Para prevenir los problemas proporcionados por el
cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deciden crear un nuevo organismo que
analice detalladamente la información científica, técnica y socioeconómica
relevante, referida a los riesgos derivados del cambio climático, provocado por
la actividad humana. Este nuevo organismo, al que dieron el nombre de Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), deberá evaluar
periódicamente cuantos datos vayan apareciendo sobre dicho cambio, labor que se
traducirá en Informes Especiales y Documentos Técnicos sobre temas tan
importantes para ser utilizados por los gobernantes y responsables
políticos.
En principio, nada que objetar teóricamente. Lo
malo es que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
utiliza frecuentemente estudios tendenciosos y muy poco fiables para elaborar
sus propias conclusiones. El último informe publicado por el IPCC sobre las
energías renovables y el calentamiento global carece totalmente de la debida
imparcialidad, ya que está basado exclusivamente en un estudio elaborado por
Greenpeace en colaboración con el Consejo Europeo de Energía Renovable, el lobby
de la industria eólica y solar con sede en Bruselas.
No pueden ser neutrales los miembros del sector
energético de las renovables que intervinieron en la elaboración del documento
base, juntamente con Greenpeace, por motivos obvios, ya que es normal que barran
para casa. El Consejo Europeo de Energía Renovable, en efecto, representa a toda
la industria de las renovables a nivel europeo. Tal es así que dicho Consejo se
nos presenta asimismo como una “organización paraguas de la industria renovable
europea, asociaciones comerciales y de investigación”. Lo que quiere decir que,
además de las empresas del sector, representa también a las diversas entidades
tecnológicas y de investigación que se ocupan interesadamente de esta
materia.
Tampoco puede ser neutral la ONG ecologista, pues
nos tiene acostumbrados a que sus estudios climáticos siguen siempre una línea
acorde con sus intereses particulares, sin preocuparse lo más mínimo si de sus
informes se derivan perjuicios para consumidores y contribuyentes. Nunca ha sido
imparcial Greenpeace. Siempre ha exagerado los desastres y las connotaciones
negativas de la energía nuclear, silenciando maliciosamente los aspectos
positivos de la misma. Ahí están sus exageraciones, referidas al accidente de la
central nuclear de Fukushima, ocasionado por el tsunami que
siguió al terremoto del 11 de marzo del pasado año. Pero ocultarán, en cambio,
que estamos ante un tipo de electricidad más barato y estable que los demás y
que además tiene una emisión muy baja de CO2.
El informe del gran lobby de las renovables,
utilizado posteriormente por el IPCC para aconsejar a los Gobiernos, no puede
ser más sospechoso. Dicho Consejo Europeo de Energía Renovable, tiene su sede en
Bruselas y factura al año una cantidad muy próxima a los 70.000 millones de
euros al año. Y a pesar de este volumen de ventas tan alto, es generosamente
recompensado con abundantes ayudas y subvenciones de la Unión Europea. Y con
este informe, claro está, se elabora la famosa estrategia
20-20-20 para el año 2010. Se trataba de reducir un 20% las emisiones
de los gases que provocan el efecto invernadero; ahorrar un 20% en el consumo de
energía; y que las renovables contribuyeran con un 20% al conjunto del sistema
energético.
Resulta todo extremadamente claro. Estamos ante
un grupo de presión muy particular, dedicado exclusivamente a favorecer sus
propios intereses de una manera sibilina. Las empresas renovables, en efecto,
asesoran a los distintos gobiernos en materia energética. Y lo hacen con ayuda
de dinero público, sugiriendo qué políticas deben implementar y el mejor modo de
lograr sus objetivos. Y sin que el contribuyente ni el consumidor tengan vela en
ese entierro. Al contribuyente se le esquilma para conformar las primas que
reciben estas empresas y que en España rondan los 7.000 millones de euros al año
y, como es evidente, el consumidor cada vez tendrá una electricidad más
cara.
El Gobierno anterior, presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero, fue excesivamente generoso primando a las empresas dedicadas
a la producción de energía renovable. Su excusa no puede ser más baladí, pues
argumentaba que así se fomentaba el desarrollo del sector y que todo ello
redundaría en el futuro en una energía más limpia y progresivamente más barata.
Los datos nos dicen todo lo contrario. Las empresas dedicadas a la producción de
energía eólica y fotovoltaica, con una producción de 22.657 GWh en 2004, fueron
agraciadas con 663.499 euros y en 2010, con una producción de 59.342 GWh, la
prima que se llevaron ascendió a la importante cifra de 5.268.090 euros, aparte,
claro está, de la cantidad que obtienen con la venta de esa energía.
