE. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue avisada en la noche del miércoles de que Ciudadanos quería una semana más para la votación sobre la reforma de la estiba, pero nunca se le dijo que, en caso contrario, cambiaría de voto y ya no apoyaría. Báñez se enteró de que C's se bajaba del tren del sí ya en la mañana del jueves, poco antes de que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, subiera a la tribuna. El malestar con Albert Rivera en el Consejo de Ministros del viernes era palpable. Todo el discurso de Rivera de que el PP no es de fiar porque no cumple sus acuerdos se ha vuelto ahora en contra del catalán. De hecho, la frase más repetida entre los ministros es ésta: «Aver con qué cara va Rivera ahora a Cataluña a exigir a los independentistas que cumplan la ley, cuando él no vota a favor de cumplir la legalidad europea». Rajoy dice (por ahora) que él no quiere adelantar elecciones.
PARA SEGUIR. El presidente del Frob, Jaime Ponce lanzó el jueves El presidente del Frob, Jaime Ponce, lanzó el jueves un tremendo comunicado sobre que denuncia a la Fiscalía operaciones irregulares, previas a 2010, de «Caja España y Caja Duero» (por este orden) por valor de 120 millones. En Caja España era consejero el actual número tres del PP, Fernando Martínez Maíllo, que quedó inicialmente en la picota. Éste ha tenido enchufe y ha logrado que se excluya su caso, porque en el organismo han puntualizado después que lo cierto es que 119,75 millones corresponden a Caja Duero y ¡250.000 euros! a Caja España y en un año que no estaba Maíllo. Y no dicen más, así que todos los ex consejeros de todos los años, sobre todo de Caja Duero, siguen bajo sospecha de que pueden ser imputados. Hace bien el Frob en denunciar lo que vea, pero debe desvelar con transparencia y sin cuentagotas qué escándalos detecta en las cajas rescatadas. Su opacidad es irresponsable.
http://www.elmundo.es/economia/2017/03/19/58cc529ae2704eef288b4644.html
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