Valeriano Gómez, de manifestante en el 29-S a ministro de Trabajo
M. Tejo
El desembarco de Valeriano Gómez en Trabajo e Inmigración no será nada cómodo. El sucesor de Celestino Corbacho tiene dos patatas calientes sobre la mesa: abordar la peliaguda reforma de las pensiones y volver a tender puentes de entendimiento con la patronal y los sindicatos.
En su nuevo cometido, Gómez, de 53 años, deberá arrimarse a los agentes sociales y tratar de convencerles de las bondades de la reforma laboral, un texto convertido ya en ley y que, entre otras cosas, facilita el coste de despido de 20 días cuando está motivado por causas económicas. La paradoja del asunto es que él mismo salió a la calle el 29 de septiembre, la jornada de la huelga general, para manifestarse en contra de la política de Zapatero.
“En este momento no tengo ningún inconveniente en venir a la manifestación”, aseguró entonces. El que fuera responsable de Empleo con el ministro Jesús Caldera en 2004, cargo que abandonó a los dos años por problemas de salud y desavenencias con éste, señaló que las centrales sindicales “tienen derecho a manifestar sus opiniones respecto a lo que entienden que es una política con la que no están de acuerdo”.
Preguntado por estas palabras, el presidente Zapatero prefirió ayer pasar página. “Valeriano ha trabajado en mi gabinete y en Ferraz. Y ha sido una de las personas que más papeles me ha pasado y tengo una gran confianza en él”, dijo al respecto.
Su doble condición de afiliado al PSOE y a UGT es un puente natural de diálogo con los sindicatos, a los que desde ayer mismo tendió la mano. Su incorporación al Ejecutivo ha alegrado al sindicato de Cándido Méndez, que achacó la remodelación gubernamental al “éxito” de la huelga general. También la patronal CEOE y la organización de autónomos ATA pusieron en valor su “amplia experiencia”.
Aunque detrás de los mensajes de bienvenida, a Gómez le espera una intensa labor. Deberá ingeniárselas para tratar de disminuir el abultado desempleo, que afecta a más de 4,6 millones de personas. En relación con esto, Gómez se enfrenta al reto de desvelar sus cartas sobre cómo piensa remodelar los Servicios Públicos de Empleo y el papel que jugarán las ETT o agencias privadas en todo este asunto, si es que quieren que jueguen alguno.
Pero lo más inmediato es quizá la reforma de las pensiones, cuyo proyecto de ley el Gobierno quiere enviar al Parlamento a finales de año. Las materias espinosas están ahí. El Ejecutivo busca elevar hasta los 67 años la edad legal de retiro y aumentar en cinco (desde los 15 a los 20) la base para calcular la pensión, lo que supone para los futuros pensionistas la rebaja de un 5,6% de media de sus prestaciones.
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