Es evidente que, con la política energética del
Gobierno saliente, salieron enormemente perjudicados los consumidores y los
contribuyentes, pues el coste total de las energías renovables, en términos
absolutos, se multiplicó por ocho desde el año 2004, y su coste relativo hay que
multiplicarlo por tres. Lo que dio lugar a un encarecimiento indiscutible de la
luz y, como no, a nuevas subidas fiscales y que siga, además, aumentando la
deuda tarifaria. Durante el año 2010, el precio medio del MWh en el mercado
mayorista fue de 45,12 euros, mientras que el MWh eólico se pagó a 76,84 euros y
el MWh fotovoltaico se pagó a 475,6 euros.
El coste de generar energía eléctrica depende de
la fuente de producción que se utilice. Por mucho que digan los ecologistas y
los detractores de la energía nuclear, esta es, con mucho, la que resulta mucho
más barata, y la más cara la fotovoltaica. Generar electricidad en una central
nuclear, teniendo en cuenta la operación y mantenimiento, el combustible
consumido, la inversión recurrente, así como el coste de gestionar los residuos,
no llega a los 20 euros el MWh. Unos 16 ó 17 euros como máximo. En todo caso,
bastante más barato incluso que la producida hidráulicamente, que andaría por
los 45 euros el MWh.
Fue en 1984 cuando el Gobierno de Felipe González
cometió el disparate energético más absurdo de nuestra historia industrial,
limitando el peso nuclear a 7.500 MWh, unos 5.000 menos de los contemplados en
el Plan de 1978-1987. Precisamente por eso, el Gobierno socialista de entonces
paralizó las obras de las centrales nucleares de Lemóniz I y II en Vizcaya,
Valdecaballeros I y II en Badajoz y Trillo II en Guadalajara que estaban ya casi
terminadas. Con esta disparatada moratoria nuclear, provocó unas enormes
pérdidas, al menos unos 730.000 millones de las pesetas de entonces, unos 8.000
millones de los euros actuales.
Esta moratoria nuclear no solamente la pagaron
las empresas que se habían lanzado a la construcción de nuevas centrales
nucleares. Lo pagaron también todos los consumidores que debían hacer frente a
un recibo de la luz. El Gobierno socialista de Felipe González, para compensar a
las compañías eléctricas por las pérdidas ocasionadas con esa paralización,
aprobó una disposición que las autorizaba a incluir en el recibo de la luz un
porcentaje determinado para recuperar parte de las inversiones perdidas.
Y si fue una barrabasada mayúscula bloquear en
1984 la terminación y la puesta en marcha posterior de las cinco centrales
nucleares citadas, no es menos aberrante que, a estas alturas, no se haya
programado la puesta en marcha de algún nuevo proyecto, o la recuperación del
antiguo si aún es posible, pues la moratoria nuclear desapareció con la
liberalización del sector eléctrico en 1997. Hay que tener en cuenta que
necesitamos de manera urgente aumentar nuestra producción eléctrica para atender
autónomamente la demanda interna y abaratar los costes de la luz eléctrica. Va a
ser muy difícil encontrar compañías eléctricas dispuestas a invertir la abultada
cantidad de millones de euros que cuesta una central nuclear. Y mucho más,
cuando ven que, gracias a las primas y a las subvenciones y a que se requieren
inversiones mucho menores, resultan más rentables las energías renovables y las
de ciclo combinado.
Si no cambia la orientación, nos quedaremos sin
centrales nucleares y, como no será posible autoabastecernos, o volvemos a los
arcaicos candiles de antaño o importamos de Francia ese tipo de energía a
precio de oro y correremos con todos los riesgos que puedan derivarse de este
tipo de centrales sin tenerlas. Francia cuenta con 50 centrales nucleares, y
algunas muy próximas a la frontera española. Y si alguna de ellas sufriera
algún percance grave, afectaría indudablemente a España. Las centrales nucleares
francesas producen ellas solas prácticamente el 80% de la electricidad generada
en Francia. Y como las centrales nucleares suelen operar con una carga
constante, cuentan con unos excedentes notables de electricidad que exporta
tranquilamente sin el menor inconveniente. De ahí que el precio de la
electricidad en Francia sea uno de los más bajos de la Unión Europea.
Nosotros, entre tanto, continuaremos contaminando
y afeando nuestros paisajes con esas ineficientes placas solares y los
molinillos o aerogeneradores eólicos, cuya producción sale mucho más cara. Así
que, al contrario de Francia, tendremos la electricidad más cara, o una de las
más caras de la media de la Unión Europea. Mientras que en la Unión Europea el
precio medio de la electricidad para uso doméstico está en 17,08 euros los
100KWh, en España se sitúa en 18,51 euros, y que puede subir hasta los 20,04
euros si tenemos en cuenta la diferencia en el producto interior bruto.
