En el juzgado de Instrucción número seis de Vigo, se siguen diligencias en el caso de facturas falsas que ha causado la alarma por el montante de facturas falsificadas y el montante económico. Al día de hoy hemos podido saber que hay importantes grupos empresariales imputados a los que le han obligado a depositar trescientos mil euros , JC, y 3.500.000 euros. El asunto además de ser un caso de supuesta falsificación documental puede derivar en delitos fiscales y afectar a personalidades políticas, puesto que en algún caso se han concedidos y pagado grandes cantidades por obras que no existían.
Este caso saltó a la opinión pública hace escasamente una semana, y está en investigación tanto por el Juzgado como por la AEAT, y hay sospechas que pueda estar relacionado con graves escándalos que afecta a la clase política y por sus relaciones con el caso Campeón y con el conocido como VILLA PSOE.
Noticia del caso en Faro de Vigo.
La juez imputa a medio centenar de empresarios en un fraude fiscal de más de 10 millones de euros
Un juzgado investiga un presunto entramado de emisión de facturas falsas que lideraría un grupo empresarial vigués
Un juzgado de Instrucción de Vigo investiga el supuesto entramado de fraude a la Agencia Tributaria. // J. de Arcos
U.FOCES / M.FONTÁN El Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo investiga el considerado como el mayor o uno de los mayores fraudes fiscales de facturas falsas destapados en Galicia por la Agencia Tributaria, que superaría ya los diez millones de euros, si bien según una de las actas que constan en la causa podría elevarse a 50 millones. La investigación judicial comenzó en 2009 y por el momento están implicadas más de medio centenar de empresas privadas, fundamentalmente del sector de la construcción que se dedican tanto a obra pública como privada, con sede social en Vigo, en otras ciudades de la provincia de Pontevedra y también en la de A Coruña. Responsables de estas firmas han sido imputados por la magistrada, al igual que algunos empleados bancarios y trabajadores autónomos. Los investigadores sitúan a una conocida empresa viguesa en el núcleo de esta compleja trama, que supuestamente emitiría las facturas falsas al resto de implicados para que estos pudiesen evadir impuestos a Hacienda. A su vez, esta firma habría utilizado a ciudadanos rumanos que trabajaban como autónomos para ellos para cerrar el círculo del supuesto fraude, sin que estas personas aparentemente lo supieran.
La causa que instruye el tribunal vigués se sigue por tres tipos de delitos: presunto fraude fiscal de defraudación de IVA, de defraudación del Impuesto de Sociedades y/o un tercer delito de falsedad documental. Las diligencias judiciales se abrieron en el año 2009 tras la presentación en el juzgado de una denuncia por parte de la Fiscalía, aunque la Agencia Tributaria, que fue quien destapó el caso, ya lo investigaba desde tiempo atrás por vía administrativa. Los expedientes en los que se habría incurrido en irregularidades, según pudo saber este periódico, corresponden a los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, si bien la causa podría ampliarse a 2008 ya que Hacienda sospecha que el fraude continuó al menos en ese año.
La Agencia Tributaria sostiene que la firma Cinco Jotas, de los cuatro hermanos vigueses Costas, y su grupo de empresas en las que la acusación centraliza la trama –que se dedican a proyectos inmobiliarios y están vinculados a empresas de subcontratas de obras públicas y privadas– habría emitido facturas falsas a numerosas empresas que tenían una elevada facturación pero pocos gastos, de forma que estos últimos se incrementasen ficticiamente y sus beneficios se redujesen. Todo con apariencia de veracidad, ya que se realizarían transferencias reales de dinero. De esta forma, las firmas implicadas habrían deducido por gasto que en realidad no existe, distrayendo gran cantidad de dinero en perjuicio de la Hacienda Pública en los impuestos del IVA y Sociedades.
El grupo empresarial vigués, por su parte, que con estos movimientos evidenciaba una elevada facturación, incrementaba a su vez ficticiamente sus gastos con facturas que presuntamente le emitían para su cobro numerosos trabajadores autónomos rumanos. Sin embargo, estos ciudadanos extranjeros al parecer eran ajenos al entramado. Al menos esto es lo que sospecha Hacienda y la acusación, ya que aunque la mayoría de ellos fueron citados a declarar como imputados, negaron ante la juez haber emitido tales recibos y aseguraron desconocer de qué les hablaban. De hecho a casi todos se les retiró la acusación. La principal hipótesis es que el propio grupo empresarial presunto cabecilla eran los autores de los facturas.
El supuesto fraude presentaría varias ramificaciones, desde la deducción o compensación del IVA en función de datos no reales, a la contabilización de gastos que no son tales porque ni siquiera existieron. Es una investigación laboriosa ya que hubo que examinar todas las facturas emitidas y recibidas por el grupo empresarial vigués y el resto de firmas. El delito fiscal se produce cuando hay un fraude superior a 120.000 euros por impuesto y ejercicio –cuantías inferiores son infracción administrativa–. Está penado de uno a cuatro años de cárcel y multas de hasta el séxtuplo de lo defraudado. A algunos implicados se le imputan todos los delitos y a otros, solo alguno.
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