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jueves, 12 de abril de 2012

Una bomba de relojería




Elanuncio de un nuevo recorte de 10.000 millones mas a los pocos días de habersepresentado los Presupuestos Generales del Estado , esta vez en sanidad yeducación, ha puesto a la Comunidades Autónomas en la diana sobre una de las causas de este déficit desbocado que nos ha llevado a una situaciónlímite al borde de la intervención.  Cuando se instauró el sistema sepensaba exclusivamente en efectuar una descentralización de tipo administrativopara acercar y mejorar los servicios al ciudadano como tienen muchos de los paísesde nuestro entorno. Esto no ha sucedido así y en este momento estas Comunidadesy sus subdivisiones posteriores se han convertido en el principal obstáculopara poder salir de la crisis.
Alrededorde cada una empezó a llegar un dinero de los impuestos para gestionarlas lascompetencias adquiridas el cual fue dedicado destinado en una parte cada vezmas importante a la creación de una nueva casta política regional que dedicóuna buena parte de estos recursos al fomento de identidades diferenciadoras,desarrollo de idiomas autóctonos,  embajadas,y especialmente crear un entramado de intereses y corrupción que estaban implicadasmas políticos de nuevo cuño que en vez de gestionar unos recursos limitados sededicaron a hacer politiqueo casi siempre en contra del estado central.
Elcaso de la sanidad es de libro. Tras la aprobación del nuevo sistema definanciación autonómica, que incluía las dotaciones necesarias para que lascomunidades autónomas ejercieran las competencias sanitarias, se llevaron acabo esas transferencias de forma que el gobierno de la nación cedió la gestiónde la sanidad a las instituciones autonómicas. El proceso acelerado de estatransmisión de poderes hizo que se desaprovechara notablemente la largaexperiencia acumulada por el INSALUD en la gestión eficiente de los recursossanitarios, con equipos humanos altamente cualificados y un catálogo deprocesos suficientemente testados en el tiempo para garantizar el mejor uso delos recursos públicos puestos a disposición de la sanidad.
Laentrada de las comunidades autónomas en esta parcelación de las competencias sanitariastuvo como primer efecto la eliminación de las ventajas de toda economía deescala, dado que es mucho más ventajoso comprar productos o contratar serviciospara todo el territorio nacional que hacerlo por separado para cada una de las17 comunidades. Además de ese importante efecto, la cesión de la sanidad a lasautonomías tuvo como consecuencia la multiplicación de los equipos de gestión ylos gastos administrativos para hacer funcionar el nuevo sistema parceladofruto de las transferencias realizadas.
Porotra parte, la asunción de las competencias sanitarias por las autonomíasprovocó la equiparación al alza de los salarios de los profesionales delINSALUD con sus colegas de cada comunidad autónoma, además del hechosuficientemente constatado de que la sanidad pasó a formar parte del elencodemagógico de la clase política autonómica, prometiendo y llevando a cabonumerosas inversiones con motivo de las citas electorales, no siemprejustificadas desde la racionalidad, que después habría que dotar de personal yequipos con el incremento de gasto consiguiente.
Laconsecuencia práctica de este proceso en términos económicos es que el gasto sanitario español pasó de 38.563millones en 2002, justo antes de producirse las transferencias, a los 88.828 millonesque costó la sanidad en España en 2010, último año recogido por lasestadísticas oficiales del Ministerio -se estima que cerró 2011 en los 95.000millones de euros-. Así pues, como consecuencia de que las autonomíaspasaran a gestionar la sanidad pública, en tan sólo ocho años el gastosanitario español se duplicó sobradamente, tras dispararse un 131%.
Enotras palabras, la decisión del último gobierno de Aznar de transferir a lascomunidades autónomas nos cuesta ahora mismo a los españoles unos 50.000millones cada año. Descontado el impacto lógico en las cuentas sanitarias delnormal aumento de población en España y el IPC interanual, nuestro sistema de salud arroja un exceso de gasto no inferior a35.000 millones -el triple de los recortes presupuestarios de Rajoypara 2012-, que de no haberse producido esas transferencias convertiría eninnecesarias las subidas de impuestos recetados por el actual gobierno paracombatir los efectos de la crisis económica. Un caso parecido se ha producidocon la Educación Pública donde las Autonomías tendrán que justificar cual hasido su papel en los malos resultados de nuestra educación con el agravante dehaberla politizado hasta la nausea, en favor de los caciques locales.
Ahoramismo hay numerosos mensajes que apremian a un desmantelamiento del Estado delas Autonomías y sus ramificaciones ante esta “bomba de relojería” que supone el pastel autonómico y elcrecimiento exponencial de sus gastos. En Andalucía, pero también Cataluña, seposan todas las miradas ante su postura frontal a cualquier recorte a la esperadel Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar a principios demayo que tendra que ser quien tenga que ponerle el cascabel al gato.
 
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