Gijón, 18 de enero de 2012
José Luis Valladares Fernández
Para prevenir los problemas proporcionados por el
cambio climático, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deciden crear un nuevo organismo que
analice detalladamente la información científica, técnica y socioeconómica
relevante, referida a los riesgos derivados del cambio climático, provocado por
la actividad humana. Este nuevo organismo, al que dieron el nombre de Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), deberá evaluar
periódicamente cuantos datos vayan apareciendo sobre dicho cambio, labor que se
traducirá en Informes Especiales y Documentos Técnicos sobre temas tan
importantes para ser utilizados por los gobernantes y responsables
políticos.
En principio, nada que objetar teóricamente. Lo
malo es que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
utiliza frecuentemente estudios tendenciosos y muy poco fiables para elaborar
sus propias conclusiones. El último informe publicado por el IPCC sobre las
energías renovables y el calentamiento global carece totalmente de la debida
imparcialidad, ya que está basado exclusivamente en un estudio elaborado por
Greenpeace en colaboración con el Consejo Europeo de Energía Renovable, el lobby
de la industria eólica y solar con sede en Bruselas.
No pueden ser neutrales los miembros del sector
energético de las renovables que intervinieron en la elaboración del documento
base, juntamente con Greenpeace, por motivos obvios, ya que es normal que barran
para casa. El Consejo Europeo de Energía Renovable, en efecto, representa a toda
la industria de las renovables a nivel europeo. Tal es así que dicho Consejo se
nos presenta asimismo como una “organización paraguas de la industria renovable
europea, asociaciones comerciales y de investigación”. Lo que quiere decir que,
además de las empresas del sector, representa también a las diversas entidades
tecnológicas y de investigación que se ocupan interesadamente de esta
materia.
Tampoco puede ser neutral la ONG ecologista, pues
nos tiene acostumbrados a que sus estudios climáticos siguen siempre una línea
acorde con sus intereses particulares, sin preocuparse lo más mínimo si de sus
informes se derivan perjuicios para consumidores y contribuyentes. Nunca ha sido
imparcial Greenpeace. Siempre ha exagerado los desastres y las connotaciones
negativas de la energía nuclear, silenciando maliciosamente los aspectos
positivos de la misma. Ahí están sus exageraciones, referidas al accidente de la
central nuclear de Fukushima, ocasionado por el tsunami que
siguió al terremoto del 11 de marzo del pasado año. Pero ocultarán, en cambio,
que estamos ante un tipo de electricidad más barato y estable que los demás y
que además tiene una emisión muy baja de CO2.
El informe del gran lobby de las renovables,
utilizado posteriormente por el IPCC para aconsejar a los Gobiernos, no puede
ser más sospechoso. Dicho Consejo Europeo de Energía Renovable, tiene su sede en
Bruselas y factura al año una cantidad muy próxima a los 70.000 millones de
euros al año. Y a pesar de este volumen de ventas tan alto, es generosamente
recompensado con abundantes ayudas y subvenciones de la Unión Europea. Y con
este informe, claro está, se elabora la famosa estrategia
20-20-20 para el año 2010. Se trataba de reducir un 20% las emisiones
de los gases que provocan el efecto invernadero; ahorrar un 20% en el consumo de
energía; y que las renovables contribuyeran con un 20% al conjunto del sistema
energético.
Resulta todo extremadamente claro. Estamos ante
un grupo de presión muy particular, dedicado exclusivamente a favorecer sus
propios intereses de una manera sibilina. Las empresas renovables, en efecto,
asesoran a los distintos gobiernos en materia energética. Y lo hacen con ayuda
de dinero público, sugiriendo qué políticas deben implementar y el mejor modo de
lograr sus objetivos. Y sin que el contribuyente ni el consumidor tengan vela en
ese entierro. Al contribuyente se le esquilma para conformar las primas que
reciben estas empresas y que en España rondan los 7.000 millones de euros al año
y, como es evidente, el consumidor cada vez tendrá una electricidad más
cara.
El Gobierno anterior, presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero, fue excesivamente generoso primando a las empresas dedicadas
a la producción de energía renovable. Su excusa no puede ser más baladí, pues
argumentaba que así se fomentaba el desarrollo del sector y que todo ello
redundaría en el futuro en una energía más limpia y progresivamente más barata.
Los datos nos dicen todo lo contrario. Las empresas dedicadas a la producción de
energía eólica y fotovoltaica, con una producción de 22.657 GWh en 2004, fueron
agraciadas con 663.499 euros y en 2010, con una producción de 59.342 GWh, la
prima que se llevaron ascendió a la importante cifra de 5.268.090 euros, aparte,
claro está, de la cantidad que obtienen con la venta de esa energía.
