Miguel Angel Blanco: víctimas y políticos
Jose Manuel Sánchez Fornet*
Se han cumplido 20 años del crimen de Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua por el PP secuestrado y asesinado por ETA, y sobre los homenajes por el aniversario se han producido diferencias políticas que, luego explicaré la razón de este comentario, ya era hora que se produjeran.
Si hay algo en la política española que sea para estudiar como la mayor bajeza moral que debería conducir a la expulsión de todos los políticos que la practicaron, por encima incluso de la corrupción es lo que hizo el PP en la oposición respecto al terrorismo. Recalco, en la oposición, porque cuando está en el Gobierno hace lo mismo que desde la oposición considera que hecho por otros es delitos de traición a la Patria, complicidad con el terrorismo o cualquier otra barbaridad que se le ocurra a cualquiera de ellos.
Lo que se ha venido en llamar “espíritu de Ermua” y que algunos señalan como la movilización que propició el final de ETA fue un hecho aislado, de una gran intensidad pero muy limitada en el tiempo, que no aporto objetivamente nada para conducir al final de la banda terrorista. Otra cosa es que la sociedad, o una parte de ella, necesitan ventear zonas oscuras cerebrales por su pasividad durante tantos años y tantos muertos, y con ese crimen decidieran sacudirse sus fantasmas morales y/o mentales aprovechando la explosión de indignación que se produjo.
Eta nació en 1959, cometió su primer crimen contra el guardia civil Pardines en 1968 y hay quien señala como suya la bomba de junio de 1960 en la estación de San Sebastián en la que murió la niña de dos años Begoña Urroz, aunque nunca fue reivindicada por ETA ni se pudo acreditar su relación con la misma. Cuando se produjo el atentado contra Miguel Ángel Blanco ETA llevaba 35 años matando con 785 víctimas mortales y después del mismo siguió matando 13 años más en los que provocó otras 67 víctimas mortales.
Los políticos olvidan a menudo que ellos representan a la ciudadanía y que deben rendir el mismo honor a cualquier víctima de terrorismo y no despreciarlos en comparación con “los suyos”.
Miguel Ángel Blanco fue víctima de un secuestro y crimen despreciable, como lo fue el año siguiente el del matrimonio Jiménez-Becerril en Sevilla, a manos de un comando que llevada dos meses controlado y al que se retiraba la vigilancia de noche; o el del inspector Puelles, en el año 2009, tras una bomba lapa que lo dejó herido en su coche que ardió con él dentro sin que nadie pudiera socorrerle durante los 10 minutos que estuvo pidiendo ayuda mientras moría consumido por el fuego; y en ambos casos y otros 64 crímenes posteriores a Miguel Ángel Blanco ese movimiento que dicen algunos políticos y periodistas que fue fundamental para acabar con ETA desapareció. ETA siguió matando, la sociedad volvió a actuar como siempre (nadie puede exigirle más), y los políticos del PP a lo suyo: exigir responsabilidad a todos y apoyo cuando estaba en el Gobierno y denunciar todo desde la oposición usando miserablemente el terrorismo en la disputa política.
No podemos centrar la reacción contra ETA ni concederle determinados supuestos beneficios en la lucha contra la banda criminal simplemente porque el PP ha decidido aumentar esa parte de la historia porque es un concejal del PP quien la protagoniza, y dentro de 50 años, cuando se escriba la historia del terrorismo en España se pase del crimen y la reacción social por Miguel Ángel Blanco se señale como un hecho determinante del fin de ETA, porque no es verdad. Los políticos olvidan a menudo que ellos representan a la ciudadanía y que deben rendir el mismo honor a cualquier víctima de terrorismo y no despreciarlos en comparación con “los suyos”. Ejemplos de esto hay muchos para tan poco espacio como dispongo aquí, pero ahí está el estadio deportivo Buesa Arena, en Vitoria, en homenaje al político socialista asesinado allí, o el Martín Carpena en Málaga por la muerte del concejal del PP del mismo nombre, sin que exista el más mínimo rastro de once malagueños, policías, guardias civiles y la esposa de uno de ellos asesinados por ETA.
Cada ciudadano puede tener en su corazón y su memoria el nombre de las víctimas que por la razón que sea más dolor le ha provocado, pero desde las instituciones y los partidos políticos no puede actuarse así. Para mí son “especiales” los asesinatos de José Manuel Rodriguez Fontana (junto con otros dos compañeros, Dionisio Villamangas y Jesús Holgado), cuando desayunaban tras salir de servicio de custodia de las oficinas del DNI de San Sebastián, porque hice la academia en Badajoz con él entre enero y marzo de 1980 (mi tocayo había entrado en septiembre de 1979 y repetía curso), y conocía sus inquietudes, las raíces de su humilde familia con varios hermanos y los planes de boda inmediata con su novia, dirigente de CCOO en su tierra, Almería, que unos asesinos nunca identificados (que igual están ahora en las instituciones), frustraron aquella mañana del 15 de mayo de 1980 en el bar Majusi. También recuerdo siempre a Moisés C. Herrero Luengo, al que conocí en la inspección de Guardia de la comisaría de Chamartín, estando él haciendo las prácticas de acceso a la escala ejecutiva aunque había sido antes policía básico, asesinado en 1985 en Algorta cuando caminaba de la mano con su hijo de tres años, que vagó por espacio de media hora perdido por el pueblo. Y otras personas se acordarán de los niños y padres de Vic o Zaragoza, otros de Hipercor, o de la plaza República Dominicana y el autobús lleno de guardias civiles, o de Sabadell, donde en 1990 murieron seis policías que iban a prestar servicio en un partido de fútbol. Pero nadie tiene derecho desde las instituciones y los partidos a rendir homenajes y poner nombres a calles y centros públicos de las víctimas políticas despreciando a los civiles, militares y fuerzas de seguridad. Eso es injusto por inmoral.
