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Lo del transporte colaborativo, como cualquier nueva
actividad que pueda tener éxito en nuestro país, en especial si tiene
carácter innovador, se acabará enfrentando antes o después con numerosas
trabas (más bien antes que después). Hacienda querrá sacar tajada de
inmediato y hará lo posible por meter mano en el negocio. Es lo que está
ocurriendo con este sistema de desplazamientos en los que los internautas
comparten vehículo a través de la red.
¿Es ilegal el transporte colaborativo?
Hay distintas plataformas de transporte colaborativo en la
actualidad, pero tal y como suele hacer Hacienda en este tipo de casos, el
ataque lo hace siempre contra la empresa más fuerte o más representativa
del sector demonizado, con la intención de luego aplicar el criterio al
resto de empresas del sector, o en el supuesto de que consigan su cierre,
cerrar también las demás. Esto no es nuevo.
¿Qué empresa de transporte
colaborativo tiene ahora las de perder?
Sin duda UBER. Hacienda ya la ha señalado con
el dedo en el plan de control tributario de este año, dentro de las
actuaciones dirigidas contra la economía digital.
Según Hacienda, estas empresas, aprovechando la
deslocalización que le permite la red, «pueden ocultar diversas formas de
fraude».
Parece ser que ha sido el propio sector del taxi quien ha
denunciado el asunto y quienes dicen de estas plataformas que «posiblemente
actúen al margen de la legislación en materia de transporte y sin cumplir
las obligaciones fiscales ni la normativa de trabajo y de seguridad social»
Tienen todos los ojos puestos en UBER pero ni siquiera saben
exactamente qué es UBER. En apariencia es una sociedad no residente situada
en Estados Unidos o en Holanda (ni eso está claro), pero en Barcelona
también parece existir como tal...
Ya nos iremos enterando del asunto, pero es probable que
estas iniciativas de transporte colaborativo acaben desapareciendo si la
presión fiscal y legal aumenta.
Ramón Cerdá
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