EL TIEMPO DE ESPERA PARA CASARSE CIVILMENTE EN MADRID ES DE OCHO MESES

Casarse o divorciarse por unos 30 euros: los notarios no harán el 'agosto'

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz"Gallardón (Efe)

Alberto Ruiz Gallardón se ha propuesto acabar con el atasco en los juzgados españoles. Aunque el proyecto todavía está en pañales, el ministro anunció ayer que gracias a la nueva Ley de mediación y jurisdicción voluntaria, los notarios podrán casar por lo civil y conceder divorcios cuando sea de mutuo acuerdo. Desde que el ahora ministro de Justicia canceló en Madrid cuando era alcalde las bodas civiles por la tarde como medida de austeridad, la lista de espera para casarse por los juzgados de la capital casi se duplicó, llegando hasta los ocho meses de demora y motivo suficiente para que muchas parejas decidiesen casarse en municipios periféricos con menos presión.

Fueron los más de 3.000 notarios que hay en España, representados por Manuel López Pardiñas y Joan Carles Ollé, presidente y vicepresidente del Consejo General del Notariado, quienes informaron a Gallardón de la disposición de su sector para asumir nuevas funciones en materia de jurisdicción voluntaria, arbitraje y mediación y dieran un empujón a la mala situación que atraviesa el sector, cuyos ingresos han descendido en cuatro años en más de un 70%. Falta por saber cuánto cobrarán los notarios por este trámite, y si la medida conseguirá remontar y descongestionar tanto el número de matrimonios como el de divorcios.

De cualquier modo, y tomando como guía los aranceles que por ley tienen que cobrar los notarios, no parece que las bodas y divorcios vayan a equilibrar las pérdidas de ingresos que este sector está sufriendo por la crisis inmombiliaria y la caída de la escrituración de hipotecas. La tarifa por divorcio o matrimonio debería estar en torno a los 30,05 euros, que es lo que la ley marca actualmente para actas, testamentos, capitulaciones matrimoniales y otros documentos civiles como el de estado civil, emancipación o reconocimiento de filiación.

En cuanto oyeron la noticia, los secretarios judiciales levantaron también la mano y se mostraron dispuestos a asumir la gestión de bodas y divorcios de mutuo acuerdo “con coste cero para la ciudadanía”. “Disponemos de personal capacitado y estamos dispuestos a ello”, aseguró Rafael de la Fuente, secretario general del Sindicato de Secretarios Judiciales. A pesar de no compartir con Gallardón que la solución pase por desjudicializar y advertir de que las opciones de pago pueden desembocar en la creación de dos tipos de Justicia distintas, “la que se puede pagar y la que no”, el debate le parece positivo “siempre que vaya en beneficio de la Justicia”.

Marga Martínez, portavoz de Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), respaldó la propuesta al considerar que “agilizará el funcionamiento” de los juzgados de familia: “El divorcio de mutuo acuerdo no necesita de una especial tramitación procesal o intervención jurisdiccional”. Asimismo, apuntó que los trámites de mutuo acuerdo que podría realizar este colectivo no deberían ser posteriormente revisados en un juzgado, así que aboga porque la “judicialización solo merece la pena cuando hay controversia”.

Colapso en los matrimonios civiles

Por primera vez en la historia, las bodas civiles superaron a las religiosas en 2009. Desde el año 2000, el número de enlaces civiles ha ido en aumento en detrimento de los matrimonios celebrados en la Iglesia. En aquel año, se oficiaron 163.636 matrimonios religiosos, frente a los 52.255 celebrados por jueces y demás personal autorizado. Desde entonces, la tendencia a la baja ha sido imparable hasta ser superada en 2009 por los enlaces civiles.

Todos los juzgados tienen un horario estricto para los matrimonios civiles. El Sindicato de Trabajadores de Justicia advertía el año pasado de que si se amplían los horarios la Consejería de Justicia habría que aumentar la plantilla, poner más medios y pagar horas extras a los oficiantes. Todavía falta por concretar qué potestad tienen los notarios y cuál pertenecerá siempre a la Justicia. Las medidas, en boca del ministro, están focalizadas para acabar con el atasco en los juzgados españoles.