Por eso yo creo que ya está bien de usar a unos muertos para difuminar la memoria de otros, y que cuando se escriba la historia a trasluz del tiempo parezca lo que no es, que el crimen de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, fue el motor del fin del terrorismo oscureciendo todo lo demás.
No es aceptable que los partidos políticos y las instituciones usen su capacidad para colocar a unas víctimas sobre otras que es lo que está pasando. Lo que la sociedad debe saber es que después de la movilización por Miguel Ángel Blanco hubo 67 víctimas en 13 años sin recibir el mismo reconocimiento. Debe saber que hizo infinitamente más para convencer a ETA las movilizaciones contra el 11M, el rechazo social nacional e internacional que las de Miguel Ángel Blanco, y que el PP, una vez en el Gobierno ya no acusó a los políticos de chapotear en la sangre de las víctimas a pesar de haber rebasado con creces aquello que consideraba infranqueable en la oposición. El final de ETA llegó a pesar del PP, no con el apoyo del PP. Después del crimen de Miguel Ángel Blanco vino el de la familia Jiménez-Becerril y otros, y después de esos atentados Aznar llamó a ETA “Movimiento de Liberación Nacional”, dijo que había abierto negociaciones con ellos (sin acuerdo político como el del Congreso de los diputados de 2005 del que solo se salió el PP, convencidos de que el fin de ETA debían protagonizarlo ellos), y excarceló a más de 100 presos, entre ellos a Joseba Bilbao que dos años después asesinó al concejal socialista Juan Priedes. En el II aniversario del crimen de la familia Jiménez-Becerril, Mayor Oreja, ministro de Interior, dijo en Sevilla que estaría dispuesto a sentarse con ETA, y la eurodiputada Teresa, hermana del concejal asesinado nada dijo. Años después si insinuaba acusaciones contra policías y socialistas en mítines de “Peones Negros” de ser cómplices de los atentados del 11M y connivencia con miembros de ETA.
Recuerdo que en el año 2003 viajé a Navarra con motivo del asesinato de dos compañeros, con una bomba lapa, que hacían el DNI por los pueblos navarros, Bonifacio Martín y Julián Embid, y estando a la entrada de la catedral llegaron Aznar, Acebes y otras autoridades y fueron aplaudidos por los allí presentes. Llegó poco después Zapatero, líder de la oposición todavía, y los mismos que antes aplaudían cambiaron las palmas por silbidos y abucheos. Dos años antes, desde la oposición, Zapatero había suscrito el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo apoyando al PP ante el problema, terrorista, lo que recibió como respuesta una vez llegado al Gobierno que los dirigentes del PP, con Rajoy a la cabeza, lo acusaran de ser cómplice de los terroristas, para, una vez de vuelta al poder, esos mismos políticos con Rajoy a la cabeza, aplicar la misma hoja de ruta pactada por el Gobierno de España con el Vaticano y otros mediadores internacionales para acabar con ETA, sin cambiar ni una coma. Tras esa escena que presencié a la puerta de la catedral de Navarra cogí el coche y volví a Madrid porque mi estómago no me permitía respirar el mismo aire que gente tan canalla, a la vista de su comportamiento, usando un acto como ese para hacer un reproche a un político de distinto signo y aplaudiendo al que había excarcelado a presos, llamado a ETA Movimiento de Liberación Nacional y abierto negociaciones mientras mataba. El sectarismo es fanatismo cuando produce estas formas de valorar a unos y a otros.
Por eso yo creo que ya está bien de usar a unos muertos para difuminar la memoria de otros, y que cuando se escriba la historia a trasluz del tiempo parezca lo que no es, que el crimen de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, fue el motor del fin del terrorismo oscureciendo todo lo demás. Se produjo una reacción social, un estallido innegable y muy noble, que se apagó al no repetirse con la siguiente y otras 66 víctimas posteriores. En mi opinión el PP en la oposición se comportó en materia de lucha contra el terrorismo como lo hacía el partido de los asesinos, Herri Batasuna. Tengo muchos más argumentos que los que me caben en este escrito para mantener esta opinión con hechos objetivos y pruebas materiales irrefutables.
*José Manuel Sánchez Fornet es Policia. Ex Secretario General del SUP. Portavoz del Observatorio contra la Corrupción.
|
|