Es evidente que, con la política energética del
Gobierno saliente, salieron enormemente perjudicados los consumidores y los
contribuyentes, pues el coste total de las energías renovables, en términos
absolutos, se multiplicó por ocho desde el año 2004, y su coste relativo hay que
multiplicarlo por tres. Lo que dio lugar a un encarecimiento indiscutible de la
luz y, como no, a nuevas subidas fiscales y que siga, además, aumentando la
deuda tarifaria. Durante el año 2010, el precio medio del MWh en el mercado
mayorista fue de 45,12 euros, mientras que el MWh eólico se pagó a 76,84 euros y
el MWh fotovoltaico se pagó a 475,6 euros.
El coste de generar energía eléctrica depende de
la fuente de producción que se utilice. Por mucho que digan los ecologistas y
los detractores de la energía nuclear, esta es, con mucho, la que resulta mucho
más barata, y la más cara la fotovoltaica. Generar electricidad en una central
nuclear, teniendo en cuenta la operación y mantenimiento, el combustible
consumido, la inversión recurrente, así como el coste de gestionar los residuos,
no llega a los 20 euros el MWh. Unos 16 ó 17 euros como máximo. En todo caso,
bastante más barato incluso que la producida hidráulicamente, que andaría por
los 45 euros el MWh.
Fue en 1984 cuando el Gobierno de Felipe González
cometió el disparate energético más absurdo de nuestra historia industrial,
limitando el peso nuclear a 7.500 MWh, unos 5.000 menos de los contemplados en
el Plan de 1978-1987. Precisamente por eso, el Gobierno socialista de entonces
paralizó las obras de las centrales nucleares de Lemóniz I y II en Vizcaya,
Valdecaballeros I y II en Badajoz y Trillo II en Guadalajara que estaban ya casi
terminadas. Con esta disparatada moratoria nuclear, provocó unas enormes
pérdidas, al menos unos 730.000 millones de las pesetas de entonces, unos 8.000
millones de los euros actuales.
Esta moratoria nuclear no solamente la pagaron
las empresas que se habían lanzado a la construcción de nuevas centrales
nucleares. Lo pagaron también todos los consumidores que debían hacer frente a
un recibo de la luz. El Gobierno socialista de Felipe González, para compensar a
las compañías eléctricas por las pérdidas ocasionadas con esa paralización,
aprobó una disposición que las autorizaba a incluir en el recibo de la luz un
porcentaje determinado para recuperar parte de las inversiones perdidas.
Y si fue una barrabasada mayúscula bloquear en
1984 la terminación y la puesta en marcha posterior de las cinco centrales
nucleares citadas, no es menos aberrante que, a estas alturas, no se haya
programado la puesta en marcha de algún nuevo proyecto, o la recuperación del
antiguo si aún es posible, pues la moratoria nuclear desapareció con la
liberalización del sector eléctrico en 1997. Hay que tener en cuenta que
necesitamos de manera urgente aumentar nuestra producción eléctrica para atender
autónomamente la demanda interna y abaratar los costes de la luz eléctrica. Va a
ser muy difícil encontrar compañías eléctricas dispuestas a invertir la abultada
cantidad de millones de euros que cuesta una central nuclear. Y mucho más,
cuando ven que, gracias a las primas y a las subvenciones y a que se requieren
inversiones mucho menores, resultan más rentables las energías renovables y las
de ciclo combinado.
Si no cambia la orientación, nos quedaremos sin
centrales nucleares y, como no será posible autoabastecernos, o volvemos a los
arcaicos candiles de antaño o importamos de Francia ese tipo de energía a
precio de oro y correremos con todos los riesgos que puedan derivarse de este
tipo de centrales sin tenerlas. Francia cuenta con 50 centrales nucleares, y
algunas muy próximas a la frontera española. Y si alguna de ellas sufriera
algún percance grave, afectaría indudablemente a España. Las centrales nucleares
francesas producen ellas solas prácticamente el 80% de la electricidad generada
en Francia. Y como las centrales nucleares suelen operar con una carga
constante, cuentan con unos excedentes notables de electricidad que exporta
tranquilamente sin el menor inconveniente. De ahí que el precio de la
electricidad en Francia sea uno de los más bajos de la Unión Europea.
Nosotros, entre tanto, continuaremos contaminando
y afeando nuestros paisajes con esas ineficientes placas solares y los
molinillos o aerogeneradores eólicos, cuya producción sale mucho más cara. Así
que, al contrario de Francia, tendremos la electricidad más cara, o una de las
más caras de la media de la Unión Europea. Mientras que en la Unión Europea el
precio medio de la electricidad para uso doméstico está en 17,08 euros los
100KWh, en España se sitúa en 18,51 euros, y que puede subir hasta los 20,04
euros si tenemos en cuenta la diferencia en el producto interior bruto.
Gijón, 18 de enero de 2012
José Luis Valladares Fernández
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