ElGobierno pone coto al abuso de notarios y registradores en lashipotecas

ElGobierno pone coto al abuso de notarios y registradores en lashipotecas

Losfuncionarios cobraban de más al tramitar la cancelación de lospréstamos.

Añospagando religiosamente la hipoteca de la casa y, cuando se termina por finde abonar el préstamo, llega otro gasto más. Los 200 euros o más queconllevan los trámites ante el notario y el registrador de la propiedadpara cancelarlo. Pero esas cantidades, cobradas sistemática yarbitrariamente por esos funcionarios, son un exceso que, desde 2007, lesha producido beneficios millonarios. Justicia ha decidido acabar con elloy ha aclarado el arancel que conllevan estos trámites. Ahora, que elnotario cobre para realizarlos más de 55 euros o el registrador más de 24es ilegal. Y en sus minutas no cabe ningún otroconcepto.

Esastarifas ya estaban vigentes desde 2007 cuando el Gobierno aprobó unarebaja del arancel que cobran notarios y registradores por lascancelaciones de créditos hipotecarios. La Dirección General de Registrosy del Notariado, dependiente de Justicia, dio desde 2009 la razón a variosperjudicados a los que se había cobrado de más. Pero estos funcionarios,que cobran por cada uno de los trámites en los que intervienen, se negarona aplicar esas resoluciones y continuaron inflando sus facturas.Desobedecieron, incluso, resoluciones judiciales.

LaOrganización de Consumidores y Usuarios (OCU) dio la voz de alarma enseptiembre. Tras realizar un estudio entre sus socios, averiguó que, enlas 83 operaciones analizadas, notarios y registradores habían cobrado10.370 euros de más. El colectivo extrapoló esa cifra a las 372.042cancelaciones de hipotecas que se tramitaron en 2010 obteniendo una cifraescandalosa. El sobre cobro total, si esas prácticas fueran generalizadas,superaba los 93 millones de euros. La OCU denunció el asunto ante lafiscalía y dio cuenta a Justicia para reclamar que estos funcionariosdevolvieran lo ganado indebidamente. El resultado es la modificación delos decretos en los que se recogen los aranceles de notarios yregistradores recién aprobado, que no les deja margen para interpretarloen su beneficio.

Porqueeso, precisamente, es lo que hacían. A pesar de que la propia exposiciónde motivos de la reforma de la ley de subrogación y modificación dehipotecas aprobada en 2007 explicaba que su objetivo era extender larebaja en el arancel "a las cancelaciones que no tienen como finalidad lasubrogación y a los créditos hipotecarios", es decir, a las que serealizan una vez que la hipoteca se ha terminado de pagar, notarios yregistradores entendían que el descuento solo era aplicable en los casosde subrogación (cuando el préstamo pasa a otra persona) y modificación dehipoteca, pero no en estas cancelacionesfinales. Y lo hacían a pesar deque la Dirección General de Registros había resuelto reiteradamente queesa interpretación no era la correcta.

Lareforma no deja lugar a dudas. En el caso de los notarios, el precio quedaestablecido en 30,05 euros por el trámite de la cancelación de lahipoteca, a lo que habrá que sumar los cinco euros que cuesta cada foliode la escritura. Como la nueva norma les prohíbe percibir ninguna cantidada partir de la quinta hoja, la cantidad total a pagar será de unos 55,05euros. Ni uno más. La cancelación del préstamo en el Registro de laPropiedad, por su parte, queda fijada en 24,04 euros. El registrador cobraen función del capital pendiente de pagar que, en estos casos, en los quela hipoteca se ha abonado íntegramente es igual a cero, luego lecorresponde ese arancel mínimo únicamente.

Lareforma, según fuentes de Justicia, tiene además por objetivo acabar condeterminados conceptos por los que estos funcionarios cobrabanhabitualmente sin ningún respaldo legal. Las minutas de los notarios, porejemplo, no podrán incluir otros gastos como, por ejemplo, informaciónregistral (24 euros), fax de comunicación al registro (30 euros),certificado de cargas (24 euros), diligencia de catastro (18 euros),obtención de certificaciones bancarias (60 euros) o búsqueda deantecedentes (60 euros). Y da igual que sean en papel otelemáticas.

Enlas de los registradores, los conceptos que hasta ahora engordabannotablemente la minuta y que a ya no tienen cabida en ella son lacertificación telemática (6 euros), la certificación gráfica y catastral(24 euros), nota marginal geobase (9 euros), cambio de titular de vivienda(24 euros), nota informativa notario (9 euros)... Cualquier ciudadano quereciba una factura en la que se incluyan estos conceptos, conindependencia del trámite que las genere, podrá recurrir a la DirecciónGeneral de Recursos y del Notariado para pagar lo que estrictamenteestablece la ley. Nada más.